El presidente electo ha anunciado que, en acuerdo con el actual gobierno, en las próximas semanas se enviará al Senado de la República tres ternas para ocupar los cargos de fiscal General, fiscal Anticorrupción y fiscal Especializado en Delitos Electorales.
El anuncio resulta extraño por varias razones. En primer lugar, no existe aún Fiscalía General y, por tanto, no hay razón para activar un procedimiento que no está en vigor. En efecto, conforme al régimen transitorio de la reforma de 2014, para que la PGR se convierta en Fiscalía, deben realizarse dos actos jurídicos independientes entre sí: el Congreso de la Unión debe expedir la ley orgánica de la Fiscalía General y, además, el Congreso debe declarar la entrada en vigor del nuevo modelo de procuración de justicia. Si bien, ambos actos pueden darse en simultáneo, son pronunciamientos distintos con efectos jurídicos enteramente diferentes. Para ilustrar mejor: podría haber ley orgánica vigente sin transición a la Fiscalía, y no puede haber Fiscalía sin ley, pero tampoco sin declaratoria.
En consecuencia, sigue existiendo la PGR (por cierto, desde hace meses con un encargado de despacho). En estricto sentido, el presidente actual o el que tomará posesión a partir del 1 de diciembre, hasta en tanto entre en vigor la Fiscalía conforme al procedimiento descrito líneas arriba, sólo pueden nombrar procurador. Y ese procedimiento no exige ternas ni mayorías calificadas. El presidente designa y el Senado (o la comisión permanente en los recesos) ratifica por mayoría simple de los miembros presentes en sesión. Y ese procurador, por cierto, puede ser removido en cualquier momento por el titular del Poder Ejecutivo, es decir, no tiene garantía alguna de inamovilidad.
En segundo lugar, ni el fiscal Anticorrupción ni el de Delitos Electorales se nombran por ternas. En ambos casos, y hasta que exista Fiscalía, se nombran directamente por el Senado por mayoría calificada, a partir de una convocatoria pública. Cuando la Fiscalía entre en vigor, estos fiscales serán nombrados por el fiscal General, en términos de lo que disponga la ley orgánica y, en particular, del sistema de carrera que en ésta se diseñe. En el derecho vigente no se prevé intervención alguna del presidente para estos cargos, como tampoco se prevé para cuándo la transición a la Fiscalía tenga efecto.
Muy probablemente la intención es convertir ya la PGR en Fiscalía General. Pero de cualquier manera, el anuncio sigue sin hacer sentido. Primero tendría que aprobarse la ley orgánica y la declaratoria. Después, el Senado, por mayoría calificada, debe integrar una lista de 10 candidatos, sobre la cual el presidente que esté en funciones deberá enviar una terna para que, a su vez, el Senado realice el nombramiento por mayoría calificada. Si no se logra el consenso después de una secuencia de plazos previstos en el artículo 102 de la Constitución, el presidente tiene la última palabra: podrá nombrar al que quiera dentro de las tres últimas propuestas que hubiere postulado. Sólo en ese caso habrá fiscal General de la República.
En una reciente entrevista, el próximo coordinador de la bancada de Morena en el Senado declaró que se seguirá el procedimiento del artículo 102 constitucional reformado. Esto significa que se avanzará en la transición a la Fiscalía en las próximas semanas. Para eso hay dos opciones: se continúa el trámite legislativo de la minuta de ley que aprobó la Cámara de Diputados en 2014, o se presenta una nueva iniciativa; es decir, se aprueba un modelo que no hace sentido para las necesidades de procuración de justicia, o se diseña una alternativa más funcional que haga efectiva la autonomía del ministerio público, en un contexto de cooperación institucional y de responsabilidad democrática. Sólo esta última tiene pertinencia en la circunstancia de impunidad que vive el país. Si es así, entonces ni para qué hablar de ternas ni de nombramientos de fiscales durante la transición.
Por alguna razón, el anuncio del Presidente electo no movilizó a esas corrientes ciudadanas que hace unos meses denunciaban los riesgos de captura de las nuevas fiscalías por parte del Poder Ejecutivo. Dos opciones: hay un modelo acordado con la nueva administración, o ya no es relevante su causa. Lo primero es cuestionable desde su exigencia de discutir la nueva Fiscalía en parlamento y gobierno abiertos, con trasparencia e inclusión. Lo segundo no puede tener otra explicación que la simple y llana claudicación.
A mí, en lo personal, el anuncio y las claudicaciones no me hacen ningún sentido.