Estrictamente Personal

Suprema Corte, 11-Gertz Manero, 0

La transgresión a las leyes era monumental, como se pudo ver en algunas de las afirmaciones que se hicieron en la Corte durante sus pronunciamientos.

El último intento del fiscal general Alejandro Gertz Manero para buscar un manotazo presidencial en la Suprema Corte de Justicia y evitar la derrota y la humillación que sufrió ayer al colapsar la persecución penal contra su familia política, fracasó la semana pasada. Ante la inminencia, calculaba, de que Laura Morán, su excuñada, y su hija Alejandra Cuevas recuperarían la libertad este lunes, buscó una cita con el presidente Andrés Manuel López Obrador para quejarse de la falta de respaldo de Palacio Nacional, y pedirle su apoyo, intervención y presión en la Corte para revertir el fallo. López Obrador, correctamente, no lo recibió ni escuchó.

Con un voto unánime –11 votos contra 0– a favor del amparo liso y llano para las señoras Morán y Cuevas y la cancelación de una orden de aprehensión y su liberación inmediata, la Suprema Corte fue mucho mas allá de la resolución donde se les hace justicia. Expuso la forma como dos fiscalías, la federal y la de la Ciudad de México, con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de la capital federal, violaron la Constitución, manipularon la ley, inventaron acusaciones, ignoraron pruebas de las acusadas de homicidio por comisión, incurrieron en misoginia y violaron derechos humanos. Es decir, los últimos garantes de la procuración y administración de justicia le dispararon un tiro a la cabeza a la ley.

Parecía algo sencillo al final del camino, tras dos proyectos que perfilaban la sentencia absolutoria de ayer, pero no fue fácil, ni el recorrido ni la conclusión. El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, atrajo un caso particular, por petición de Gertz Manero, para salvaguardar, dijo, la imagen de la Fiscalía, convirtiéndose en un defensor de facto del prestigio del fiscal. Al hacerlo, hace cuatro meses, interrumpió un proceso legal que en cuestión de 24 horas, un tribunal colegiado de la Ciudad de México iba a concluir lo que ayer determinaron en la Suprema Corte.

Con su acción, Zaldívar mantuvo en la cárcel a la señora Cuevas, y la magnum .357 en la cabeza de la señora Morán. Tras la primera sesión para analizar los amparos interpuestos por las señoras, donde la mayoría propuso resolver el fondo del caso, la constitucionalidad de las acciones del fiscal, apoyado por la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Rafael Guerra, encargó el nuevo proyecto de sentencia a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. La pareja, que adquirió fama de hipergarantista por la forma como actuó y liberó de manera expedita a Florence Cassez, sentenciada por los tribunales a 60 años por secuestro, mostró que de esa tela no está hecha.

En el caso Cassez, el proyecto de sentencia lo elaboró originalmente Zaldívar, introduciendo la teoría del “efecto corruptor”, argumentando sobre la capacidad de los medios para afectar la imparcialidad de los jueces, que no estaba incorporado en el expediente original, pero no fue aprobado por la mayoría de la Primera Sala. Un nuevo proyecto fue encargado a la ministra Olga Sánchez Cordero, que fue el que se discutió en 2013, donde el pronunciamiento de Gutiérrez Ortiz Mena –que había llegado a la Corte propuesto por el PRI– fue lo que determinó la liberación inmediata de la ciudadana francesa, producto de un acuerdo secreto entre los presidentes Enrique Peña Nieto y François Hollande, para que Francia se desistiera de intervenir en un litigio en el cual se encontraba involucrado el exgobernador mexiquense Arturo Montiel con su exesposa por la custodia de sus hijos.

En aquella ocasión, en 2013, los ministros jugaron del lado del presidente en turno. Hoy, en el caso de Gertz Manero, también. La abundante información difundida sobre los abusos de poder del fiscal y la manipulación y sometimiento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en contubernio jurídico con el Tribunal Superior de Justicia capitalino, fue haciendo imposible mantener la misma línea. El presidente López Obrador leyó muy bien lo que estaba sucediendo y, en este caso, soltó todos los amarres y apoyos de Palacio Nacional a Gertz Manero.

Gertz Manero estaba indignado, dijeron funcionarios federales, porque no estaban respaldándolo en Palacio Nacional, pero debió haberse resignado porque las presiones a la Corte cesaron, y dejó correr sin intrusión el proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena, que estaba lleno de retórica, cuando según un experto, no estaban acreditados los elementos típicos del delito. Despedazaron ayer la sentencia y le hicieron bastantes modificaciones, salvo en el resolutivo de libertad, donde el voto fue unánime.

La derrota clara de los fiscales y del presidente del tribunal capitalino. La transgresión a las leyes era monumental, como se pudo ver en algunas de las afirmaciones que se hicieron en la Corte durante sus pronunciamientos. El ministro Javier Laynez dijo que la orden de aprehensión contra las señoras había sido inconstitucional, por lo que, particularmente en el caso de la señora Cuevas, se dio una violación de sus derechos humanos. El ministro Alberto Pérez Dayán señaló que no se acreditaron las acusaciones, ni había pruebas, agregó el ministro Luis María Aguilar, las mínimas indispensables de que la señora Morán hubiera sido auxiliadora en la muerte de Federico Gertz Manero. No se tomaron en cuenta pruebas de las acusadas, advirtió la ministra Margarita Ríos Farjat, y el pliego de consignación, apuntó la ministra Norma Lucía Piña, no estaba apoyado en los mismos hechos que lo deducen.

Visto cosméticamente fue una paliza a Gertz Manero, a Godoy y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pero el daño de fondo fue acotado en la Corte, donde una mayoría hizo una fuga hacia adelante, pese a ver de lo que son capaces quienes procuran y administran la justicia en el país y en la Ciudad de México. Había quedado claro que se extralimitaron en sus funciones, pero la Suprema Corte no dio vista a las autoridades capitalinas para que las transgresiones tuvieran un costo legal para los abusadores. La Corte tenía esa facultad, pero les perdonó sus excesos.

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