El reto del reconocimiento de los afromexicanos
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El reto del reconocimiento de los afromexicanos

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El reto del reconocimiento de los afromexicanos

01/11/2019

En la colonia Balcones de Costa Azul, a espaldas del centro de convenciones de Acapulco, hay un asentamiento importante de afro-mexicanos, lo que explica que sea conocida como el barrio negro. Tuve ocasión de pasar una tarde conversando con varias madres de familia y alguno que otro papá. Me golpeó la pobreza del lugar.

Niños descalzos jugando una cascarita de fútbol. La maestra de la primaria me dijo que muchos niños no asisten a la escuela pues sus padres no pueden pagar la cuota extraordinaria de doscientos pesos para usar computadora. Una madre me dijo—mire ahí se ve un hospital, señalando la base de Icacos, pero si a mi hijo le pasa algo, no tengo los cien pesos que me cuesta el taxi para llevarlo. Esa misma mujer me explicó que la mayoría de las familias han venido de la Costa Chica, “nos dicen negros y nos discriminan”.

¿Por qué se encuentran invisibilizados los afromexicanos? ¿Por qué México no tiene una política pública hacia esta minoría?

El sociólogo colombiano, Juan D. Delgado, candidato a doctor en sociología de la Universidad de California en Los Ángeles e investigador del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, me explica los orígenes históricos y los efectos contemporáneos de la invisibilidad de esa población en nuestro país, pues justamente está acabando de escribir su tesis doctoral que compara los derechos políticos de los afrocolombianos y los afromexicanos.

Históricamente, señala Delgado, la población afro-descendiente ha estado invisibilizada en México. El mito fundacional del mestizaje–indios y españoles—escondió la tercera raíz, es decir, los aportes que han hecho los descendientes de africanos a la nación mexicana. José María Morelos y Vicente Guerrero saltan a la vista.  La idea de Vasconcelos de la raza cósmica cementó la invisibilidad de los afro-mexicanos. Estos mitos históricos han producido silencios que han borrado no sólo la negritud del imaginario del país sino también los orígenes de la discriminación racial en México.  

Las desigualdades que padecen las comunidades afromexicanas están borradas. No se ven, no se miden y por tanto, no se pueden corregir. Hay un racismo doble. Uno socialmente endémico que se traduce en actitudes personales negativas hacia lo negro; el otro es político, se expresa en la falta de políticas públicas que eliminen la desigualdad por el color de la piel.  

En México, la primera vez que hubo una estimación nacional de la población afro-descendiente fue apenas en la Encuesta Intercensal de 2015 (21 años después que en Colombia). En esa primera medición resultó que 1.2% de los mexicanos (1.4 millones) se considera afro-descendiente. En la actualidad, oficialmente el 10.6% de la población colombiana es considerada afro (4.2 millones).

Existe un desafío para la auto identificación de personas afrodescendientes. Se invita a identificarse públicamente con un término que a menudo es utilizado para discriminar y racializar (como “negro”) sin ofrecer un instrumento de política pública que valore positivamente la diferencia y combata eficazmente la discriminación.

Según Delgado, ésta y otras encrucijadas que viven actualmente los afro-mexicanos se pueden explicar por la limitada transición democrática que tuvo lugar en México durante las décadas de 1990s y 2000s, comparado con otros países de la región. La comparación con Colombia es, de nuevo, iluminadora.

Mientras que en 1991 Colombia reformaba su constitución para reconocer la diversidad étnica y en 1993 aprobaba la Ley 70 (o ley de comunidades negras) para otorgar derechos diferenciales a esta población, México seguía política y constitucionalmente apegado al mito del mestizaje.

Ahora bien, después de más de 10 iniciativas de reforma constitucional presentadas por legisladores de distintos partidos, en julio de este año el congreso mexicano aprobó una reforma al artículo 2 que establece el reconocimiento de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. Más aun, el INEGI ha aceptado incluir por primera vez la pregunta de auto-identificación afrodescendiente para el censo 2020.

Sin restarle mérito a la senadora Susana Harp Iturribarría de Oaxaca, presidenta de la Comisión de Cultura, quien fue la líder de la legislación de reconocimiento de los afromexicanos, Delgado considera que la presión internacional es la que está llevando a que nuestro país adopte una postura más abierta y progresista hacia los afrodescendientes.

Esta presión ha sido ejercida, entre otros organismos internacionales, por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU que vigila la implementación de la Convención Internacional sobre discriminación racial, firmada por México desde 1966.

La CERD ha insistido, por décadas, que México reconozca constitucionalmente a la población afro-descendiente, que cuente apropiadamente a las personas que se auto identifican como tales y diseñe políticas efectivas para eliminar la discriminación racial.

Ya la población afro mexicana se encuentra en un apartado de nuestra Constitución y serán contados en el censo del 2020. Una vez contados y localizados, el reto consistirá en trazar políticas públicas que permitan integrarlos de lleno a nuestra sociedad.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.