Estrictamente Personal

¿Y la seguridad a candidatos?

Los temores de un atentado contra los aspirantes a la presidencia de la República son reales. Hay radicales que, en un clima de violencia propicio, pudieran intentar algo.

Ya pasó más de una semana desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a proporcionar seguridad a quienes aspiran a la presidencia de la República, y no ha pasado nada. Ni siquiera informalmente, porque la ley establece que aún no hay ninguna campaña, por lo que tampoco hay candidatos. Seguimos en la espuma y en la radicalización de la palabra que tiene como blanco al mensajero, que sólo aviva la irresponsabilidad alimentada de manera preponderante por quien fue la razón de que se levantaran las alertas, Xóchitl Gálvez, que sigue transportándose en bicicleta. Pero la minimización política como ejercicio de negación no habla de seriedad, sino de frivolidad.

No entra en esta categoría López Obrador, quien más allá de la lengua de fuego que empleó para intentar callar a los mensajeros que buscaron visibilizar un problema real, tiene una preocupación auténtica sobre la posibilidad de un atentado contra un aspirante a su silla. No estaba en su imaginario la senadora Gálvez cuando se trató el tema en Palacio Nacional hace cerca de un mes, sino en su delfín, Claudia Sheinbaum –en menor medida otro de los mal llamados corcholatas–, por el temor a los grupos de extrema derecha que, por contrato o en un acto de locura, pudieran intentar algo.

Los temores son reales. Hay radicales, extremistas que en un clima de violencia propicio, como se planteó en este espacio hace una semana y media, pudieran intentar un atentado, al igual que algún fanático delirante que piensa que le haría un favor al Presidente, o una organización criminal que sienta que Gálvez, o algún otro candidato, altere el statu quo que tienen hoy en día y quisieran eliminar el obstáculo de su camino. Esta posibilidad no es algo nuevo. Hace muchos años, antes del asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio ya era una preocupación.

En 1993, el entonces presidente Carlos Salinas estaba muy preocupado sobre la posibilidad de que Cuauhtémoc Cárdenas sufriera una agresión en su calidad de candidato presidencial, y le pidió al secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, que en la reforma electoral que estaba preparando –que fue aprobada ese año– incluyeran un artículo que garantizara la seguridad a todos los candidatos. De esa forma se agregó lo que quedaría como el punto tres del artículo 244, que dice:

“El presidente del Consejo General (del Instituto Federal Electoral) podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, así como a los candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, desde el momento en que, de acuerdo con los mecanismos de su partido, se ostenten con tal carácter”.

Esa ley sigue vigente, aunque al pie de la letra sería inaplicable porque no hay campañas ni candidatos oficiales. Lo que hay es una simulación donde tanto López Obrador como el Instituto Nacional Electoral podrían no hacer nada. Pero en situaciones extraordinarias debe haber medidas extraordinarias, y el INE podría revisar el caso y pedir al gobierno federal que provea de seguridad a quienes recorren el país sin mayor protección.

Las alertas para visibilizar los riesgos y las analogías con el asesinato de Colosio fueron minimizadas y atacadas con insultos, arguyendo que no había condiciones para un asesinato, y culpando ridículamente a los mensajeros de ser parte de una conspiración para animar a un atentado de los mismos grupos opositores contra Gálvez. Delirantes los que hablaban, en acatamiento de la línea presidencial para dar un golpe preventivo en el caso de una situación con una figura opositora, mientras se ocultaban las valoraciones hechas en Palacio sobre un evento similar en contra de Sheinbaum o un morenista.

Lamentablemente, las condiciones objetivas de violencia política son mucho más graves que las que se vivieron en 1994. El cuarto Informe de Violencia Política en México que dio a conocer la consultora Etellekt en mayo de 2021, previo a las elecciones nacionales intermedias, señaló que el proceso electoral era el segundo más violento desde 2000, y que el número de políticos y aspirantes a una candidatura asesinados era 29.5 por ciento superior a las 61 víctimas mortales del ciclo electoral intermedio previo, en 2015. En 2021, agregó, las agresiones contra políticos, aspirantes y candidatos se sucedieron en 31 entidades y en 13 por ciento de 331 municipios afectados por la violencia.

Los asesinatos de políticos, secuestros y ataques no han parado desde entonces. El año pasado, de enero a mayo, se asesinó a un político cada dos días durante el proceso electoral, que fue el periodo más letal desde 2018, de acuerdo con Data Cívica. En los primeros meses del año pasado hubo 120 agresiones de varios tipos –amenazas, ataques armados, desapariciones, homicidios y secuestros–, donde Morelos, Guanajuato y Chihuahua resultaron los más violentos del país en materia política-electoral.

Al finalizar el año, se habían registrado 486 eventos violentos contra políticos, convirtiéndose en el peor año desde que se lleva recuento, y en el primer trimestre de 2023, con 296 incidentes en el primer semestre –91 sólo en enero y febrero–, se perfilaba a ser todavía más grave, con una mayor incidencia en Zacatecas, Morelos, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca y Quintana Roo. En cuanto a municipios, Tijuana es donde más ataques se han dado, producto de una espiral de violencia que orilló a la alcaldesa a mudarse a vivir a la zona militar.

El total de ataques durante el sexenio de López Obrador, según Data Cívica, suma mil 126, entre asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas al ámbito político, gubernamental, o contra instalaciones de gobierno o partidos.

Con tanta información estadística disponible, en el clima de polarización que envuelve al país y el discurso de odio que habita las redes sociales, sólo la inconsciencia conduce a pensar que nada puede pasar. Pero hay responsabilidades definidas para minimizar los riesgos, como la autoridad electoral y el gobierno, donde la iniciativa la tomó el Presidente para brindar protección. Hasta ahora es sólo palabrería, pero hay que exigirle que cumpla lo ofrecido.

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