Transparencia, anticorrupción y violencia

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Se vislumbra una fraternidad normativa como aquella que en sus tiempos formaron las 5 Leyes Hermanas que Salvador Alvarado promulgara hace poco más de un siglo en Yucatán como un estilo para gobernar con justicia social. Eran otros tiempos, eran otras las circunstancias, baste referir que aún no se promulgaba nuestra hoy centenaria Constitución Política; sin embargo, a un siglo de distancia, la reciente promulgación de las leyes General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2015), la Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2016) y la General del Sistema Nacional Anticorrupción (2016) así como la presentación de la iniciativa de la Ley General de Archivos (2016), a lo que se agrega, porque será un complemento, la iniciativa de la Ley General de Datos Personales en Posesión de Autoridades, Órganos y Organismos de Gobierno, ya aprobada por el Senado y en revisión en la Cámara de Diputados (2016), armonizan un paquete legislativo de excepcional contenido público social, leyes hermanas que revelan con diafanidad la forma legislativa actual de combatir la mentira, la irresponsabilidad, la negligencia, la desidia, el soborno, la deshonestidad, o en dos palabras, lo ilícito y lo inmoral en los actos de gobierno o de cualquier instancia pública que use recursos públicos o ejerza autoridad. Para ello se han instituido el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Anticorrupción en cuyo comité coordinador confluyen: un representante del Comité de Participación Ciudadana (preside), los titulares de la Auditoría Superior de la Federación y de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, los presidentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del INAI y el titular de la Secretaría de la Función Pública y es aquí precisamente en donde me quiero referir al programa de trabajo anunciado por su titular, la maestra Areli Gómez, basado en cinco ejes, uno de los cuales es la equidad de género. Desde luego existen importantes y múltiples vínculos en acciones contra la corrupción entre esta dependencia federal y el INAI, uno de ellos, eje de acción en el que coincidimos, que es reforzar el liderazgo de la SFP en una efectiva política de transparencia más que afín con las políticas del propio INAI; pero destaco la promoción de la igualdad de género a propósito de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer y la campaña "Únete" que la ONU impulsa. Es seguro que ambas instituciones podrán construir conjuntamente condiciones óptimas para combatir la corrupción en los términos que dispongan las nuevas leyes hermanas citadas que deben contribuir a eliminar la violencia en contra de la mujer. Destaco los intereses del propio INAI que en su renovación institucional creó una dependencia, si bien modesta como hay que reconocerlo, suficiente por su dinamismo para trabajar en un eficiente programa que promueve los derechos humanos, la igualdad y el género. Bajo este esquema, el INAI, más transparente que nunca, tendrá un activismo a partir del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

La autora es comisionada del INAI.

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