¿Qué le hicieron a mi hijo?
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¿Qué le hicieron a mi hijo?

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¿Qué le hicieron a mi hijo?

21/03/2018
Actualización 20/03/2018 - 21:53

La desaparición forzada de personas es uno de los actos más viles que los seres humanos pueden cometer. Es aún peor que el secuestro, porque el dolor se prolonga con la incertidumbre. Al horror padecido por la víctima directa se le acumula el sufrimiento soportado por sus seres queridos. Esa agonía la viven hoy, en México, miles de personas. No exagero.

La semana pasada, el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad –una iniciativa académica impulsada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Oxford y la Universidad de Minnesota– presentaron un informe sobre lo que ha sucedido entre 2001 y 2017 sólo en el estado de Coahuila. Antes habían presentado datos sobre Nuevo León y próximamente conoceremos los resultados de su investigación en Veracruz y Guerrero. Las conclusiones sobre lo sucedido en Coahuila son aterradoras.

Estos son los hallazgos principales: “a) el Observatorio analizó 729 registros de casos de desaparición en la entidad, lo que constituye la base más extensa sustentada en casos de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares existentes hasta el momento; b) en el estado de Coahuila existe una práctica generalizada de desaparición, extendida a lo largo del mismo y durante un prolongado periodo de tiempo; c) las personas jóvenes y las personas en tránsito por carreteras o caminos son las que se encuentran en un mayor riesgo de ser víctimas de esta grave violación de derechos humanos; d) las personas desaparecen en sus casas o en lugares públicos. En algunos casos, desaparecen familias completas; e) los perpetradores buscan ocultar su identidad; sin embargo, por las descripciones existentes es posible vincularlos con agentes estatales; f) la respuesta estatal va desde la amenaza y el sembrar el miedo en las familias de las personas desaparecidas, la omisión en la búsqueda hasta la impunidad”.

Al desagregar los datos se constata que, si bien es cierto que existen desapariciones de niños pequeños y de adultos mayores, la edad promedio en la que se acumulan la mayoría de los casos son entre los 15 y los 17 años. Principalmente se trata de varones (81 por ciento) que transitaban por algún espacio público; pero en el caso de las mujeres (19 por ciento), el principal lugar del que son sustraídas es su casa. En su mayoría, además, se trata de personas de escasos recursos. Así que al horror tenemos que sumarle la ignominia.

Para cerrar el círculo del infierno tenemos la actuación de las autoridades. En muchos casos la autoría directa es de los agentes del estado. Sobre todo de policías municipales, pero también estatales y, por supuesto, cuerpos de (supuesta) seguridad federales. En otros eventos las autoridades no tienen una participación protagónica pero los perpetradores cuentan con su aquiescencia. En los sucesos en los que se verifica alguno de estos dos supuestos se puede hablar técnicamente de desaparición “forzada” de personas, porque eso es lo que dicta la ley en la materia. En los demás casos la responsabilidad estatal es distinta porque la desaparición –que no deja de serlo con los espantos que ello implica– sucede por las omisiones estatales, no en virtud de sus acciones.

Pero las autoridades aparecen en escena siempre que las personas denuncian. Cuando eso sucede, al horror y a la ignominia debemos adicionar la maldad y la impunidad. Dejemos que hablen las víctimas: “para que quiere levantar el acta señora, no va servir de nada”; “mire señora, por el bien de su familia así dejemos las cosas”; “nos dijo (tocándose su arma) ‘nosotros tenemos con qué defendernos, ¿pero ustedes?’” Las citas provienen del informe y son sólo un botón de muestra de una actitud constante dentro y fuera de Coahuila.

Margarita, del Movimiento Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, me contó que lo mismo vivieron ella y su familia en Veracruz. Su caso es escalofriante. Primero, secuestraron a su hermano mayor y, después, cuándo acudieron a pagar el rescate, asesinaron a su novio y a su otro hermano de 15 años. Los restos del primero acaban de ser encontrados en una fosa de Colinas de Santa Fe, en aquél estado. Cuándo le pregunto qué buscan con su movimiento, me responde apacible: “Verdad y justicia”. Y cuándo le inquiero qué espera de la sociedad mexicana, me contesta implacable: “Qué no esperen a que les suceda lo que nos sucedió para movilizarse”. Cuánta razón le asiste.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.