Estrictamente Personal

El espejo de Abarca

La sentencia de José Luis Abarca no cierra uno de los capítulos más funestos en los que ha estado metido el Estado, sino deja al descubierto inconsistencias y deficiencias.

La sentencia de 92 años de prisión contra José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por el secuestro del líder de la Unión Popular, Arturo Hernández Cardona, y seis integrantes de esa organización en 2013, es un acto de justicia con olor a podrido. La sentencia fue emitida por el juez federal Samuel Ventura Ramos, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Tamaulipas, y estará en la cárcel por el resto de su vida. Está bien, pero no está del todo bien.

Abarca no fue acusado por el homicidio de Hernández Cardona y de sus compañeros Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román, tres días después de haber sido privados de su libertad, ni se le vinculó a la delincuencia organizada porque, dijo el juez, no se demostró la existencia de Guerreros Unidos, la banda criminal que domina en la Tierra Caliente de Guerrero. En su absolución incluyó a Sidronio Casarrubias Salgado, uno de los jefes de ese grupo criminal que secuestró y asesinó a los normalistas de Ayotzinapa.

La sentencia no cierra uno de los capítulos más funestos en los que ha estado metido el Estado mexicano en este siglo, sino deja al descubierto inconsistencias y deficiencias, cuando menos, no sólo del juez Ventura Ramos, sino de fiscales en el gobierno de Enrique Peña Nieto y de varios de aquellos funcionarios que continúan trabajando en el actual gobierno.

Las más de 8 mil fojas de la investigación sobre el secuestro y asesinato de Hernández Cardona y dos de sus compañeros, fueron remitidas por la Fiscalía General de Guerrero el 12 de junio de 2013 a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, y el 24 de abril de 2014 le envió la averiguación previa iniciada contra Ernesto Pineda Vega, miembro de Guerreros Unidos, como probable responsable del secuestro. El 2 de mayo le envió por correo electrónico una copia de su declaración, donde, como se publicó en este espacio en noviembre de ese año, detalló los vínculos de Abarca con Guerreros Unidos, su participación en homicidios en Iguala, y describió el modus operandi de esa organización criminal, que se replicó en septiembre de ese año, cuando desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa.

La PGR, encabezada por Jesús Murillo Karam, ignoró la declaración. Las peticiones del entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, para que atrajeran el caso de Hernández Cardona y sus compañeros, también fueron soslayadas. Blanco estimó ayer en una entrevista en Foro, con base en su experiencia personal, que el procurador “administró” la información con fines políticos.

Hubo otras pruebas testimoniales que también fueron desechadas, entonces y hoy, como la declaración de José María Chávez Magaña, apodado El Pony, uno de los jefes de La Familia Michoacana en el Estado de México y la región de Tierra Caliente en Michoacán y Guerrero, quien afirmó que el secuestro de la suegra de Abarca, María Leonor Villa Ortuño, había sido ordenada por Joaquín El Chapo Guzmán para que el exalcalde saldara una deuda que tenía con él.

Las averiguaciones previas fueron desestimadas por el juez Ventura Ramos, quien señaló que el Ministerio Público no acreditó los delitos de delincuencia organizada que se le imputaron a Abarca. El proceder de Ventura Ramos ha sido polémico y ha tenido fuertes discrepancias con el gobierno de López Obrador por el caso Ayotzinapa, al grado de que en varias ocasiones el año pasado amenazaron con denunciarlo.

Ventura Ramos no se ha inmutado. En septiembre pasado absolvió a Abarca por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, con el cual llegó a sumar 120 sentencias similares contra personas vinculadas al crimen de los estudiantes en septiembre de 2014. La otra reciente absolución de Abarca y Casarrubias Salgado dejó de lado –como lo hizo al analizar los casos de otros líderes y sicarios de Guerreros Unidos– las investigaciones judiciales que probaban su culpabilidad en la desaparición de los normalistas, así como las contundentes pruebas contenidas en los chats obtenidos por DEA de los móviles de los líderes de la organización criminal, revelados por Eje Central en abril de 2018, donde se detalla cómo secuestraron y asesinaron a los jóvenes.

Para el gobierno mexicano y para el estadounidense no había duda de la culpabilidad del secuestro y asesinato de los normalistas por parte de Guerreros Unidos, coludidos con las autoridades y policías de Iguala. Para Ventura Ramos no. Su afirmación de que el Ministerio Público no acreditó los delitos de delincuencia organizada ni que Guerreros Unidos fuera una organización criminal es escandalosa, pero al mismo tiempo obliga a revisar el trabajo realizado por la PGR y posteriormente por la Fiscalía General de la República.

Se necesita una investigación para determinar por qué el Ministerio Público no pudo acreditar los delitos. Hay responsabilidades que deben deslindarse en la SEIDO durante las administraciones de Murillo Karam, Arely Gómez, Raúl Cervantes y Alberto Elías Beltrán, en el gobierno peñista, así como en la actual gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero y sus colaboradores, Alfredo Higuera Bernal, quien llevó la investigación del caso Ayotzinapa hasta el final del sexenio de Peña Nieto, y fue nombrado como titular de la Fiscalía para Delincuencia Organizada en el de López Obrador, y Sara Irene Herrerías, que repitió como fiscal Especializada en Derechos Humanos.

También hay que deslindar la responsabilidad de Omar Gómez Trejo, ex secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nombrado fiscal especial para el caso Ayotzinapa por Gertz Manero. Gómez Trejo renunció en septiembre, pero algo que ayuda a entender las sentencias absolutorias de Ventura Ramos es que nunca presentó pruebas supervinientes que reforzaran las acusaciones contra Abarca y Guerreros Unidos.

Lo que pasó en Iguala hace casi una década es reflejo de algo que sigue sin aclararse plenamente. El gobierno de Peña Nieto quedó marcado por su ineficiencia y encubrimientos. El de López Obrador tiene un año y medio para evitar seguir por el mismo camino.

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