Tomo prestado el título de este artículo de un ensayo publicado en 1994 por el notable y entrañable filósofo del derecho recién fallecido, Ernesto Garzón Valdés. En aquel trabajo, Garzón advertía de los riesgos autodestructivos que amenazan a la democracia y al mercado. En su sesuda argumentación señalaba que la única manera de sortearlos era incorporando una dimensión ética en los diseños de ambos sistemas pero, sobre todo, en la actuación de las personas responsables de operarlos. Treinta años después, esas reflexiones han recobrado una vigencia tristemente asombrosa.
Esta afirmación vale por supuesto para la Argentina, país en el que Garzón nació y del que se exilió en medio de los horrores de la dictadura que le tocó vivir y que el gobierno recién electo de ese país minusvalora o, de plano, niega. El hecho es lamentable por lo que implica pero, en particular, porque anuncia que el suicidio institucional podría estar próximo a consumarse. La polarización y la crisis política en el país austral ha desbordado los parámetros democráticos porque esa forma de gobierno es mucho más que el expediente electoral. Es cierto, que siguen habiendo elecciones, pero también lo es que la deliberación, el respeto al disenso, la tolerancia, los derechos como brújula, el rechazo al discurso de odio y de incitación a la violencia —por mencionar algunas de las notas axiológicas de la democracia— brillan por su ausencia.
Lo lamento por la sociedad argentina, pero también por lo que podría anunciar para otras latitudes. No quiero hacer comparaciones facilonas, pero siempre he pensado que la 4T tiene mucho de kirchnerismo y eso, en el mediano plazo, puede terminar en rupturas institucionales suicidas. Esto no sucede de un día para otro, sino que va madurando en el tiempo y pasa, entre otros factores, por una paulatina erosión de los principios, reglas e instituciones del constitucionalismo democrático. Aún recuerdo en el lejano 2012, cuando residía en Argentina, las manifestaciones populares encabezadas por la entonces presidenta de la República en contra del poder judicial de su país. Déjà vu.
Pensando en México, temo que algunas de las instituciones de la transición democrática están experimentando procesos suicidas. Es cierto que en muchos casos ha sido el propio presidente de la República el actor que ha desencadenado las crisis institucionales. Recomiendo el número de octubre de la revista Nexos intitulado “Desmantelando al Estado” para echar un vistazo a lo que ha sucedido en estos años. Pero no todo es culpa del gobierno y de sus afanes anti-institucionales. De hecho, el presidente no ha logrado desmantelar todo lo que le hubiera gustado. Por eso pide votos para contar con las mayorías legislativas que permitan —a su proyecto porque él ya no será gobernante— terminar de desarmar la endeble institucionalidad del constitucionalismo democrático que habíamos logrado montar.
Retomo el argumento: no todo es culpa del gobierno actual. En realidad, el proceso de aniquilación institucional también proviene de tendencias suicidas. Son muchos los actores políticos que han conspirado para desmantelar a las instituciones desde su interior. Una definición del término “conspirar” del Diccionario de la RAE dicta: “Dicho de varias personas: Unirse contra un particular para hacerle daño”. En este caso, el “particular” son las instituciones del constitucionalismo democrático. Me vienen a la mente dos ejemplos recientes.
El INAI ha sido golpeado por el presidente y por el Senado de la República, que se han coordinado para dejar incompleto a su órgano de decisión. Es cierto. Pero también lo es que las personas integrantes de ese órgano, en mayo de 2022, de manera unánime, sin explicar las razones, recontrataron a dos funcionarios que acaban de concluir su encargo en ese mismo órgano colegiado. Les obsequiaron sendos cargos directivos. La desafortunada maniobra afectó la imagen del instituto, debilitó su autoridad y, para colmo, terminó mal. Año y seis meses después, ambos funcionarios renunciaron en medio de un escándalo por un presunto uso indebido de recursos públicos. Así las cosas, un instituto garante de los derechos humanos se autoinfligió un daño con consecuencias todavía por descubrir.
El otro caso es nota de estos días, pero el daño ha madurado durante años. Dos integraciones diferentes del Senado de la República y los propios magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son los artífices del descalabro. Primero, en 2016, el Senado amplió el mandato de cuatro magistrados que ya habían tomado protesta en el cargo. Los beneficiados impúdicamente aceptaron. Así surgió una integración que se ha caracterizado por intrigas, enconos, golpeteos y poca argumentación jurídica. Ahora, mientras la actual integración del Senado es omisa en renovar los nombramientos de dos magistrados que finalmente concluyeron; asistimos pávidos a un nuevo pleito público entre los cinco integrantes que permanecen. Un altercado agreste.
Concluyo recordando el núcleo de las preocupaciones de Garzón Valdés en aquel texto memorable: el único antídoto contra el suicidio de las instituciones es de carácter ético. Una ética de la responsabilidad, diría Weber.