En los últimos meses, y particularmente en días recientes, hemos sido testigos de la guerra de porcentajes, retos y cifras que distintos actores han lanzado para tratar de reducir los recursos a los partidos políticos.
En medio de la batalla por marcar la agenda se han hecho señalamientos imprecisos o francamente desinformantes que valdrían la pena aclarar.
Muchas veces el político se siente cómodo porque sabe que los procesos legislativos son complejos y que la información en ocasiones no llega completa a las personas. Por ello, vale la pena hacer un recuento de qué sería necesario para poder lograr que los recursos a los partidos políticos se reduzcan. Si tenemos a la mano las responsabilidades y los funcionamientos de nuestras leyes evitaremos ser presa fácil de las noticias falsas y las mentiras.
Empecemos por recordar que hay quienes apoyan que la reducción provenga desde los mismos partidos políticos, así sin cambiar ninguna ley. Estas personas sostienen que lo único que hace falta es un acto de voluntad y congruencia. Con ello, consideran, sería suficiente que los partidos retornen una parte de los recursos públicos que se les entregan. Sin embargo, esta posición genera problemas porque es un mero acto voluntarioso, sin reglas claras y mucho menos obligaciones. ¿Qué evitaría que un partido gandalla regrese sólo una fracción de lo prometido, o que al año siguiente se clave la lana? Absolutamente nada, por eso esta alternativa no es la más adecuada.
También han existido voces que reclaman y señalan como responsable del dispendio al Instituto Nacional Electoral (INE). No pocos le recriminan que el INE haya presupuestado a los partidos la excesiva cantidad de cinco mil 239 millones de pesos. Sin embargo, es importante señalar que este instituto no es el responsable de determinar ese monto, pues la Constitución establece muy claramente el cálculo para asignarlo. Dicho de otra manera, INE sólo anunció la cantidad que le correspondería a los partidos a partir del cálculo que dicta la Constitución, específicamente en el artículo 41, fracción segunda. Esa es precisamente la materia que debe modificarse.
Tanto la Constitución como la Ley General de Partidos Políticos deben ser modificadas para que los partidos reciban menos recursos. Y para cambiarlas, se necesita que dos terceras partes de las y los legisladores se pongan de acuerdo.
¿Cuándo es el momento en el que se podría cambiar esta legislación? A partir de septiembre. El periodo ordinario legislativo está a la vuelta de la esquina. Ese es el momento en el que las y los representantes regresan a sus respectivas cámaras a chambear y a proponer iniciativas. El periodo inicia el primer día de septiembre y dura hasta el 15 de diciembre. Por ello se vuelve fundamental que exijamos que sea en este periodo en el que se proponga, discuta y apruebe en ambas cámaras la reducción de recursos a partidos políticos.
Quizá por eso la parte más importante de esta guía no sean únicamente las regulaciones, sino destacar el impulso que le tendrá que proporcionar la sociedad. Puedo dar testimonio de que la presión social sí puede transformar el comportamiento de nuestros representantes. En Jalisco logramos que una iniciativa, que redujo significativamente la lana de los partidos, pudiera pasar gracias a la activación de las personas.
Por último, me gustaría señalar que en estos próximos meses escucharemos sobre distintas propuestas. Hay muchas maneras de tratar de darle cauce a esta justa demanda. En mi caso, creo en la propuesta de #SinVotoNoHayDinero, la cual ya tiene resultados en Jalisco, donde hemos logrado reducir seis de cada diez pesos que antes se le destinaban los partidos.
Considero que #SinVotoNoHayDinero es la mejor propuesta porque no sólo persigue que la asignación de los recursos sea menor, sino que se mejore a la democracia en el camino. Hay iniciativas que buscan sólo reducir la cantidad de recursos públicos a los institutos políticos. Yo creo que cortarles la lana a los partidos sólo por quitarles el dinero no los hará necesariamente más cercanos, mejores y más representativos. Lo que propusimos y logramos en Jalisco fue que la cantidad de recursos que se asignan a las fuerzas políticas sean proporcionales al número de personas que asistieron a votar en la última elección. Con esta propuesta el abstencionismo le duele a los partidos, incentiva a que mejoren y que les importe que más personas salgan a votar.
Soy de la idea que este es un momento propicio para aplicar la austeridad a quienes por muchos años han vivido excesos y dispendios. Espero que esta guía sirva para hacernos de conocimientos que nos permitan exigir con claridad a las cámaras que es momento de replantear el oneroso financiamiento a los partidos.