El presidente insulta y sabe cómo hacerlo. En ocasiones con adjetivos y en otras con insinuaciones abiertas que incluyen una descalificación. Ese es uno de los rasgos del personaje que gobierna a México y una de las estrategias de su muy particular forma de gobernar. Descalificar, estigmatizar y ofender son herramientas discursivas con las que genera situaciones políticas. Se trata de una práctica poco democrática pero muy efectiva. Sobre todo cuando su objetivo es polarizar.
El Poder Judicial federal y sus integrantes han sido destinatarios de sus insultos desde que ganó la Presidencia en 2018. A veces dispara frases genéricas y en otras ocasiones afina sus dardos y apunta fino. Depende de la ocasión, de la intención y de los destinatarios. Normalmente, la descalificación tiene doble agenda y sirve para lanzar mensajes a las personas insultadas y, sobre todo, a quienes le aplauden la estrategia y repiten sus ofensas. Así es como personas juzgadoras de distrito, de tribunales colegiados y de la Suprema Corte de Justicia han escuchado sus nombres etiquetados con adjetivos en las conferencias matutinas del titular del Poder Ejecutivo. Conservadores, corruptos, racistas son algunos de los epítetos que les ha endosado.
Hace unas semanas lanzó un dardo envenenado cargado de mensajes insultantes. El contexto era la renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del ministro Arturo Zaldívar —sobre la que se ha escrito y dicho mucho y no encuentro nada que agregar— y la consecuente e inminente designación de una persona en su plaza. Aquel día el presidente aceptó la renuncia y anunció que la nueva ministra será mujer. Y acto seguido soltó lo siguiente: “Voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo suerte y le atino porque he propuesto cuatro y dos salieron conservas [conservadores]”.
La dimensión del insulto tal vez no sea evidente, pero es potente. Primero descalificó a dos jueces constitucionales que él propuso y que, por ejercer con independencia y autonomía de criterio al ejercer sus tareas, al presidente de la República le resultan “conservas”. Qué significa eso no es del todo claro, pero sabemos que en el lenguaje del presidente es una falta grave que merece censura y reprobación. Así que les exhibe como jueces reprobables. Las personas que siguen y aplauden al gobierno de inmediato toman nota y reproducen los escarnios. Las redes sociales son el espacio en el que tiene eco la estrategia.
Pero el insulto de aquel día también alcanzó a las otras dos ministras de la Corte que él ha impulsado y que implícitamente reconoce como afines. Dos (de mis propuestas) —puede inferirse de lo que dijo el presidente— no salieron “conservas” y, por lo tanto, me son afines, leales, fieles, incondicionales. La insinuación —triste por certera— es un insulto para dos ministras que están constitucionalmente obligadas a ser imparciales e independientes frente al gobierno. Pero no lo son y el presidente lo advierte, lo señala y lo celebra. La humillación es callada pero fuerte. Lo que está diciendo el presidente es que son sus personeras. Me cuesta encontrar una descalificación peor para una jueza constitucional.
Finalmente, insulta a la ministra que viene. Todavía no sabemos quién será la persona designada, pero conocemos la terna de candidatas confeccionada por el propio presidente al amparo del artículo 96 constitucional. Antes de que supiéramos quienes serían sus propuestas, sabíamos que el presidente propondría tres mujeres cercanas a su proyecto político. Lo sabíamos porque él lo advirtió. Eso permite suponer que, antes de escribir su nombre en esa lista, consideró disposición de cada una ellas hacia su gobierno. Esa es una manera de menospreciar sus trayectorias, insultarlas profesionalmente y estigmatizarlas políticamente. Sobre todo es una manera de minusvalorar la capacidad de quien sea electa.
Las tres candidatas no tienen la culpa del entorno discursivo que antecedió al momento en el que han sido propuestas, pero no pueden ignorar su sentido y su peso. La jurista que sea designada merece un desagravio que solamente ella podrá obtener mediante un desempeño imparcial, independiente y técnicamente sólido. De lo contrario, encajará el insulto como un atributo de su ministerio.
PD. Artículo 95 de la Constitución mexicana: “Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: VI.- No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento”. Reglamento interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo federal de marzo de este año: “Artículo 4.- La persona titular de la Consejería tiene el rango de titular de Secretaría de Estado. Depende en forma directa de la persona titular de la Presidencia de la República, quien determinará las comisiones intersecretariales y grupos de trabajo a los que la persona titular de la Consejería deba incorporarse.”. María Estela Ríos González no puede ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al menos no puede serlo ahora.