Pedro Salazar

Ciencia, Humanidades y Tecnología: rompecabezas para armar

No parece prudente cambiar las reglas de un sistema que ha permitido estabilidad económica a un sector de profesionales que dedican su tiempo a generar y transmitir conocimiento sin escuchar –seriamente– su punto de vista.

Existen decisiones aisladas que son problemáticas y merecen crítica y revisión.

Por ejemplo la decisión presidencial mediante la que se prohíbe cualquier transferencia de recursos públicos a todo tipo de asociación civil desfonda a organizaciones importantes como la Academia Mexicana de Ciencias. Desde entonces, esa y otras asociaciones subsisten en delicada penuria. Lo hacen con dignidad y compromiso pero sin capacidades operativas.

Un caso similar pero con efectos más amplios y devastadores fue la decisión de cancelar los fideicomisos públicos de tajo y sin distinciones. De nada sirvió que instituciones y personas dedicadas al quehacer intelectual y académico explicaran para qué eran, cómo operaban, cuáles eran sus virtudes y cómo rendían cuentas. El presidente los puso en la mira y sus legisladoras y legisladores los ejecutaron. Para la historia quedará aquel dictamen en el que esas mismas personas –que dicen representarnos– hicieron suyos los argumentos que fueron escuchando en el debate público y legislativo para conservar a los fideicomisos y, sin embargo, votaron por desaparecerlos.

Otro ejemplo es el paulatino acoso y desmantelamiento –mediante reducciones presupuestales, topes salariales, merma en derechos– a centros públicos de investigación nacional que se tardó décadas en construir. La hostilidad se ha orquestado desde el Consejo Nacional del que dependen y el zarandeo no ha cesado durante largos meses. El saldo es desolador. Recortes, ceses, despidos, expulsiones, descalificaciones mutuas, amparos, desacatos, etc., son el fresco de la relación entre la autoridad y las personas dedicadas a hacer ciencia, crear tecnología y difundir la cultura humanística en este país.

Con la Ley de Austeridad Republicana se extendieron las penurias y menguaron los recursos para mantener infraestructuras, invertir en tecnologías, reforzar la conectividad de diversas instituciones académicas. Además, como sucedió también para las personas servidoras del gobierno, se han ido cancelando seguros médicos y de separación laboral. Me parece legítimo abrir una reflexión sobre su justificación –existen voces que los tildan de privilegios injustificados– pero no tengo duda que quienes resintieron el ajuste han visto mermada su economía familiar. Y si son personas mayores de edad o tienen preexistencias médicas, también han visto vulnerado su derecho a contar con una protección propia para cuidar de su salud.

Otra decisión que amerita –por lo menos– una ceja alzada se desdobla en el terreno laboral y, de nuevo, impacta en las condiciones de trabajo de las personas que realizan quehaceres académicos en centros públicos de investigación. ¿Por qué las personas que trabajan en laboratorios, escriben artículos y libros, imparten clases y difunden la cultura deben presentar su declaración patrimonial?; ¿por qué son consideradas funcionarios públicos y se les aplica, por ejemplo, la maltrecha e impugnada ley de remuneraciones? Se pasa por alto que, aunque subsisten de dinero público, no ejercen ningún acto de autoridad.

Todo indica que ahora siguen profundas reformas al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Bienvenida su revisión y su actualización a la realidad actual del país pero, ¿no sería sensato incluir en el debate a las personas que se verán impactadas por los posibles cambios? No parece prudente cambiar las reglas de un sistema que ha permitido estabilidad económica a un sector de profesionales que dedican su tiempo a generar y transmitir conocimiento sin escuchar –seriamente– su punto de vista. Mucho menos durante un gobierno que presume credenciales democráticas y, al menos en el discurso, deliberativas.

También está en el circuito legislativo una iniciativa de ley sobre ciencia, humanidades y tecnología que ha generado polémica entre la comunidad que sería su destinataria. Propuestas como crear un Consejo de Estado –que, en realidad, sería de gobierno– para que, entre otras cosas, determine la llamada Agenda de Estado que orientará los apoyos para realizar actividades de formación e investigación merecen al menos un debate social robusto. Hasta ahora no se ha dado y, si nos atenemos a la experiencia, es probable que no tenga lugar.

En fin, decía al inicio que existen decisiones aisladas que son problemáticas y merecen crítica y revisión. He reseñado algunas de ellas pero, como diría mi cuñada, el problema es "el maldito conjunto".

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