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Ciudadanismo

28/03/2018
Actualización 28/03/2018 - 13:41

En la médula de la democracia liberal anida la crítica sobre la incidencia real de los ciudadanos en los asuntos públicos. En su pretensión de limitar el poder, el liberalismo modeló una serie de diques al ejercicio directo del poder popular. La voluntad general debía atarse al mástil de las restricciones y contrapesos para prevenir la seducción del demagogo, para asegurar la pertenencia de las minorías a la comunidad política, para probar en el ácido de la razón el interés de los muchos. Diseñó una mecánica para la toma de decisiones: la representación como una relación dinámica de habilitaciones y responsabilidades. Reglas y procesos de legitimación de la autoridad para decidir por y sobre otros. Rutinas para rendir cuentas sobre el ejercicio de esa autoridad concedida. Una brecha institucionalizada de distancia entre el ciudadano y las decisiones públicas.

La democracia liberal no se ha adaptado a la creciente demanda de mayores espacios de participación social. El modelo ha abierto pocas válvulas para responder no sólo a la deslocalización de los tradicionales entornos de activación política, sino para encarar también el desafío comunicacional y tecnológico. Y es que la política se ha mudado de la centralidad de los sindicatos o los partidos, a la ductilidad de las organizaciones intermedias y de las redes sociales. El voto directo ha dejado de ser el único instrumento útil y visible de poder para los ciudadanos. Las interacciones en la política no se reducen a los breves episodios de campaña, ni quedan totalmente zanjadas con el veredicto electoral. El control ciudadano aumenta su eficacia inhibitoria en la sociedad de la información. Las nuevas tecnologías hacen asequible el viejo ideal del contacto directo e inmediato entre representantes y representados. Y mientras todo esto pasa, en medio de la insatisfacción por la falta de respuesta, se profundiza la brecha entre los ciudadanos y la legitimidad democrática. Se abre el socavón por el que se deslava lentamente la legitimidad de la política.

En este cerco de desconfianza, surge un peculiar discurso antipolítico. No es una alternativa coherente a la democracia liberal ni una crítica seria a sus componentes contramayoritarios. Tampoco es una agenda sensata y puntual para corregir los inconvenientes del gobierno dividido, para trasvasar decisiones a nuevas formas de incidencia ciudadana o para nivelar, a favor de un mejor balance para los ciudadanos, la relación de representación. El ciudadanismo es un relato instrumental para justificar un atajo en la competencia por los reservorios de la autoridad, en la disputa por la legitimidad para decidir, en la sustitución de los inquilinos de los edificios del poder.

Esa narrativa comparte con el populismo la tentación de trazar una línea maniquea entre buenos y malos. El ciudadanismo simplifica la complejidad de la realidad en un choque fundacional entre la ciudadanía pura y los políticos profesionales, entre el universo de la verdad y la mezquindad de los intereses, entre el reino de la independencia y el infierno de la facción. Entre los buenos y malos no hay zonas grises, motivos de duda, un mínimo sentido de lealtad a la probable razón del otro. Son fuerzas que no pueden reconciliarse porque, como en toda cruzada, el bien debe siempre prevalecer sobre el mal.

En esa textura maniquea cobra vida el relato: la indignación por la podredumbre de los partidos, la descalificación de la política como espacio de privilegios, la generalización como arma emocional para evadir el deber de razonar. En el reproche antipolítico se encuentra el basamento de su legitimidad: los ciudadanistas representan la condición inmaculada del ciudadano, lo que auténticamente quiere y siente, el dolor social que sólo ellos pueden ver. Personifican su indignación porque han organizado marchas, caravanas y porque trazan con gis la ubicación de cada uno en Tlatelolco. Sus posiciones no pasan por la aduana del escrutinio intenso: basta con querer un fiscal que sirva, un cambio de régimen, el fin del pacto de impunidad y un nutrido etcétera de abstracciones, para fijar el lado correcto de la historia. Los cómo son necedades tecnocráticas de los de siempre. Con la autoridad moral que le han dado los ciudadanos que los siguen, no tienen deber de someterse al tedio de las instituciones de la intermediación, a los costos de la parcialidad, a las responsabilidades de la pertenencia.

El ciudadanismo levanta las manos con tres senadurías y cinco diputaciones. Triunfo ciudadano, claman. Pero, en realidad, dos hermanos cooptaron dos de las tres posiciones de su representación en el Senado y además decidirán autocráticamente sobre las candidaturas cedidas por sus socios electorales. Ahí lo cuestionable: un atajo para terminar en los mismos vicios cupulares de la partidocracia. Y lo mejor: desde su superioridad ciudadana no deben a nadie explicación alguna.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.