Lo que México está viviendo no puede quedar desdibujado en la bruma de las campañas o bajo el peso del negacionismo y la mentira.
Guerrero es un estado sin ley, y las matanzas se suceden sin consecuencias en casi todos los estados de la República.
El país pide a gritos poner freno a la tolerancia del gobierno ante la acción criminal de los cárteles.
Nuestro gobierno cree que a la administración federal de Estados Unidos la engañó con lo que allá llaman gaslighting (negación de hechos sumamente evidentes), como que “en México no se produce fentanilo”.
Eso es tanto como negar que aquí se produzcan vehículos porque algunas partes llegan de Brasil, Taiwán o Estados Unidos.
Mientras se trafica al norte con fentanilo, heroína y cocaína, se pierde el control de la frontera sur que se disputan los grades cárteles y toman el negocio del tráfico de indocumentados.
México vive una situación de vulnerabilidad y de terror.
El país se nos escurre entre las garras de la delincuencia autorizada, o tolerada, y desde luego negada.
Matan de verdad, extorsionan de verdad, asaltan y asesinan de verdad en las carreteras. No es invento de “los conservadores”, sino una realidad inaceptable.
Es una urgencia nacional que se escuche el grito de “ni una elección más financiada por el narcotráfico”.
Las dos candidatas presidenciales tendrían que elaborar las bases de una política de Estado en seguridad, con la sincera intención de recuperar la vigencia de la ley y frenar a los grupos criminales.
Que lo firmen las candidatas.
Con toda seguridad habría coincidencias entre los asistentes a las manifestaciones del domingo y la mayoría de los que votarán por Morena en junio.
Unos lo gritan y otros lo callan por razones electorales.
Las consecuencias del avance del narco y cárteles de todos los giros del abanico delictivo las padecen los ciudadanos sin distingos de preferencias políticas.
Haber partidizado el tema de la violencia en el país ha resultado catastrófico para la población.
Según el gobierno vivimos más seguros que nunca y los que denuncian la vorágine criminal son “conservadores”, quieren “afectar nuestro proyecto”, buscan “recuperar privilegios”.
Eso es gaslighting. Mentiras machaconas para desviar la atención de su ineptitud. U ocultar compromisos de beneficio mutuo del partido gobernante con el crimen. O maromas para no reconocer el error de “abrazos no balazos”.
No se puede seguir así. No más narco.
Del actual gobierno, a unos meses de irse e instalado en el negacionismo, ya no se puede esperar nada.
Pero si las dos candidatas a la Presidencia presentan, de manera conjunta, una plataforma común de inequívoco compromiso para combatir a los cárteles, el país podrá tener esperanza de que hay luz al final del túnel.
Ya en los respectivos programas de gobierno que se subrayen matices y diferencias, pero con una base común: la ley es la ley.
Qué mayor evidencia de que no contamos con el gobierno para desactivar o someter a los grupos criminales que los pactos que busca la Iglesia entre los cárteles de Guerrero.
Con las actuales autoridades no se cuenta, por lo que es indispensable comprometer a la administración que comienza el primero de octubre.
Nada de pactos con el narco.
Sí al acuerdo entre dos mujeres que aspiran a gobernarnos, y una de ellas lo hará.
Las organizaciones de la sociedad civil, dirigencias empresariales, gremios y las iglesias, podrían jugar un papel activo a fin de incentivar a las dos candidatas a un compromiso.
Dijo ayer el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi: “Los obispos intentamos hablar con estos líderes porque no podemos quedarnos sólo en quejas y lamentos contra el gobierno, que no ha logrado pacificar al país”.
Qué claridad tan terrible:
La Iglesia habla con los grupos criminales porque el gobierno no ha podido pacificar al país, dice el respetado obispo emérito.
¿Por qué va a pacificar, si tenemos más paz que nunca?
No es tarea de la Iglesia tejer pactos y alianzas entre grupos criminales. Por ese camino, también sus obispos resultarán manchados.
Corresponde al gobierno gobernar, garantizar la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos, la libertad de tránsito y mantener el monopolio del uso de la fuerza. No lo hace.
Y henos aquí con la Iglesia en la gestión política de pactos entre cárteles criminales para que se repartan territorio y población.
Mejor que aliente un pacto entre las candidatas.
Las dos acaban de ir al Vaticano. Que no les salga gratis.
Venga un acuerdo por el bien común:
No más narco.
Ni una elección más financiada por cárteles criminales.