Las mejores piezas legislativas son las que se elaboran escuchando a sus destinatarios. Es cierto –y está bien que así sea– que las y los legisladores ostentan la representación de la ciudadanía y tienen la facultad constitucional de aprobar y modificar la legislación nacional. Para eso los elegimos. Pero, como es natural, por más preparados que sean, desconocen muchas de las materias sobre las que deben legislar. Por eso deben acercarse a los sectores que verán afectadas sus vidas –su personas, sus actividades, sus propiedades, etcétera– con los cambios legislativos.
Lo que se conoce como Parlamento abierto sigue esa lógica. Con ello se fortalecen las dinámicas de representación porque los creadores de las normas abrevan de la experiencia, necesidades y expectativas de los usuarios del derecho. Por supuesto que la impronta final debe provenir de las dinámicas y negociaciones parlamentarias, pero en la confección de los ordenamientos es sabio y prudente escuchar a todos los actores interesados.
Lo anterior vale sobre todo para las normas jurídicas que regulan actividades o sectores altamente especializados. Ese es el caso de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se trata de un sector muy relevante para el desarrollo de una nación que requiere regularse con tiento y cuidado. Vale la pena tenerlo presente ahora que deberá iniciar la discusión legislativa sobre la futura legislación mexicana en la materia.
La nueva ley debe garantizar ante todo la más amplia libertad para el quehacer científico. La investigación debe estar orientada por los rigores de la ciencia y debe contar con los apoyos necesarios para llevarse a cabo. Al Estado y sus autoridades no les corresponde determinar las prioridades ni trazar la ruta del quehacer de las personas que se dedican a investigar, inventar e innovar. De ahí la importancia de salvaguardar jurídicamente la autonomía de las universidades y los centros públicos de investigación.
Un tema muy importante es el de la evaluación y la rendición de cuentas de las personas e instituciones públicas dedicadas a la investigación y a la docencia. Sobre el primer punto es importante garantizar mecanismos de evaluación por pares. Es decir, que sean las y los propios científicos quienes evalúen el desempeño de sus colegas. Ello debe hacerse con los más altos niveles de exigencia pero con criterios académicos. De hecho, desde la ley debe fomentarse la existencia de instancias colegiadas que, desde la deliberación rigurosa, garanticen el difícil pero indispensable equilibrio entre la libertad de investigación y la evaluación exigente. De nuevo, es fundamental garantizar la autonomía de esos espacios.
Por lo que se refiere a la rendición de cuentas institucionales, la fórmula es sencilla. Dado que se trata de instituciones públicas –al menos a las que me refiero en este artículo– y manejan recursos públicos, las universidades y los centros de investigación deben cumplir con escrúpulo con los mandatos constitucionales de transparencia, acceso a la información y auditoría. Ello, por supuesto, además de la rendición de cuentas en sentido amplio que realizan al dar resultados de su gestión en términos de generación y transmisión del conocimiento.
Regreso al punto de partida. Una vez que se reformó el artículo tercero constitucional y se estableció un plazo para contar con una nueva ley de ciencia y tecnología, se activó una reflexión en la comunidad científica nacional. Nuestras legisladoras y legisladores deben escuchar con atención las preocupaciones y propuestas que provienen desde ahí. Al hacerlo contarán los mejores elementos para diseñar la mejor legislación. La oportunidad es histórica y debemos aprovecharla. Un buen marco normativo y una inversión de recursos económicos en el sector científico y tecnológico pueden ser el detonador del crecimiento con inclusión social que tanto necesitaremos en los años venideros.
La pandemia por el Covid-19 está dejando muchas lecciones tras de sí. Una de ellas es que los seres humanos necesitamos de la ciencia básica y aplicada para superar la emergencia sanitaria. En la misma medida en la que necesitamos de las ciencias sociales, de la cultura y de las humanidades para reconstruir y reinventar nuestras formas de convivencia. Difícil imaginar un momento más propicio para contar con una legislación que proteja y fomente esas actividades.