El Sistema Nacional de Transparencia es, quizá, el logro institucional más tangible de la joven democracia mexicana. De una tímida exigencia ciudadana en los albores de la primera alternancia, se ha convertido en un robusto arsenal de derechos, órganos y procedimientos de alcance nacional. Sucesivas reformas constitucionales han mejorado las condiciones de acceso a la información pública. Si bien hay importantes espacios de mejora, sobre todo en el ámbito local y en cuanto a los criterios sobre el tratamiento reservado de cierta información, la transparencia es una realidad que puede ser ejercitable por cualquier ciudadano, desde el uso del dinero público hasta los registros sobre las deliberaciones que subyacen a la toma de decisiones públicas.
En su concepción, la transparencia es una de las piezas centrales del sistema constitucional de rendición de cuentas. Es un mecanismo que hace posible el control social sobre el poder público, esto es, el derecho de cualquier ciudadano de fiscalizar a su gobierno. Permite a los medios de comunicación realizar periodismo de investigación para echar luz sobre los actos de negligencia o corrupción. Es una palanca para que la oposición pueda vencer, en última instancia, la tentación de ocultamiento de quien ostenta responsabilidades públicas. Sirve a litigantes para preparar sus alegatos y pruebas. Es la plataforma desde la que las organizaciones de la sociedad civil construyen sus posiciones y debaten con el Estado. Es una cultura que promueve y facilita desde la participación cívica hasta la investigación académica. La ventana que renueva constantemente la legitimidad de lo público.
Y como sucede en muchos ámbitos de la convivencia, de pronto se cree que los avances institucionales no están nunca bajo riesgo de retroceso. Es como si se diera por descontado que todo lo que existe permanecerá inmutable o, incluso, que progresará hacia estadios mejores. Esa visión optimista de la historia que se ha contagiado a la comprensión de las instituciones, es uno de los reflejos de arrogancia de los demócratas (y del liberalismo en general) que han sabido aprovechar los demagogos y los populismos. Como diría John Gray, las regresiones y las pérdidas son normales en la historia y, por supuesto, también en la evolución de las instituciones. Y esas regresiones y pérdidas ocurren, precisamente, cuando una sociedad baja la guardia.
Al nuevo gobierno parece no gustarle la transparencia. De entrada, no es habitual el término en su lenguaje. Los órganos con autonomía constitucional son bastante impopulares en las órbitas morenistas. Se les ve con el recelo de la fragmentación de los Poderes Ejecutivos, o en el mejor de los casos, como fuentes de derroche de dinero público. Estorbos innecesarios en la reconstrucción moral de la República, en esa idea que repiten constantemente sobre la impertinencia de ciertas instituciones cuando la honestidad se ha apersonado en la presidencia de la República. Y, por supuesto, nada en sus praxis revela un compromiso fuerte sobre la trasparencia. Basta como ejemplo los gastos ejercidos por el equipo de transición. Nadie sabe de dónde salen ni cómo se aplican.
Nada permite suponer que el nuevo gobierno promoverá la expansión y eficacia del sistema nacional de rendición de cuentas, empezando por la transparencia y el acceso a la información. Nadie puede dar por descontado que esté en riesgo su vigencia. En los hechos, por el uso de mayorías o el acoso a la autonomía, la institucionalidad lograda puede retroceder gravemente. Es un peligro inherente a la restauración de las hegemonías. Una muy probable tentación del régimen del hombre fuerte. Un obstáculo obvio en la intención de concentrar el poder. Por eso, el sistema requiere de la defensa activa de los demócratas. Exige situar nuevamente la exigencia en el espacio público. Hacer de esa cultura la métrica de desempeño de los nuevos inquilinos. Resguardar a sus instituciones detrás de las líneas rojas de la Constitución. Porque ahí nos jugamos un pedazo de democracia.