Para Don Agustín Castilla,
in memoriam.
En junio de 2021 se cumplen diez años desde la aprobación de dos reformas constitucionales emblemáticas. Una sustantiva y la otra de garantía. Una de ellas fue la reforma en materia de derechos humanos que generó lo que algunos denominamos "un nuevo paradigma" en el constitucionalismo mexicano. No sólo se modificó al artículo 1º constitucional, pero los cambios a esa disposición marcaron la pauta de una nueva manera de concebir, argumentar e interpretar al ordenamiento jurídico nacional. La segunda –que, en realidad, cronológicamente fue anterior– fue una importante reforma al juicio de protección constitucional, que es el principal mecanismo de garantía de los derechos de las personas.
Así que una reforma fue el complemento de la otra y juntas generaron debates, estudios y, sobre todo, muchas expectativas. Por ello tiene sentido preguntarse, ¿qué impacto han tenido ambas reformas en la práctica constitucional?; ¿han cambiado en alguna manera la relaciones entre las personas y entre éstas y las autoridades estatales?; ¿modificaron los criterios y razonamientos judiciales?; ¿transformaron de alguna manera la retórica y la narrativa sobre el derecho y desde el derecho?; y, sobre todo, ¿en algún sentido han mejorado la vida de las personas y robustecido eso que llamamos 'Estado de derecho' y que está orientado hacia la igualdad, la justicia y la libertad de las y los mexicanos?
Otras reformas generaron expectativas similares, pero su impacto en la realidad institucional, jurídica, política y social ha sido decepcionante. Pienso, por ejemplo, en la creación constitucional del sistema nacional anticorrupción. Sus normas duermen el sueño de los justos. Existen, son válidas, pero no son eficaces. Desde el gobierno anterior se activó una resistencia institucional que incluso bloqueó el nombramiento de algunas de las autoridades fundamentales para hacerlo funcionar –por ejemplo, las personas encargadas de las magistraturas especializadas- y en la actual administración existe nulo interés por ponerlo en marcha para dotarlo de fuerza y funcionamiento. El complejo andamiaje que se diseñó en las normas carece de implementación práctica. La razón fundamental es simple: no existe voluntad política para ponerlo en movimiento. Y, como nos enseñó Bobbio, la política y el derecho son las dos caras de una misma moneda.
Sin embargo, en principio, podemos suponer que las reformas de amparo y de derechos humanos han corrido con mejor suerte. Pero se trata de una intuición que debe ser probada. Por eso un grupo de investigadoras e investigadores de la UNAM –en concreto de los institutos de investigaciones filosóficas y jurídicas– han diseñado una agenda de estudio sobre el impacto de ambas reformas que se desplegará a lo largo de este año de aniversario. Juristas, sociólogos, politólogos, filósofos y economistas se darán a la tarea de indagar cuáles han sido los efectos de aquellas modificaciones constitucionales. Al final se publicarán los resultados y se convocará a seminarios nacionales e internacionales para discutir los resultados.
El ejercicio es importante por la relevancia de ambas reformas pero en realidad trasciende el caso concreto. La interrogante de fondo tiene que ver con el sentido de las normas, su capacidad para organizar la vida social y su relación con el poder. Una reforma constitucional es producto de acuerdos políticos, de negociaciones entre actores poderosos, de muchos votos legislativos en el Congreso nacional y en las legislaturas locales, pero, por sí sola, es solo un texto escrito en una ley suprema.
Lo que otorga fuerza a las reformas es un renovado compromiso político, una estrategia de implementación con un liderazgo claro, una apropiación de las nuevas normas por parte de sus usuarios –típicamente la ciudadanía– y, sobre todo, un compromiso por parte de sus aplicadores y de los juzgadores (que son sus garantes).
Las reformas de amparo y derechos humanos de 2011 tuvieron promotores comprometidos –en particular un grupo plural de senadoras y senadores–, acompañantes ciudadanos –tanto en la academia como en la sociedad civil organizada– y, sobre todo, protectores jurisdiccionales –en concreto el expresidente de la SCJN, Silva Meza y el actual presidente, Zaldívar–, así que se alinearon los factores para que tuvieran impacto.
Nos toca medir si eso sucedió. Para eso está la universidad. Pronto sabremos los resultados.