El senador Monreal ha tomado distancia del presidente López Obrador en un tema medular: “entre lo legal y lo justo yo me quedo con la ley y con el Estado de derecho”, espetó a los diputados federales de Morena hace un par de días.
Digo espetó porque supongo que causó sorpresa o molestia a más de una persona diputada. Es sabido que el presidente sostiene lo contrario y se salta o tuerce la ley siempre que puede, cuando ésta no está alineada con su proyecto político. Monreal está en lo correcto al tomar distancia de esa estrategia.
En el número de enero de la revista Nexos, Ma. Amparo Casar y Ma. Elena Morera, han publicado —como en años anteriores— un recuento de ilegalidades cometidas por la actual administración en los meses recientes. La lista es larga y elocuente. Por supuesto, también es preocupante. A juicio de las autoras, quebrantar la ley se ha convertido en “una conducta habitual que denota una forma de operar propia de un gobernante que desprecia la legalidad”. Por desgracia, tienen razón.
En su recuento, las ilegalidades son clasificadas en tres rubros: derechos humanos, economía y democracia. En realidad, en el texto se conjugan decisiones u omisiones políticas que no siempre son, en estricto sentido, actos ilegales. Ellas mismas lo advierten en su ensayo.
En algunos casos se trata de despropósitos gubernamentales indiscutibles que no necesariamente violan leyes vigentes. La legalidad para el gobierno es un material maleable y funcional que, si es necesario, se ignora. De ahí que el ensayo de Casar y Morera sea un insumo imprescindible para “darle una vuelta de tuerca” al problema de la retorcida relación del gobierno actual con el Estado de derecho.
Por ejemplo, los recortes presupuestales en materia de salud, el retroceso en el programa nacional de vacunación (que, como las autoras advierten, era uno de los mejores del mundo) o el desabasto de medicamentos son actos culposos y reprobables pero no necesariamente ilegales.
Lo mismo vale para algunas de las costosas decisiones u omisiones en el ámbito educativo. La desaparición de programas como Escuelas de Tiempo Completo o la cancelación de becas Conacyt, no se ejecutaron al margen de la ley sino utilizando recursos jurídicos de manera discrecional y arbitraria.
Lo que quiero afirmar es que el gobierno también sabe usar la ley para imponer abusos. Su mecánica es colocar al poder sobre el derecho pero no siempre por fuera del derecho. La estrategia oscila entre el abuso del derecho y la irrelevancia del derecho.
En los temas de seguridad pública y seguridad nacional, por ejemplo, la imposición se ha operado mediante reformas legales y cambios constitucionales. Es probable que algunas de las leyes en la materia sean inconstitucionales —y otras no porque, para evitarlo, han modificado la Constitución— pero eso solo lo sabremos cuando la Suprema Corte resuelva la ingente cantidad de recursos jurídicos interpuestos sobre el tema. Por ahora son jurídicamente válidos. Esa fue la perversa apuesta calculada del presidente.
Lo mismo vale para el terrible tema de la prisión preventiva oficiosa: para ampliarlo y blindarlo se reformó el artículo 19 constitucional. Por eso podemos denunciar su carácter draconiano e iliberal pero jurídicamente solo nos queda apostar por instancias internacionales. Por lo pronto, tenemos que convivir con la figura porque técnicamente es constitucional.
Caso distinto son las violaciones a tratados y regulaciones vigentes, por ejemplo, en materia ambiental. En esos casos, advertidos por Casar y Morera, dado que existen normas que no se observan, los actos son ilegales en stricto sensu. Lo mismo vale para decisiones económicas como la cancelación de obras y la realización de otras contraviniendo leyes y sentencias judiciales. En ese terreno estamos ante “un ramillete de ilegalidades”. Lo mismo vale para los asuntos sobre energía eléctrica. Las revocaciones de permisos sin fundamento son ilegales y serán costosas. Ello, sobre todo, porque a pesar de la impunidad nuestra, terminarán dirimiéndose en instancias internacionales.
En su ensayo, las autoras, centran con tino la mira en otra serie de actos administrativos en los que la discrecionalidad es la regla y con toda posibilidad la ilegalidad también, pero el problema es que han surtido y siguen surtiendo efectos sin que nadie los detenga. Ahí la responsabilidad se extiende hacia el Poder Judicial. Ante un Poder Ejecutivo arbitrario y una mayoría legislativa sumisa, lo que necesitamos son personas juzgadoras implacables.
En los próximos meses enfrentaremos una batalla jurídica sin precedentes. El terreno será la arena electoral. El gobierno y su mayoría legislativa han apostado por la inconstitucionalidad. La justicia federal deberá sentenciar si se salen con la suya. Ojalá no.