Estrictamente Personal

Peligros para Brugada y Harfuch

Organizaciones que dan seguimiento a la violencia política han estado advirtiendo la posibilidad de que la tendencia de ataques a candidatos en este año electoral aumente.

La violencia criminal contra figuras públicas que hoy son candidatos a puestos de elección popular sigue siendo un tema que se ha minimizado. Organizaciones que dan seguimiento a la violencia política han estado advirtiendo la posibilidad de que la tendencia de ataques a políticos y candidatos en este año electoral aumente. Informes que han llegado al despacho presidencial desde diciembre pasado son perturbadores, ante alertas y amenazas, o intentos incluso de asesinato, en contra de Clara Brugada, candidata al gobierno de la Ciudad de México, y de Omar García Harfuch, candidato al Senado.

En el caso de Brugada, el nivel es de alerta ante informes de inteligencia de que la Unión Tepito, una organización criminal que nació en 2009 como parte del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, bajo la responsabilidad de Édgar Valdés, la Barbie, la mano derecha de Arturo Beltrán Leyva, el jefe del grupo criminal que murió en diciembre de ese año en un operativo de la Marina en Cuernavaca, tiene preocupaciones sobre lo que pueda hacer la candidata. La Unión Tepito fue fundada para disputar los negocios ilegales a la banda criminal que fue bautizada como el Cártel Tepito y para poner un freno al Cártel de Sinaloa y a Los Zetas, que buscaron aprovechar la crisis interna que causó la muerte de Beltrán Leyva.

La información proporcionada al Presidente sugería que la seguridad de Brugada debía reforzarse al extremo, particularmente en los mítines o reuniones que la candidata realizara en Tepito, el viejo barrio bravo al centro-norte de la Ciudad de México, que visitó a principios de diciembre. No hubo ningún incidente en esa visita, pero la alerta no se eliminó. El reporte entregado sugería que había una preocupación de la Unión Tepito porque en Iztapalapa, donde Brugada fue alcaldesa, tenían sus centros de mando grupos delincuenciales que son sus enemigos.

En Iztapalapa, de acuerdo con un documento secreto de la Secretaría de la Defensa que difundieron hacktivistas mediante los Guacamaya Leaks, tienen su centro de operaciones el Cártel Jalisco Nueva Generación y grupos menos poderosos en estructura y capacidad de fuego, pero no menos peligrosos: el Cártel de Tláhuac, Los Tanzanios –que presuntamente llegaron a tener relación con Unión Tepito–, Los Oaxacos –con ligas al Cártel de Sinaloa– y Sindicato Libertad –con nexos con el crimen organizado en Oaxaca–. La inquietud de la Unión Tepito, de acuerdo con los informes, es la percepción de que Brugada fue laxa en el combate a esas organizaciones.

El caso de García Harfuch, que fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y rival de Brigada por la candidatura capitalina, es más serio. Desde finales de noviembre, principios de diciembre, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, su principal promotora y que lo incorporó a su equipo y cuarto de guerra al perder la contienda con la exalcaldesa de Iztapalapa, fue informada de que se había recibido una amenaza de muerte contra García Harfuch que consideraban creíble. La decisión inicial fue que dejara de aparecer en eventos públicos –lo que sucedió–, y poco después que saliera del país, que cuando se hizo pública la amenaza, explicó que había obedecido a vacaciones programadas con su familia.

La familia de García Harfuch vive en el extranjero desde que en junio de 2020, siendo secretario de Seguridad capitalino, fue objeto de un atentado que se adjudicó al Cártel Jalisco Nueva Generación, por un viejo diferendo, explicaron funcionarios, en un operativo años antes en Puerto Vallarta. La amenaza no quedó en el aire. Una carpeta de inteligencia entregada al Presidente incluía los detalles de movimientos anómalos alrededor de García Harfuch, que habían sido preludio de al menos dos atentados que fueron desarticulados.

Por instrucciones presidenciales se empezaron a realizar análisis de prospectiva sobre cuál podría ser el impacto probable sobre el proceso electoral, así como qué tanto podría afectar la gobernabilidad en las campañas. Ese documento, si ya se terminó, no ha trascendido.

La preocupación sobre la gobernabilidad en tiempos electorales tiene sustento. En este espacio se publicó el lunes que, de acuerdo con el proyecto Votar Entre Balas, de la organización no gubernamental Data Cívica, desde 2022 la violencia política tuvo un incremento significativo al compararse con los cinco años previos, y que 2023 fue el más letal para la clase política. La intervención de los cárteles en elecciones está muy fresca en la memoria por lo que sucedió en las intermedias de 2021, donde, según un estudio del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, hubo mil 66 delitos y agresiones durante el proceso electoral, que incluyeron 102 homicidios dolosos y 48 en grado de tentativa, abarcando la violencia a 570 de los 2 mil 469 municipios en las 32 entidades del país.

La violencia criminal no juega con los tiempos electorales, pero lo experimentado en 2021, particularmente en Sinaloa, modificó la premisa por lo que está en juego hoy, la expansión territorial y no sólo el control de los negocios criminales tradicionales, sino las nuevas injerencias en el mercado, las finanzas y la industria, para lo que requieren que los gobernantes dependan de ellos –bajo la lógica de plata o plomo, y de corrupción o terror, como operan los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación–, o que hayan sido puestos en el cargo por ellos.

Las alertas sobre los riesgos que enfrenta Brugada responden a este tipo de coyunturas. Pero hay otras amenazas, como las que enfrenta García Harfuch, donde el proceso electoral es meramente circunstancial, porque el precio sobre su vida corre por diferentes vertientes. No obstante, al igual que en el caso de la alcaldesa, cualquier acción violenta contra los candidatos tendría ciertamente un impacto sobre el proceso electoral y generaría un problema de gobernabilidad.

Las autoridades electorales, los equipos de campaña y el gobierno federal –al menos públicamente– no han mostrado un interés verdadero más allá de la retórica y anuncios de buenas intenciones, para evitar incidentes serios o tragedias durante las campañas, una negligencia y una irresponsabilidad que tienen que corregir antes que lamentar.

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