Un informe elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, detalla que 63 mil 10 millones de pesos podrían haber sido desviados en estados y municipios, lo que representa 65 por ciento de las afectaciones al erario. Si bien aún habrá que contrastar esta información con los gobiernos locales, la dimensión de los recursos públicos observados nos habla de la enorme necesidad de impulsar mejoras concretas a la administración de los recursos públicos.
No existe una solución universal para los desvíos, la corrupción o los conflictos de interés. Se requiere de la unión de cambios institucionales, culturales y legales. Sin embargo, en esta entrega quisiera enfocar la atención en las contrataciones y compras que suceden bajo la figura de adjudicaciones directas.
Es importante analizarlas por dos razones: la primera, porque según la Auditoría Superior de la Federación, significaron 78 por ciento de las contrataciones federales en el ejercicio del año 2020, privilegiándolas por encima de las licitaciones por concurso abierto. La segunda razón es que la crisis de COVID-19 abrió la puerta para que esta figura fuera utilizada con mucha mayor frecuencia, en muchos casos, sin que necesariamente las compras tuvieran que ver con razones médicas o de prevención.
Las adjudicaciones directas son (o mejor dicho, deberían de ser) la excepción a la regla. Las autoridades regularmente hacen compras o contrataciones a través de una licitación. Este es un mecanismo que, en términos generales, es una suerte de concurso donde la autoridad plantea sus necesidades y las empresas o individuos participan ofreciendo sus servicios. Los mejores evaluados, tanto por precio como por su calidad, ganan la licitación. Este ciclo, a pesar de que puede ser vulnerado por la simulación y las malas prácticas, reduce los márgenes para un uso inadecuado o poco eficiente de los recursos públicos.
Una adjudicación directa es lo opuesto, significa la compra a alguien sin pasar por el proceso de licitación. La ley prevé que existan ciertas razones para hacerlo de esa manera: ya sea porque el proveedor tiene la patente del producto, por una emergencia climatológica o médica. Aquí es donde entra el COVID-19 en la ecuación. Valiéndose de la emergencia que significó la pandemia, las autoridades, de todos los órdenes de gobierno, han hecho compras y contrataciones usando esta excepción a la regla. Lo que ha traído consigo que la figura sea utilizada para justificar la compra o contratación de servicios que no están relacionados con la atención a la pandemia sin tener que pasar por una licitación.
Pero incluso en aquellos materiales esenciales para hacerle frente al COVID-19 también se han documentado problemas. Pues la emergencia se convirtió en la oportunidad para que algunos asignaran de manera directa grandes compras a proveedores cercanos o amigos. Esta no es una discusión exclusiva del contexto mexicano: en pasados días la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido acusada de favorecer a su hermano con compras gubernamentales durante la crisis de COVID.
La pregunta que surge es ¿qué hacer al respecto? Como mencionaba antes, la solución depende de distintos factores, pero sin duda el más importante en este momento es la presión social. Es imposible que la ciudadanía se dedique a vigilar cada centavo que entra y sale por las arcas públicas, sin embargo, lo que sí es posible (como lo hemos podido constatar) es que la exigencia de cuentas de la sociedad haga que los funcionarios y líderes políticos reculen o ajusten sus comportamientos (recientemente hemos podido ver cómo esta exigencia ha funcionado en otro tipo de casos, como la designación de funcionarios o candidatos).
Hoy más que nunca las acciones de denuncia y de exigencia de cuentas son necesarias para corregir esta forma de gastar los recursos públicos en los tres niveles de gobierno.