Patricia Kurczyn Villalobos

¿Regalarías tus datos personales por y para las elecciones?

La colaboradora invitada reflexiona sobre la importancia de la protección de datos personales en tiempos de elecciones.

Nuestra Constitución reconoce los derechos humanos al acceso a la información como a la protección de los datos personales.

Significativas reformas al artículo 6o en 2014 y legislación secundaria instituyen organismos como el INAI y establecen principios para proteger a toda persona en el disfrute de estos derechos y para sancionar su violación.

Recuérdese que los derechos humanos se blindan con la ratificación de múltiples tratados internacionales en la materia, como lo ordena nuestra misma Carta Magna, misma que reconoce el derecho de los ciudadanos para ejercer sus derechos políticos: votar y ser votado en elecciones populares las cuales deben ser libres, auténticas y periódicas. ¡Es más, votar es un deber! El sufragio es universal, libre, secreto y directo, en consecuencia, la afiliación a los partidos políticos es libre y nadie puede ser discriminado por sus preferencias políticas.

Las opiniones políticas son un dato sensible (LFPDPPP art. 3-VI), su incumplimiento genera sanciones, de ahí que las intromisiones, la venta, la disposición, la transferencia gratuita o no, sin el consentimiento del titular de los datos personales, la alteración o uso de sus datos con motivos electorales constituye una violación a la legalidad. Así, la posible interferencia de datos por compañías u organizaciones con el propósito de favorecer o perjudicar campañas políticas o las mismas elecciones son un tema mayor.

Hoy, en México, a un paso de las elecciones más complejas en la historia se cierne la duda en torno a la posible intromisión de Strategic Communication Laboratories Group y/o Cambridge Analytica, involucradas en el uso de datos de 50 millones de usuarios de Facebook; caso que ha sembrado la enorme preocupación por la intromisión en procesos electorales en otros países.

En México, debe preocuparnos la protección de datos personales de más de 89 millones de electores que pudiera trascender y amenazar la libertad y la legalidad de nuestras elecciones. La red social anunció haber tomado medidas y tener otras en proceso para evitar semejante abuso de datos personales, pero hay algo significativo y es que en alguno de los informes se dice que la recolección y procesamiento de datos se hizo a través de una aplicación que los propios usuarios descargaron voluntariamente, y se presume que no fueron informados puntualmente del destino de esos datos, pero más grave es que las reglas de privacidad de Facebook lo permitieron.

Los medios han dado información sobre la posible participación en México con oficinas de SCL y CA, incluso se afirma que el expresidente Fox sugirió la contratación de esas empresas, que trabajan con él y el Centro Fox (El Financiero. 2018-04.02). Vale mucho la pena enfatizar que el INAI, está alerta y preparado conforme a la normatividad generada, por cierto, durante este sexenio, lo que debiera infundir seguridad de que nadie y menos algún partido político, haga uso de estos métodos ilícitos para inclinar el sentido de las preferencias políticas. Sería gravísimo, y deleznable, intentar menospreciar la inteligencia y la dignidad de los ciudadanos, para alcanzar triunfos electorales que quedarían viciados y con una legitimidad en suspenso.

El INAI no cuenta hasta ahora con evidencias de semejante mercado y, en su caso, procedería enérgicamente en los términos de ley. Por lo pronto se previene a los usuarios de las redes sociales sobre la custodia de sus datos personales para evitar su comercialización.

Cualquier manipulación en las elecciones devalúa la moral de la sociedad mexicana. ¿Cuáles son las lecciones que quisiéramos dar a nuestros niños y jóvenes en el comportamiento cívico? Esa es responsabilidad y tarea de cada ciudadano y ciudadana. Cierro esta reflexión afirmando que el INAI como órgano colegiado actuará con autonomía e imparcialmente a la par de otros órganos de la misma naturaleza como el INE y la CNDH, en el marco de las atribuciones de cada uno de ellos, siempre en defensa de los derechos humanos y de las instituciones.

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