Pedro Salazar

Covid-19: la dimensión legal

En las próximas semanas es posible que se activen medidas de emergencia o acciones extraordinarias que podrían entrar en conflicto con derechos reconocidos en la Constitución.

En estas semanas y seguramente en los meses –temo que sean muchos– por venir se analizará, se discutirá y se escribirá mucho sobre la pandemia, sus causas y sus efectos. Como es normal las notas dominantes deberán abordar la dimensión médica del problema en sus diversas vertientes: prevención, efectos para la salud, remedios, etcétera. También se dirá –como de hecho ya se ha dicho– mucho acerca del reto para las políticas públicas y para los gobiernos que conlleva la gestión de la emergencia. Asimismo, de manera ineludible y no menos relevante, seguiremos escuchando sobre la arista económica del entuerto. Pocas voces dudan de la inminente llegada de una crisis de proporciones inusitadas.

En medio de esas temáticas emergerán una cantidad muy relevante de temas y problemas jurídicos. El derecho –es irremediable que así sea– está involucrado de múltiples maneras en todo lo que está sucediendo y en lo que se avecina. Ya desde hace algunos días voces relevantes del gremio jurídico advertían la necesidad de convocar –como finalmente se hizo– al Consejo de Salubridad General que es, ante todo, una figura constitucional pensada para esta clase de coyunturas.

Pero ese fue solo un primer paso. En las próximas semanas es posible que se activen medidas de emergencia o acciones extraordinarias que podrían entrar en conflicto con derechos reconocidos en la Constitución o generar controversias competenciales entre las diferentes autoridades y los diversos órdenes de gobierno. Ello solo por mencionar un ámbito de problemas poco explorado y, como es natural, con pocos precedentes.

Sin embargo, esos no serán los únicos ámbitos en los que las personas podrían verse atrapadas –y entrampadas– en entuertos legales. Por ejemplo, aunque no lo deseemos y queramos evitarlo, es posible que existan querellas en materia laboral de diversa índole. O también pueden suscitarse litigios en materia civil o mercantil porque el momento excepcional que enfrentamos podría general situaciones insospechadas en las que se vean comprometidas operaciones comerciales nacionales o internacionales. O pensemos en sectores de la economía que ya se han visto directamente impactados –por ejemplo, en particular, en el turismo– y que tendrán que tomar y operar decisiones en las que podrían generarse fricciones que terminen ante los tribunales (que, por cierto, tampoco operan de manera normal).

En fin, lo que pretendo subrayar es que, dado que el derecho está presente en muchos ámbitos de la vida colectiva, en una situación como la que nos aqueja, muchas personas, instituciones y empresas tendrán que acudir a un profesional de la abogacía. Y en ese mundo –como en todos los demás– hay personas honestas y comprometidas con su profesión; pero también hay quienes desorientan para sacar ventaja de los problemas y de la necesidad de los demás. A los primeros habrá que acudir con confianza; a los segundos habrá que neutralizarlos.

En 2017, después del terrible terremoto de aquel año, algunas instituciones académicas, organizaciones sociales, colegios de abogados e incluso el Colegio de Notarios del Distrito Federal (hoy CDMX) sumaron esfuerzos para crear una plataforma digital de asesoría jurídica. Hoy todavía se encuentra alojada en la página electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se trató de un esfuerzo abierto al público, gratuito y desinteresado que en su momento sirvió de brújula para personas desamparadas ante situaciones legales que no pudieron prever.

El día de ayer, el propio IIJ-UNAM con el Consejo General de la Abogacía Mexicana –que está integrado por los tres colegios de abogados más respetados del país– acordaron retomar el esfuerzo y relanzar la plataforma con información actualizada y útil para encarar y superar asuntos legales con motivo de la emergencia sanitaria. Se trata de una iniciativa que se orienta por la Responsabilidad Social de la Abogacía y a la que estamos seguros se sumarán con entusiasmo otras instituciones sociales, académicas y profesionales.

De lo que se trata es de aligerar en el ámbito de nuestra profesión el peso y la angustia que podrían recaer sobre las personas que, además de la pandemia, tengan que encarar efectos legales de la misma. En los próximos días la plataforma será accesible para cualquier persona, desde cualquier lugar y sin costo económico alguno.

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