Estrictamente Personal

El increíble señor Fernández

Durante seis años, Eduardo Fernández fue el terror de los empresarios como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el gobierno de Ernesto Zedillo.

Quien conoce a Eduardo Fernández* sabe de su inteligencia y mente perversa. También de su soberbia y explosividad. Pero fueron pocos quienes no se sorprendieron por la forma como buscó obtener 250 millones de pesos de Televisa, a cambio de su silencio para no divulgar públicamente lo que llamó sus “prácticas corruptas” empresariales, que dejó por escrito en una carta de seis hojas, más propia de un secuestrador que de un abogado entrenado en finanzas.

Esa carta enviada a los ejecutivos de Televisa el 14 de marzo de 2023, base de la denuncia por extorsión que interpuso la empresa dos semanas después en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tiene un “anexo” con dos puntos, la “contraprestación” exigida y la “logística en caso de arreglo”. No tiene desperdicio.

La “contraprestación” de 250 millones de pesos, indicó, debería ser entregada en billetes “de la más alta denominación posible o el equivalente en USD en billetes de 100, o una combinación”. Una vez que juntaran el dinero en efectivo, “personal de ustedes me traerá los paquetes en un vehículo de carga apropiado, sin logos, de no más de 2.20 metros de altura total, 2.10 metros de ancho total y máximo 7.6 metros de largo”.

“Dicho personal estacionará el vehículo en la cochera del edificio cuya dirección se especifica enseguida y entregará el o los juegos de llaves en la pequeña recepción de la misma planta baja”. La dirección que proporcionó en Ejército Nacional era la de su oficina, y probablemente las dimensiones del vehículo tienen que ver con el elevador de automóviles que tiene el edificio donde se ubica.

Las instrucciones eran precisas. El dinero tendría que ser entregado el miércoles 29 de marzo de 2023 a las 7 de la mañana, y el vehículo sería devuelto el 31 de marzo a las cinco de la tarde en Goethe, una calle aledaña a su oficina. Las llaves las recogerían en la planta baja del edificio donde está su oficina. Su mentalidad al momento de escribir el anexo parecía más la de un criminal que la de un financiero, aunque no se entiende que alguien conocedor pidiera dinero en efectivo, conociendo las dificultades para bancarizarlo.

Fernández es una persona que conoce perfectamente las regulaciones bancarias y financieras, aunque también sus lagunas legales. Durante seis años fue el terror de los empresarios, como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, donde tuvo más poder de lo que hoy en día podrían sumar el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Protegido por el entonces secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, Fernández era el arma financiera del gobierno. Su herramienta, a diferencia de lo que hacen hoy el SAT y la UIF, no era la elaboración de listas negras para perseguir judicialmente a sus objetivos, sino la opinión previa de delito, que era el requisito indispensable para que la Secretaría de Hacienda pudiera querellarse por delitos bancarios, bursátiles y financieros. El poder de Fernández radicaba en que era él quien perdonaba libertades, quemaba en leña verde a empresarios y banqueros, o los llevaba a la cárcel.

Fernández tenía dos brazos ejecutores, Pedro Zamora, vicepresidente jurídico, y Octavio Sosa León, director de Delitos y Sanciones, que nombró por fuera de la ley. La Vicepresidencia Jurídica fue creada ex profeso por él, y cuando la Suprema Corte de Justicia revisó el procedimiento, determinó que era inconstitucional y que al no haber sido establecida por decreto presidencial, todo lo actuado por ella era nulo. Peor aún, Sosa León, que firmaba las opiniones de delito, no se había recibido de abogado en ese momento ni tenía cédula profesional. “Es decir –como opinó un abogado que los padeció–, el feudo que creó Eduardo Fernández estaba basado en una presidencia ilegal y un usurpador de profesión”.

Empresarios y abogados que padecieron sus años en la CNBV recuerdan que eran convocados a reuniones secretas en la sede de la comisión en Plaza Inn, por las noches, en un piso vacío donde había una gran sala de juntas con el logotipo de la dependencia, donde discutían la posibilidad de emitir opiniones de no delito a cambio de dinero. Nunca hubo denuncias por miedo, y cuando algún empresario no aceptó el arreglo propuesto y se atrevió a dar un paso adelante, terminó detenido en el Campo Militar Número 1, del cual salió por órdenes directas de Zedillo.

Fernández vivió tiempos turbulentos cuando dejó el cargo. Arrastra haber sido el operador del Fobaproa, por el cual los mexicanos seguimos pagando su deuda, y estuvo bajo arraigo acusado por presuntamente haber vendido al PRI en 25 millones de pesos información bancaria secreta sobre Amigos de Fox, el grupo que llevó a Vicente Fox a la Presidencia. Tiempo después de librarse de la cárcel, fundó en Nueva York una pequeña casa de bolsa que, ante su insistencia, manejó durante tres años algunas cuentas personales de ejecutivos de Televisa.

Su negoció quebró y sus deudas crecieron. Pidió ayuda a los ejecutivos de Televisa hace unos tres años, que se la ofrecieron, pero no en dinero. Como reacción, Fernández recicló una denuncia contra la empresa en la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos, pese a que en 2016 la exoneró, amparándose en el sistema de recompensas para whistleblowers del Acta Dodd-Frank. Su denuncia no prosperó y tampoco lo gratificaron. Un año y medio después, escaló las presiones contra los ejecutivos de Televisa que respondieron con la denuncia de extorsión en su contra, por lo que hoy está preso en España.

* Para efectos de transparencia, aclaro que soy conductor de un noticiero en Foro TV y miembro del panel de Tercer Grado en Televisa. Por otra parte, demandé a la empresa que edita el diario 24 Horas, donde Eduardo Fernández es uno de los socios, y gané el caso, donde el juez, por razones que no están claras, tiene detenida la ejecución del fallo y no ha establecido la pena económica a esa empresa.

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