Oscar M Guerra Ford

Retos y desafíos de la Política Nacional de Transparencia

Guerra dice que en la evaluación a lo publicado en la plataforma de transparencia, el nivel más alto de cumplimiento fue de los Poderes Legislativo y Judicial

En las sociedades democráticas es fundamental la implementación de instrumentos innovadores que permitan a los gobiernos mejorar los procesos de comunicación y retroalimentación con la ciudadanía; la rendición de cuentas es uno de los instrumentos más efectivos para que los ciudadanos se involucren en los asuntos públicos; además, contribuye en el fortalecimiento de la confianza del quehacer gubernamental.

La rendición de cuentas se lleva a cabo: a) mediante el ejercicio del derecho de acceso a información (solicitudes de información), o bien, b) mediante la práctica de transparentar los actos de gobierno (difusión de información pública), en ambos casos, la legislación nacional contempla procedimientos claros e identifica a los responsables de cumplirlos y hacerlos cumplir.

Con la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia es posible consultar información de cualquiera de las cerca de ocho mil instituciones públicas de los tres ámbitos de gobierno, sindicatos, partidos políticos y de quienes reciben y ejercen recursos públicos.

Como parte de las atribuciones con las que cuentan los organismos garantes de la transparencia en el país, se implementaron procesos de evaluación del cumplimiento de obligaciones de transparencia con efectos vinculantes, es decir, sancionar o reprender a quienes no cumplan con sus obligaciones de publicidad de información.

En 2015 el INAI construyó un Sistema de Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados para medir el nivel de desempeño de las instituciones públicas en cuatro dimensiones: información pública de oficio, calidad de las respuestas, atención a la población mediante las Unidades de Transparencia y capacitación; estableciendo un conjunto de atributos deseables para cada dimensión.

Particularmente, en la dimensión de información pública de oficio se verifica que la información publicada obligatoria por la Ley, tanto información común o específica, se realice conforme a los estándares de calidad establecidos en unos Lineamientos aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia.

A nivel federal, en diciembre de 2017 fue publicado, en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Anual de Verificación 2018 en el que se establecieron los periodos para que el INAI llevara a cabo tres verificaciones con el objeto de corroborar que la información publicada por las instituciones públicas federales cumpliera con los parámetros establecidos.

Para la evaluación se revisó la información publicada por 869 sujetos obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia y de los resultados, destacan los siguientes datos:

1. Por sector de gobierno, el nivel más alto de cumplimiento (100%) lo obtuvieron los Poderes Legislativo y Judicial; seguidos de los organismos autónomos con un 96%; fondos y fideicomisos públicos con el 91.2%; el Poder Ejecutivo con 88.5%; partidos políticos el 87.8% y, finalmente, con un 74.9% los sindicatos.

2. Por rangos de cumplimiento, encontramos que 351 sujetos obligados cumplieron al 100%; 328 entre el 80% y 99.9%; 164 cumplieron en menos del 79.9% y, 26 un 0% por no haber publicado información.

3. En promedio, las obligaciones comunes, es decir, aquellas que corresponde cumplir a todos los sujetos obligados, obtuvieron un nivel de cumplimiento del 87.2 por ciento, esto es, 20 puntos porcentuales más respecto a la verificación diagnostica realizada en 2017; con ello, es posible observar un mejor entendimiento de los formatos establecidos en las obligaciones de transparencia, además de un mayor compromiso de los sujetos obligados con su cumplimiento.

El procedimiento de verificación de las obligaciones de transparencia permite interpretar de forma integral los resultados y compararlos a lo largo del tiempo contra sí mismos y contra el resto de los sujetos obligados, además, permite detectar las incidencias de cada institución con el objeto de reconocer o sancionar en virtud del desempeño de cada una de ellas, incrementando así, el valor de la información que difunden y erradicando asimetrías en su calidad.

El valor de contar con un procedimiento de evaluación de las obligaciones de transparencia radica en conocer los parámetros adecuados de medición y definir procedimientos para la recopilación y procesamiento de la información que resulte de mayor interés y utilidad para la población.

Con la implementación de instrumentos tecnológicos y medios de evaluación adecuados se ha logrado estandarizar y homologar a lo largo del territorio nacional la información generada por las instituciones públicas. Para que las personas puedan acceder sin necesidad de presentar una solicitud de acceso a información pública.

Para los sujetos obligados cumplir con lo mandatado en las leyes en materia de transparencia ha sido un gran desafío y, por parte de los organismos garantes de la transparencia en el país, la labor de acompañamiento ha sido indispensable; reconocemos que aún falta un largo camino por recorrer, pero con el trabajo en coordinación de autoridades e instituciones públicas involucradas, sin duda, se lograrán los objetivos trazados en la política nacional de transparencia y acceso a la información.

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