En solidaridad con
José Ramón Cossío .
En estos días he escuchado voces que sostienen que el presidente López Obrador no entiende cómo funciona –o debería funcionar– un Estado de derecho. Ello a propósito de sus constantes embestidas al gremio de la abogacía, su intemperancia e intolerancia ante decisiones jurídicas adversas a su proyecto y amagues y descalificaciones hacia quienes las adoptan. Para algunos esas actitudes son prueba de que el titular del Ejecutivo ignora la lógica de los límites y controles al poder a través del derecho. No comparto esa opinión.
El presidente ha declarado abiertamente su aversión al derecho y a sus rigores. No le gustan porque dificultan o de plano obstaculizan la causa justa que –desde su perspectiva– encarna su 'cuarta transformación'. De hecho, el presidente de la República piensa que el derecho puede ser –y en ocasiones incluso debe ser– desplazado por lo que él llama "la justicia", que no es otra cosa que su proyecto político grávido de connotados morales. Con las palabras del mandatario: "Cuando hay que optar entre el derecho o la justicia, tiene que prevalecer la justicia, la ley es para el hombre, no el hombre para la ley, hablando en términos de género, las leyes para el hombre y la mujer para hacerlo más claro".
Esa declaración fue realizada cuando Jaime Cárdenas renunció a la titularidad del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. En ese mismo contexto, el propio Cárdenas realizó declaraciones públicas que confirman la postura del presidente de México hacia las normas y sus rigores. Esto fue parte de lo que dijo: "El presidente 'cuestionó mi formación de abogado, mi carácter formalista, mi insistencia en los procedimientos' (...). Esto es así –continuó Cárdenas– porque "el presidente piensa que la política es de resultados, y que lo que vale es conseguir resultados. Yo estoy de acuerdo con ello, pero también, como abogado, insistía en procedimientos administrativos, en el cumplimiento de las normas administrativas y a veces eso se veía como un obstáculo para la toma de decisiones y para conseguir los resultados". (1)
En contextos como éste en el que el presidente de la República considera a la legalidad como un obstáculo, adquiere especial relevancia la judicatura y, en particular, la justicia constitucional. Del compromiso de las y los juzgadores con el derecho depende el principio de imparcialidad, que es la salvaguarda del Estado constitucional ante los embates de la política. Por eso es tan preocupante la descalificación y confrontación con la que el titular del Poder Ejecutivo ha desacreditado la sentencia y ha estigmatizado al juez que la emitió en el caso reciente de la reforma eléctrica.
Pero también por eso es tan importante la reacción del Consejo General de la Abogacía Mexicana –que reúne a los principales colegios de abogados– y de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito reivindicando la función social de la abogacía y la judicatura. Su postura es una defensa del Estado de derecho en México.
En particular merece reconocimiento la defensa que hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, de la autonomía e independencia judiciales. Al recordar que los fallos de las y los jueces pueden recurrirse, colocó el acento en donde tiene que estar. Si existe un desacuerdo jurídico y, en este caso, el gobierno quiere combatir una sentencia, que presente un recurso legal y que la decisión sea revisada por un tribunal de alzada. Pero lo que no puede aceptarse es el amague político que implica la defenestración pública de un juzgador desde el púlpito presidencial.
Nunca está de más recordar la advertencia de C. H. McIlwain: "La única institución esencial para defender el derecho siempre ha sido y todavía es un Poder Judicial honesto, hábil, preparado e independiente". (2)
El problema es que temo que el derecho no es lo que le interesa defender al Sr. presidente de la República.
(1) "No renuncié por fatiga; AMLO dudaba de mí como abogado: Cárdenas", entrevista en La Jornada, 24 de septiembre de 2020, p. 4.
(2) McIlwain, C.H., Constitutionalism: Ancient and Modern, New York, 1947, p. 62.