Se trata de dos instituciones distintas pero fundamentales para el Estado y la sociedad mexicana. En los próximos meses habrá renovaciones en las cabezas de la universidad nacional y del tribunal electoral. En la primera cambiará la persona titular de la rectoría; en el segundo se renovará parcialmente la Sala Superior. Por su importancia, merece la pena hacer algunos comentarios en cada caso.
I. La UNAM es la universidad más importante de México y vive un momento complejo e interesante. Diecisiete personas aspiran a dirigirla. Hace algunos días, en una entrevista de radio, me preguntaron si no eran demasiadas y en realidad se trataba de un pelotón robusto para legitimar el proceso. No lo creo.
Dadas las dimensiones nacionales y la diversidad disciplinaria de la comunidad universitaria, es comprensible que existan múltiples candidaturas. Es cierto que no todas tienen la misma presencia dentro y fuera de la universidad, pero la mayoría tienen un perfil apto para el cargo. Veamos la baraja.
De las cinco mujeres que participan, una dirige una Escuela Nacional de Estudios Superiores foránea ubicada en León, Guanajuato; así que conoce a la UNAM en su dimensión nacional. Otra fue directora de la Facultad de Estudios Superiores en Iztacala y hoy es integrante del equipo del rector saliente. También participa la actual coordinadora de Humanidades, quien fue directora de un Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Dos más son mujeres académicas con una larga trayectoria. Así que hay tela de dónde cortar.
Entre los aspirantes hombres también figuran perfiles notables. Dos directores de facultades emblemáticas como Derecho y Medicina; dos secretarios universitarios —el administrativo y el general— que también dirigieron al Instituto de Ingeniería y a la Facultad de Economía; y el coordinador de Investigación Científica. Todos ellos actualmente en funciones. En la lista también se cuenta con un exdirector del mismo Instituto de Ingeniería que fue secretario general y aspiró a la rectoría hace ocho años. Junto con ellos participan dos investigadores con experiencia en la gestión universitaria (uno en el actual y otro en el rectorado anterior) y cuatro académicos reconocidos (uno de los cuales fue director de la Facultad de Estudios Superiores en Cuautitlán, otro dirigió su instituto y fue coordinador de Humanidades y otro dirigió la Facultad de Filosofía y Letras). Nada mal la docena.
Así que la Junta de Gobierno tiene opciones variadas y de peso. En un mes, el 12 de octubre, conoceremos los nombres de quienes pasarán a la etapa de entrevistas. Pienso que existen razones para el optimismo. Si todo sigue, como hasta ahora, la UNAM quedará en buenas manos.
II. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es la máxima autoridad en la materia y el próximo año tendrá bajo su responsabilidad la calificación de las elecciones federales. A su Sala Superior le corresponderá calificar la elección presidencial. Se trata de la máxima instancia de ese tribunal y está integrada por siete personas. Dos de ellas terminarán su encargo el próximo 31 de octubre.
Así que está en curso el procedimiento para designar a quienes les sustituirán. Hasta ahora, la Suprema Corte de Justicia emitió una convocatoria pública, recibió candidaturas y determinó que sesenta personas —44 hombres y 16 mujeres— cumplen con los requisitos para aspirar al cargo.
El próximo 18 de septiembre se reducirá la lista a doce personas —seis por cada género— y se les entrevistará en una sesión pública. De ahí saldrán dos ternas —de nuevo una de hombres y otra de mujeres— que irán al Senado de la República y que la mayoría calificada de votos deberá culminar el proceso de nombramientos.
Existen voces que especulan sobre la eventualidad de que, aunque la Suprema Corte realice la parte que le toca, en el Senado se atoren los nombramientos. Algo similar a lo que sucedió (y sigue sucediendo) con el Instituto Nacional de Transparencia. Ya sea por incapacidad política para generar acuerdos o por estrategia de algún grupo senatorial, es posible que no se logren los votos necesarios para designar a las dos magistraturas. El entuerto sería jurídicamente superable, pero podría resultar políticamente desastroso.
El artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación contempla que: “Bastará la presencia de cuatro magistrados o magistradas para que (la Sala) pueda sesionar válidamente”. También establece que: “En caso de vacante definitiva se nombrará un nuevo magistrado o magistrada (…). En este caso, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad”. Así que, a pesar de no estar integrada plenamente, la Sala Superior podría sesionar y sentenciar durante el proceso electoral. Pero, para declarar la validez o nulidad de la elección presidencial, “deberá sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes”.
Es cierto que, como acabamos de ver, ese quorum se podría lograr al integrar a la persona decana de las salas regionales, pero políticamente podría mermarse la legitimidad del acto de calificación de la elección presidencial. Lo cual, si la elección es competida, pondría en vilo la estabilidad del país. Temo.