Roberto Escalante Semerena

La agenda actual y futura de la educación superior en América Latina y el Caribe

 

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En el 2019, la UNESCO celebrará una nueva edición de la Conferencia Mundial sobre Eucación. Como ocurrió en el 2010, será una reunión de gran importancia en la que se definirán rumbos y políticas que influenciarán el devenir de un tema tan fundamental como es el de la educación.

Previo a esta magna reunión mundial, generalmente, las regiones de la UNESCO, celebrarán conferencias regionales para, de acuerdo a sus consensos, llevar a la reunión general, sus propuestas.

En el caso de América Latina y el Caribe, y en lo que toca a la educación superior, la CRES (Conferencia Regional de Educación Superior), habrá de celebrarse en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en algún momento de 2018. No hay que olvidar que el lugar y el tiempo no son formales, en este caso. En 2018 se celebrará el primer centenario de la célebre Reforma de Córdoba que condujo, entre otros asuntos, a la implantación de la autonomía universitaria, como valor fundamental para el quehacer científico y humanístico de las universidades, y como la única vía para poder, desde ese horizonte académico, ofrecerle a la sociedad alternativas plausibles para la solución de sus problemas y de su desarrollo.

Ante la importancia de la efeméride y en la víspera de la conferencia mundial sobre educación en París en el 2019, la agenda de la CRES de 2018 se antoja estratégica. ¿Qué temas habrá que poner a discusión en París? ¿Qué es lo más relevante en la educación superior en América Latina y el Calibre, diez años después de la CRES de Cartagena de Indias? ¿Permanecen los temas, o se han sumado otros? ¿Sigue siendo el tema de la educación superior como un bien público, un derecho social y obligación de los Estados, el tema central de discusión?

Todas estas preguntas merecen una respuesta certera. O, ¿los cambios registrados en la educación superior deben ser, ahora, el centro del debate? No hay espacio para especulaciones, y menos, de yerros.

En la CRES de 2010, el tema toral fue la defensa de la educación superior como un derecho social, es decir, universal, de los jóvenes en edad de asistir a la universidad. Sin embargo, la realidad ha mostrado que, de 2010 a la fecha, lo que más ha avanzado es la educación privada, particularmente aquella que se califica como "sin fines de lucro", y en mucho menor medida lo ha hecho la educación pública. También, con ritmo lento, pero sostenido, la educación "con fines de lucro" e incluso transnacional, ha incrementado su presencia en la región.

Aunque sin duda, de manera polémica, es posible afirmar que los buenos principios adoptados en Cartagena de Indias tuvieron un efecto bastante limitado, sólo de contención, pero con poca resistencia. Lo que domina el horizonte latinoamericano y caribeño de la educación superior en la actualidad es el predominio de la educación privada, con y sin fines de lucro. La educación pública corre a la zaga, y en algunos países, muy a la zaga, de las tendencias privadas. Lo que ha faltado, y no parece plausible lograrlo en el corto plazo, es darle a la decisión de Cartagena, capacidades claras de lograr sus propósitos. Los Estados Nacionales, por omisión, o por comisión, no han querido o no han podido, deterner el avance de la educación superior privada. Y ante la crisis económica actual, la carencia de recursos de inversión, acentuará, aún más, esa tendencia. Así que, en 2018 de poco valdrá reiterar lo sentenciado en 2010, a menos que se encuentren fórmulas claras de implementación.

Lo que parece más preocupante es la sobrevivencia presupuestal de la educación superior pública en la región. En varios países hay signos de restricciones presupuestales cada vez más agresivas que ponen en serio peligro de sobrevivencia, no digamos de su funcionamiento normal o de incremento de funciones y calidad, a las universidades públicas o nacionales. Por ejemplo, en México, la Universidad Veracruzana ha sufrido la no dotación de millonarios recursos por parte del Gobierno del Estado de Veracruz de México, contribuyente obligado de esa universidad. Y ante los anunciados recortes presupuestales, el 2017 será un año difícil para la educación pública en México.

En la actualidad, en la Argentina, todas las universidades nacionales se encuentran en estado de alerta ante los embates presupuestales del nuevo gobierno. No se tiene clara la nueva política universitaria pero si, claramente, se notan signos poco alentadores. Recientemente, el gobierno anunció incrementos de centenas porcentuales de las tarifas de luz y agua que tendrían que pagar las universidades. Los incrementos ofrecidos a los salarios de profesores y funcionarios administrativos son tan ridíciulos, respecto de los niveles inflacionarios observados, que lo único que propiciarán, será la migración hacia espacios laborales de mayor remuneración.

En Ecuador, la crisis económica ha obligado al gobierno a recortar, con fuertes golpes, los presupuestos universitarios. A pesar que las universidades se financian con un porcentaje de los impuestos a la renta y al valor agregado, al bajar los precios del petróleo, principal ingreso de Ecuador, la recaudación tributaria ha descendido, impactando el gasto público.

En Perú, la incertidumbre del nuevo gobierno y su orientación política y económica hacen preveer nubarrones para la educación pública universitaria. Cualquiera de los dos candidatos que gane será de corte conservador y Perú enfrenta problemas de bajo crecimiento económico y eso, generalemnte, significa recortes al gasto público y, por tanto, muy probablemente, a la educación.

Lo presupuestal parece, entonces, perfilarse como el tema del presente y del futuro. No sólo para defender lo público no sólo para impedir su deterioro sino, sobre todo, para mantenerlo como un espacio de muy alta calidad. De lo contrario, existirá, en tamaño reducido, y a dónde nadie deseará ir a formarse.

El autor es catedrático de la Facultad de Economía UNAM y Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe UDUAL.

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