MIAMI, Florida.- Cuando se renegoció el TLC con Estados Unidos, en el único capítulo que intervino el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador fue en el relativo a las energías.
Así lo dijo y felicitó a su representante en el grupo negociador, Jesús Seade, por haber puesto a salvo los intereses de la nación.
Y lo que el gobierno mexicano viola es, precisamente, lo que hizo.
Las preguntas son varias.
¿Por qué redactaron algo con lo que no estaban de acuerdo?
¿Por qué felicitó AMLO a Seade, que participó en la negociación de un capítulo con el que ahora está en desacuerdo?
¿Para qué respaldaron el TMEC, y lo firmaron con su voto en el Senado, si no lo iban a cumplir?
Tal vez estemos en presencia de la demolición deliberada del tratado que sacó a México de la crisis de 95, y mantiene a flote al país a pesar de los estropicios causados por la mala conducción económica del actual gobierno.
Vamos a los hechos.
El inicio del proceso de consultas bajo el TMEC indica que la versión oficial de que durante la reunión con AMLO los empresarios de Estados Unidos se habían comprometido a invertir 40 mil millones de dólares de aquí al resto del sexenio, fue un sueño guajiro, por no decir una mentira.
Como se reportó en El Financiero, los empresarios estadounidenses tienen claro que existe un deterioro del clima de inversión en México y pidieron cinco cambios específicos:
-Erradicar las políticas del sector energético que favorecen injustamente a las empresas estatales a expensas de los proveedores del sector privado.
-Eliminar los onerosos requisitos de la ‘Carta Porte’ y los desafíos asociados a la implementación del artículo 7 del TMEC.
-Abordar los retrasos y denegaciones sistémicos en la concesión de permisos y licencias en sectores clave como los hidrocarburos y las aduanas.
-Cesar los cierres de instalaciones como terminales de energía, minas y canteras en acciones muchas veces desprovistas del debido proceso.
-Acelerar el ritmo de los procesos de aprobación de productos biofarmacéuticos, biotecnológicos agrícolas, dispositivos médicos y alimentos.
El quid de la queja es muy claro: los cambios impulsados por López Obrador en materia energética son inconsistentes con las obligaciones de México bajo el TMEC.
Tales cambios afectan los intereses económicos de Estados Unidos en múltiples sectores, en especial en energía y en la inversión de los proveedores de energía limpia.
En su argumentación, la representación comercial de la Casa Blanca deja en claro que han tratado de trabajar constructivamente con México, pero las empresas siguen enfrentando un ‘trato injusto’.
Es interesante ver que la lista de agravios documentados por la USTR prácticamente son una copia de los reclamos que dio a conocer la Cámara de Comercio de Estados Unidos después del encuentro con López Obrador, en el Instituto Cultural Mexicano de Washington.
Como era de esperarse, la Cámara de Comercio aplaudió la ofensiva:
“La cámara aplaude este importante paso para abordar las medidas preocupantes que México está avanzando en su sector energético que creemos que violan los compromisos del país bajo el TMEC. Hemos expresado en repetidas ocasiones nuestra preocupación por la dirección de estas políticas, que han perjudicado injustamente a las empresas estadounidenses y están en desacuerdo con nuestros objetivos comunes de generar energía confiable, crecimiento sostenible y una recuperación económica duradera”.
Estados Unidos deja claro en su exposición de motivos que muchas empresas energéticas llegaron a México a partir de 2013, gracias a las reformas que se aprobaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En contraste, la USTR lamenta que “desde diciembre de 2018, México ha seguido una política energética centrada en restablecer la primacía de su empresa eléctrica estatal, CFE, y la compañía de petróleo y gas, Pemex”.
Afirma: “México también ha tomado, o está tomando, acciones o inacciones que están restringiendo la capacidad de las empresas privadas para participar de manera efectiva, si es que lo hacen, en el sector energético de México. Estas acciones incluyen, pero no se limitan a: retrasar, denegar o no actuar sobre las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de permisos; suspender o revocar los permisos existentes; o bloqueando de otro modo la capacidad de las empresas privadas para operar instalaciones de energía renovable, como instalaciones eólicas y solares, para importar y exportar electricidad y combustible, para almacenar o trasvasar combustible, y para construir u operar estaciones minoristas de combustible”.
En suma, la administración Biden está enviando el mensaje a López Obrador de que es el momento de empezar a pagar las facturas por sus políticas económicas estatistas y retrógradas, y que esto puede desalentar más inversiones estadounidenses en México en la recta final del sexenio.
Además, manda la señal de que en esta ofensiva está alineada con la poderosa Cámara de Comercio y con los demócratas y republicanos del Congreso, donde AMLO tiene cero aliados y un creciente ejército de enemigos.
Este es el verdadero resultado de la visita a Washington: un ultimátum comercial, y seguramente otros que iremos conociendo, pero que explican la incómoda postura del presidente López Obrador cuando estuvo sentado junto a un presidente al que cometió el error de mirar en menos.