El gobierno mexicano concertó las llamadas "grandes reformas estructurales" y la respuesta mediática no se hizo esperar. Innumerables anuncios radiofónicos, televisivos y de redes sociales resaltan el buen acierto de dichas reformas, en un intento por convencer a la opinión pública de que el gobierno actuó patrióticamente. La realidad -que difiere mucho de la propaganda oficial- poco a poco surge por su propio peso.
Los grandes orquestadores del movimiento reformista dicen que los beneficios de dichos cambios se reflejarán en el largo plazo. Posiblemente se trate de una mentira piadosa para decir que no llegarán o que lo harán en el muy largo plazo. Por lo pronto, aparecen cotidianamente perjuicios y vicios escondidos de las reformas aprobadas. Tal es el caso de la reforma fiscal.
Tras la reforma, existen más y mayores impuestos, a lo que se debe sumar la restricción de los pagos en efectivo a una suma menor a 2 mil pesos para que tales pagos sean deducibles o, en su caso, utilizar un medio electrónico de pago para que se registre ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para estas operaciones, según el artículo 27 fracción tres de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ya no basta la factura con candados diseñados por el propio SAT, ahora se requiere también de una cuenta bancaria para vincular operaciones cotidianas.
Al respecto, el gobierno dice que medidas autoritarias de control, como ésta, no buscan perjudicar a los que pagan impuestos, sino actuar como medio para detectar a los evasores fiscales. Sin embargo, en el mismo tenor de ideas y adelantándose a los hechos, el Poder Judicial de la Federación ha desechado cualquier oportunidad de presentar un amparo -recurso legal instituido para evitar abusos de la autoridad- contra la reforma fiscal, alineando sus decisiones con la posición del gobierno, lo que se convierte en un golpe bajo a los derechos de los mexicanos.
Cabe recordar que si bien la Constitución establece que todo mexicano debe contribuir para los gastos públicos, del mismo modo indica las prerrogativas del ciudadano, destacando la libertad de elección y la protección del patrimonio.
Lo anterior deja claro que, en su afán por encontrar fuentes de ingresos alternas al petróleo, el gobierno lesiona abiertamente la libertad que tiene todo mexicano para elegir cómo conservar o gastar su dinero y obliga a los contribuyentes cautivos a emplear el sistema financiero, que poco deja y mucho se lleva. La pregunta es ¿hasta dónde quiere llegar?
Mover a México puede tener un efecto no deseado: provocar que la sociedad reaccione, reclamando sus derechos, al verse cada vez más sofocada por decisiones autoritarias. Mover a México no basta si ese movimiento no es directamente proporcional en todos sus niveles. Mover a México deja al descubierto lo que se encuentra detrás de las "grandes reformas".
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