Estrictamente Personal

Otro frente de batalla

La paradoja es que los jesuitas y López Obrador iniciaron el sexenio de la mano y están terminando con cuchillos en la boca.

El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió otro frente de batalla, pero contra adversarios experimentados y con enorme capacidad de respuesta nacional e internacional. Sus nuevos enemigos abiertos son los jesuitas, a quienes señala de tener una doble cara en el caso Ayotzinapa, acusando a Mario Patrón, exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de abogar por los 43 normalistas desaparecidos en Iguala hace más de nueve años y, al mismo tiempo, defender los derechos humanos de quienes los desaparecieron. Los jesuitas señalaron que son falsedades los dichos presidenciales.

El conflicto estalló públicamente y socializó una pelea que correrá en la agonía del sexenio. Por una parte, un movimiento internacional está construyendo acusaciones contra López Obrador y su gobierno de querer encubrir a los responsables del crimen contra los normalistas. Y, por la otra, el Presidente está buscando exhibir el papel que han jugado los jesuitas y organizaciones de derechos humanos, que dentro de su gobierno señalan que están lucrando política y económicamente de los padres de las víctimas. La paradoja es que iniciaron el sexenio de la mano y están terminando con cuchillos en la boca.

Originalmente, el gobierno de López Obrador, las organizaciones y los jesuitas que apoyaban a los padres de los normalistas partían de la misma base: el 26 de septiembre de 2014 se cometió “un crimen de Estado” y el responsable máximo era el expresidente Enrique Peña Nieto, seguido del exprocurador Jesús Murillo Karam, actualmente preso por la acusación formulada por el responsable de la comisión para investigar el crimen, Alejandro Encinas, de urdir una conspiración para encubrir a militares y funcionarios en esa administración.

La afirmación, que tuvo un gran impulso en el sexenio anterior por los motores de propaganda del videógrafo de López Obrador, Epigmenio Ibarra, y por las granjas digitales del actual vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, no se ha podido sostener. De hecho, el Presidente prácticamente sepultó el lunes la teoría de “crimen de Estado”, cuando en la mañanera admitió: “Si acaso el error del presidente en ese entonces es no haber pedido que se investigara a fondo, pero no es que Peña haya mandado a desaparecer a los jóvenes”.

En el fondo del pleito de López Obrador con los jesuitas está que éstos quieren mantener vivo el caso y buscar reparaciones de daño multimillonarias en México y Estados Unidos, mientras el segundo quiere cerrarlo para no endosar un problema al siguiente gobierno. López Obrador está en la ruta de la ruptura con los jesuitas y las organizaciones de derechos humanos a su alrededor, que representan a los padres de los normalistas, en tanto este bloque está trabajando política y mediáticamente para denunciar a su gobierno, que probablemente tenga como banderazo de salida un documental de HBO Latinoamérica que tiene como protagonista al exfiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, que renunció el año pasado al cargo.

López Obrador ha denunciado varias veces a Gómez Trejo y a mediados de octubre pasado dejó abierta la posibilidad de investigarlo por omisiones en la indagatoria, donde fue omiso en los tiempos y plazos durante la investigación. Cuando hizo esta afirmación el Presidente estaba recibiendo las diversas piezas del rompecabezas sobre el caso, que se ha desdoblado con imputaciones aparentemente inconexas contra el senador Emilio Álvarez Icaza, y contra Karla Quintana, la exjefa de la Comisión Nacional de Búsqueda, que recientemente renunció por presuntas presiones de Encinas para que modificara el método de búsqueda de los desaparecidos y bajara la cifra actual de más de 110 mil.

Álvarez Icaza era el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que jugó un papel crucial en la integración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que coadyuvó en la investigación del crimen desde el gobierno de Peña Nieto, y cuyo secretario técnico era Gómez Trejo, muy cercano a Patrón, que actualmente dirige en Puebla la Universidad Iberoamericana. El GIEI se fue de México criticando la opacidad del gobierno lopezobradorista y su protección al Ejército, de lo que también se quejó Gómez Trejo. Quintana, dijo un funcionario, se acercó a Álvarez Icaza, que fue parte de las presiones que se hicieron contra ella.

Todos se encontraban en el mismo lado de la barrera durante el sexenio anterior, y se incorporaron a la investigación que encabezaban funcionarios que no tenían experiencia en la administración pública federal, ni conocimiento de cómo operan las ONG en el exterior. Cuando el Presidente comenzó a entender toda la red, cesó a Encinas como subsecretario de Gobernación, protegiendo, más que degradando, a su amigo. Con la llegada del sustituto, Arturo Medina, el juego cambió y comenzó la embestida presidencial.

La acusación contra Patrón es el último envión, aunque era algo conocido. Iñaki Blanco, el exfiscal de Guerrero sobre cuya investigación se fundaron las versiones de los gobiernos de López Obrador y Peña Nieto sobre lo que sucedió en Iguala, ya había denunciado que Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes, y Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña en Guerrero, muy cercanos al Pro, habían propiciado la liberación de 77 delincuentes, algunos de ellos confesos del crimen, porque presuntamente habían sido torturados.

Las omisiones que señaló López Obrador de Gómez Trejo es que tuvo 10 días para presentar, en un tribunal colegiado de Reynosa, las pruebas supervenientes que evitaran su salida de la cárcel, y no lo hizo. En cambio, reclutó a 21 de ellos para fabricar pruebas o para acusar a militares del crimen. Ni Patrón, ni su sucesor Santiago Aguirre dejaron huellas de haber estado detrás de la resolución que favoreció a los criminales, pero expertos, incluso con opiniones antagónicas a las de López Obrador, sostienen que tiene razón, y que Patrón y el Pro estuvieron detrás de “aquella aberrante e inconstitucional resolución” del colegiado tamaulipeco.

Resolver el caso Ayotzinapa fue la promesa moral más importante de López Obrador en campaña. No regresará vivos a los normalistas, pero buscará cerrar la investigación que, no obstante, como a Peña Nieto lo perseguirá transexenalmente.

Nota: esta columna dejará de publicarse hasta el 8 de enero. Felices fiestas.

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