Estrictamente Personal

La tesorera de Adán Augusto

La opacidad en el financiamiento de las campañas de las llamadas ‘corcholatas’ ha estado en el centro de la discusión prácticamente desde el inicio del proceso hace dos meses.

Adán Augusto López Hernández ha colocado decenas de espectaculares en varias partes del país con su imagen, ha aparecido en portadas de revistas, figurado al frente de las encuestas presidenciales, viajado por los estados y realizado mítines nutridos, en algunos de ellos gracias al dinero en efectivo para quienes asistan. De todos los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, es quien más recursos ha mostrado para promoverse.

Nada de ese dinero invertido ha salido de la tesorería de Morena, pues el exsecretario de Gobernación rechazó los 5 millones de pesos que fijó el partido como apoyo para los aspirantes. Todo lo que gastaría en su campaña, anunció, saldría de su bolsillo. Pero esto es un decir. López Hernández tiene amplios recursos que llegan de diferentes partes, administrados por su hermana Silvia, que por años ha manejado el dinero político de la familia.

No hay dinero que le puedan rastrear a López, quien reporta públicamente gastos inferiores a otros de sus adversarios. Maneja los recursos en la opacidad, que de acuerdo con personas que conocen su entramado económico, implica una red y un mecanismo muy eficiente para su caja política. Silvia, una muy capaz contadora pública que tiene una facturera, es quien desarrolla la ingeniería financiera que le permite tener el flujo que financia sus aspiraciones políticas.

Silvia, que conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace más de tres décadas, comenzó a trabajar con él varios años antes que Adán Augusto, incluso, mudara sus afectos y lealtades del PRI a Morena. Silvia fue tesorera del PRD en Tabasco a mediados de los 90, cuando López Obrador era su presidente, y en ese tiempo conoció a Humberto Mayans Canabal, que en ese entonces era senador por el PRI, con quien se casó.

López Obrador se mudó a la Ciudad de México para encabezar el partido y comenzar su campaña para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, desde donde le ofreció a su colaboradora la candidatura a una diputación federal a disputarse en el 2000. Razones personales impidieron que la aceptara finalmente, por lo que López Obrador se la dio a su hermana Rosalinda, también contadora pública, que de manera fortuita arrancó de esa forma su carrera política.

Silvia no tuvo una aspiración en el ámbito público, como su hermano Adán Augusto, que fue secretario general del PRI en Tabasco y coordinador de la campaña para gobernador del priista Manuel Andrade en 2000, o como su hermana Rosalinda, pero ciertamente la familia Hernández López fue la placenta de un núcleo de donde viene el nombre de Grupo Tabasco, con Adán Augusto a la cabeza.

Rosalinda, que también fue diputada local, senadora y finalmente administradora general de Auditoría Fiscal del SAT, un cargo que ostenta hasta la fecha, está casada con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón –que apuesta por que su cuñado se quede con la candidatura de Morena–, y trabaja cerca de la oficina de Humberto Mayans Hermida, hijo del primer matrimonio del esposo de su hermana Silvia, que es el administrador central de Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior del SAT. Su padre, Mayans Canabal, es actualmente miembro del Consejo de Administración de Pemex, y su hermano Fernando Mayans Canabal es director general del Instituto de Seguridad Social de Tabasco.

A diferencia de todos ellos, Silvia ha sido políticamente una persona circunspecta. No hay mucha información disponible sobre ella, que siempre se ha caracterizado por ser discreta y trabajar en las sombras.

Por ello, pocas personas conocen que cuando su esposo fue nombrado secretario general de Gobierno de Tabasco por el gobernador priista Andrés Granier, le pusieron una oficina en esa secretaría, desde donde manejaba en una especie de semiclandestinidad, el factoraje y los cobros. No está claro qué destino tenía ese trabajo paralelo, que combinaba con el manejo de los dineros de sus hermanos. Trabajos similares siguió haciendo en el Congreso de Tabasco, con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jaime Lastra, por donde entran facturas por montos desconocidos de dinero, cuyo fin tampoco se conoce.

La opacidad en el financiamiento de las campañas de las llamadas corcholatas ha estado en el centro de la discusión prácticamente desde el inicio del proceso hace dos meses, con las quejas principales del excanciller Marcelo Ebrard, que no ha dejado de denunciar gastos excesivos de sus adversarios. El senador Ricardo Monreal identificó específicamente hace un mes a Adán Augusto López Hernández como el aspirante presidencial de Morena que más recursos tiene, con mayor estructura y capacidad de movilización en sus mítines.

Para lograr esto, no basta tener los recursos, sino también apoyo en los estados. Varios gobernadores, con quienes fortaleció su relación cuando fue secretario de Gobernación, lo han estado respaldando, como también lo han hecho con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum. Sin embargo, los espectaculares o dinero en efectivo que, se ha reportado en la prensa, le han llegado a dar a quienes asistan a sus mítines, tienen fuentes de financiamiento diferentes a lo que aportan los gobernadores.

En el cinismo de toda la clase política que está construyendo candidaturas presidenciales y los vacíos legales existentes –porque a nadie se le ocurrió que también requerían leyes para los tramposos–, Adán Augusto se ha venido vacunando. Sus gastos, afirmó, salen de sus ahorros verificables –que no ha verificado–.

La clave para entender todo el mecanismo es Silvia, la hermana mayor de Adán Augusto, responsable de la arquitectura del financiamiento. En una simulación electoral como la actual, donde los candidatos presidenciales son candidatos a coordinar la defensa de la cuatroté, y las giras son recorridos, no está claro si al final de este proceso de apariencias, el Instituto Nacional Electoral podrá revisar sus gastos, porque no hay una provisión en la ley que establezca reglas para procesos disfrazados, ni para sancionar a quien hubiera rebasado los topes establecidos porque, simplemente, no hay tope alguno ni regulación para lo que se está haciendo.

COLUMNAS ANTERIORES

La paradoja del parlanchín
Persecución a periodistas

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.