La presidencia de Donald Trump ha realizado un esfuerzo continuo a través de distintos programas y políticas, ensayos y errores, con el fin de que no lleguen más migrantes del sur, específicamente de Centroamérica y México.
El más aborrecido de todos estos ensayos y el más mediático fue la separación de los niños de sus padres que arrancó en abril de 2018. Al llegar las familias, principalmente de centroamericanos, a Estados Unidos les arrancaban a los niños pues de esa manera podían detener a los padres indefinidamente e inhibir, sin un gramo de vergüenza, la llegada de más familias.
En la actualidad están vigentes dos programas que están generando grandes colas y tiempos de espera en el lado mexicano de la frontera común: Conteo (Metering en inglés) y los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés).
Según un informe del Robert Strauss, del Center de la Universidad de Texas en Austin y del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, el programa Metering ha alargado la cola de solicitantes de asilo considerablemente en nuestro territorio.
En febrero pasado el estudio calculaba que había poco menos de 5 mil migrantes esperando en las ciudades fronterizas mexicanas. En mayo la cifra subió a 19 mil. Y actualmente hay cerca de 26 mil. Es decir, el aumento de las colas es sustantivo. La ciudad donde la lista es más larga es Tijuana, con cerca de 10 mil. Le sigue Ciudad Juárez con 6 mil.
El programa Metering o conteo nació en Tijuana en 2016, cuando llegaron un grupo considerable de haitianos (20 mil) tratando de buscar asilo en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional señaló que no tenía capacidad para procesar a tantos y desde entonces, diariamente, anuncia a la autoridad mexicana cuántas peticiones puede procesar.
A partir del verano del 2018, en todas las ciudades fronterizas se instrumentó el programa de conteo. Es decir, cada día la autoridad estadounidense le da un número a la autoridad mexicana. En Tijuana, por ejemplo, se procesan hasta 69 por día, mientras que, en el otro extremo, en Matamoros, Tamaulipas únicamente entre 10 y 15. Es claro que el Departamento de Seguridad Nacional no tiene prisa. Que esperen en México. Washington no quiere distraer recursos para tener más capacidad de gestión.
Los tiempos de espera varían mucho de ciudad en ciudad. Por ejemplo, un migrante que recién llega con la intención de pedir asilo en San Diego tiene que esperar en Tijuana entre 6 y 9 meses. En Ciudad Juárez la cola tarda entre 3.5 y 6 meses y en Nuevo Laredo 30 días.
El segundo programa vigente, el MPP, es el que está incrementando más las colas en nuestra frontera. Este programa consiste en un acuerdo con la cancillería mexicana que permite que las familias de centroamericanos sean retornados a México (después de una primera entrevista en Estados Unidos) para esperar a su audiencia migratoria, la cual por lo general tarda tres meses.
El programa de MPP arrancó en San Diego en enero y se ha expandido a lo largo de la frontera. Tuvo un arranque lento, pero de mayo en adelante se aceleró y a la fecha son más de 30 centroamericanos, la mayoría familias, que nos fueron regresados.
La administración de Trump está exportando a México la carga de la ardua espera de quienes solicitan asilo. Las colas están causando varios dolores de cabeza a nuestras ciudades fronterizas: hospedaje, salud, trabajo y educación para los niños que abundan. Desde luego, lo que es muy escaso en esas ciudades, la seguridad pública.
El diario The Washington Post publicó la semana pasada un artículo que nos hace ver como un país al que hay que ponerle un muro. La familia Esquivel –Víctor y María—papás y --Anderson 10 y Ryan 4-- hijos, fueron retornados a través del MPP a Nuevo Laredo el pasado 24 de julio para esperar su audiencia migratoria en Texas el próximo octubre. Los dejaron en uno de los puentes que conectan a los dos Laredos. Las primeras tres noches durmieron a la intemperie al lado de la oficina del Instituto Nacional de Migración. Mientras esperaban un taxi que los conduciría a un apartamento que pensaban alquilar, fueron levantados por una pick up y llevados a una casa de seguridad donde había varios cubanos y guatemaltecos también secuestrados.
Sus secuestradores solicitaron a sus familiares tanto en El Salvador como en Estados Unidos 7 mil 500 dólares por cada uno de ellos, es decir, 30 mil dólares. La hermana de Víctor sólo pudo hacer dos depósitos de 467 dólares. A los 11 días, en una situación desesperada pues no les daban de comer, los soltaron. Y ahora esperan en Monterrey, Nuevo León.
Las colas en nuestra frontera seguirán creciendo. Trump no dará tregua al menos hasta la elección de noviembre del 2020.
El gobierno de AMLO podrá hacer o decir lo que sea respecto a su interés en el desarrollo de Centroamérica. Nuestra credibilidad, sin embargo, empieza por lograr que no se violenten los derechos humanos de esos migrantes en México.
Llevamos ya más de una década de abusos. Aquí la 4T tiene un reto enorme. ¿Tiene o no la capacidad y voluntad política para proteger a los migrantes centroamericanos?