El Partido Encuentro Social, ese que en las elecciones pasadas no logró los votos necesarios para mantener el registro como partido político nacional, podría ganar en tribunales lo que no logró en las urnas. A través de una meticulosa y bien elaborada serie de mentiras, engaños a la Constitución, e incluso a través de un esquema de préstamo de legisladores ajenos, podría lograr emerger con vida después de lo que parecía una sentencia definitiva.
Recordaremos que en la última elección presenciamos que dos partidos políticos se despedían de su registro: Nueva Alianza y Encuentro Social. El Instituto Nacional Electoral sesionó el 12 de septiembre del año pasado y determinó que ambas organizaciones políticas no habían logrado obtener el 3.0 por ciento de las votaciones (ni la elección del Ejecutivo ni de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión) y por lo tanto, habían perdido el registro, siguiendo a la letra lo que establece la Constitución mexicana en el artículo 41.
En ambos casos, las dirigencias de dichos partidos se inconformaron, buscaron los resquicios legales y amenazaron con agarrarse con uñas y dientes al registro. Para muchos esas declaraciones fueron propias de la fanfarronería electoral. Sin embargo, los focos rojos se han reactivado.
En días pasados fue dado a conocer el proyecto de sentencia elaborado por Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En él, básicamente abre la puerta al PES para recuperar su registro porque, según el ministro, dicho partido logra la representatividad social necesaria a partir del número de legisladores que tiene actualmente en las cámaras, 6.0 por ciento en San Lázaro y 3.9 por ciento del Senado. Sin embargo, cabe señalar que dichos legisladores llegaron a su fracción parlamentaria por otra vía que no fue la elección.
La realidad es que el partido obtuvo sólo un millón 353 mil votos para San Lázaro, que representan el 2.4 por ciento de la votación total, y para el Senado obtuvo el 2.32 por ciento de la votación. La Constitución es clarísima en la materia y no hay cancha a la interpretación, estamos frente a una regla que debe acatarse. Con los números tan claros, la argumentación que defiende el magistrado parece querer ir más allá de la Constitución y del principio de supremacía de la Constitución, en aras de beneficiar esto que llama "fuerza de la representación".
Pero incluso si siguiéramos la lógica del magistrado, los números no cuadran. Basta voltear a ver el comportamiento del PES dentro del Legislativo para divisar una serie de transas que buscan aparentar un crecimiento de casi tres veces en la fuerza de su fracción parlamentaria.
Para nadie es un secreto la alianza tejida por el entonces Partido Encuentro Social con el Partido Morena y el Partido del Trabajo. En conjunto, construyeron la coalición electoral denominada Juntos Haremos Historia. Para construir una alianza, los partidos políticos tienen que entregar ante el Instituto Nacional Electoral su acuerdo de coalición, el cual presenta los motivos de su pacto, así como un detalle sumamente importante: el reparto de las prerrogativas y puestos. Dicho de otra manera, este documento, firmado el 12 de diciembre de 2017, permite conocer qué distritos le tocan a cada partido, entre otros temas.
Al hacer una consulta a dicho documento y a la página de la Cámara de Diputados, algo brinca instantáneamente: el PES tiene en su fracción a legisladores que fueron postulados por otros partidos de la coalición Juntos Haremos Historia. En total, 12 de 30 legisladores que hoy forman parte de la fracción parlamentaria del PES no son de dicho instituto, sino que nueve fueron originalmente postulados por Morena y tres por el PT.
Pero esto no acaba ahí. Al revisar los perfiles en redes sociales del resto de las candidaturas que sí fueron postuladas por Encuentro Social, se puede constatar que cuatro de estos legisladores y una senadora hicieron su campaña promoviendo el voto por Morena y no por el PES. Lo que deja ver una estrategia engañosa: decidieron usar principalmente una marca que les permitiría ganar, con sus colores, nombre y logo, sin anunciar siquiera que el partido que los postulaba era otro. Eso significaría que, de las actuales diputadas y diputados del PES, sólo 14 ganaron en distritos postulados por dicho partido y fueron transparentes con el hecho de que estaban siendo postulados por esa plataforma. Esta cifra tiraría la interpretación del magistrado De la Mata.
Con estos casos alcanzamos a ver una trama para que este partido continúe con vida: hay grupos dispuestos a torcer la Constitución, las urnas y las fracciones parlamentarias. Por ello, debemos señalar este caso y estar atentos al desenlace. El PES no puede mantener su registro de manera legal porque no hay suficientes personas que se sientan representadas por esa institución. No le corresponden, pues, ni los presupuestos ni las prerrogativas a las que busca aferrarse. En democracia, si esto no se respeta, entonces se habrán acabado los incentivos para que estas instituciones políticas busquen mejorar, transparentar sus procesos y convocar para representar con dignidad a mexicanas y mexicanos.