Política económica para una gran ciudad

Que la Ciudad de México crezca y lo haga de un modo sostenido, no es asunto exclusivo de los chilangos -al contrario- es un tema del país.
Basta mirar los datos: la riqueza que por sí sola genera la Capital de la República asciende a 2.22 billones de pesos, el 17 por ciento de todo lo producido por México en un año. En 2013, aquí, se crearon 120 mil empleos formales: prácticamente uno de cada tres de los que produjo la nación y, en consonancia con ese poder de atracción, todos los días 167 mil mexicanos –no chilangos- vienen a buscar trabajo, oportunidades, una forma de ganarse la vida en la Capital (véase, http://reporteeconomico.sedecodf.gob.mx).

Es posible afirmar incluso que la suerte económica del Distrito Federal es la suerte económica de México. Miren si no: revisados los datos en el largo plazo (digamos desde 1997) resulta que la tasa acumulada de crecimiento de todo el país frente a la del DF es prácticamente la misma (alrededor de 2.3 por ciento). No hay otra entidad que siga tan clara y puntualmente la nerviosidad del ciclo nacional como la Ciudad de México.

Este hecho nos pone frente a una conclusión casi obvia: la ciudad necesita política económica, precisamente porque su dinámica pesa y en muchos sentidos arrastra a la economía nacional.

Ha llegado la hora de reconocerlo: durante muchos años el DF fue dejado a su suerte, sin banca de desarrollo ¡Para una economía de 2.22 billones!; sin capacidad de endeudamiento -controlada, si- pero autónoma; sin instrumentos de financiamiento a sus empresas, sus comercios y su industria; sin herramientas de promoción, estímulo y regulación suficientes; sin instituciones, recursos, capacidad especializada e información que le permitan detonar proyectos económicos de gran calado, multiplicadores del empleo y la riqueza local.

Fue precisamente esta circunstancia la que Miguel Ángel Mancera se ha propuesto corregir. Y por eso, el año pasado envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa para una nueva Ley de Desarrollo Económico en la Ciudad de México, una norma que empezara a cubrir esos huecos y que pusiera en las prioridades de nuestra agenda pública el tema de la política económica.

De principio, se trata de crear un cascarón institucional que –sin complejos- admita todos los instrumentos de política: atracción intencionada de inversiones, inversiones directas del propio gobierno, financiamiento a negocios, incentivos, exenciones, créditos, coinversiones, proyectos de intervención masivos en zonas consideradas estratégicas, protección a la inversión legal y productiva, mejora regulatoria, producción de información económica útil, políticas de formalización de sectores económicos completos, grandes obras de infraestructura, cambio energético, promoción de nuevos tipos de industria, entre otras.

Esta es la discusión y la ventana que abre la nueva Ley de Desarrollo Económico: la posibilidad de que una gran ciudad se movilice en torno a proyectos explícitos, públicos y privados, que multipliquen la actividad económica, el ingreso y el empleo.

No dudo al decir que esta es la primera ley económica no ortodoxa en México, al menos desde hace un cuarto de siglo, fecha en que se impusieron las costosas nociones de "la mejor política industrial es la que no existe", "desregular es la mejor política económica" y ese difuso rechazo genérico al sector público.

La nueva ley económica en la Ciudad no comete esos errores y reivindica, simplemente, la acción pública informada, la cooperación y sobre todo la responsabilidad intransferible del Estado a la hora de tutelar la actividad económica legal.

El día de mañana será promulgada esta nueva ley: una propuesta cuya importancia es nacional porque hablamos de construir, por primera vez en mucho tiempo, política económica para esta gran ciudad.

*Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.

Correo: economia@elfinanciero.com.mx