México es un país con memoria. Año con año son recordados aquellos acontecimientos que han marcado la historia político-social de nuestro país; el asesinato de estudiantes conocido como "El Halconazo" hace ya 48 años; la masacre de estudiantes en el año 1968… "El dos de octubre no se olvida"; recientemente el veinticinco aniversario luctuoso del entonces candidato Luis Donaldo Colosio; el décimo aniversario del trágico incendio en la Guardería ABC; en septiembre próximo, el quinto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala, en Guerrero.
A lo largo de los años, investigadores, historiadores, estudiantes y la población en general, en un sentido humano, derivado de un impulso eminentemente consciente, han buscado conocer la verdad; la verdad de hechos como los antes citados en un ánimo de sensibilización y empatía con respecto del otro, con un afán de justicia y con la prevalente pretensión de evitar que vuelvan a repetirse tales crímenes y violaciones a los derechos humanos.
Un eje fundamental para la creación informada de la memoria histórica de un país es la generación, conservación y difusión de todo documento o archivo, cuya definición, —desde el enfoque del derecho humano de acceso a la información—, se traduce como cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico que documente un acto, esto es, todo aquel material que dé cuenta de un hecho. Es ahí donde radica la importancia y trascendencia de los archivos.
El 15 de junio pasado, oficialmente entró en vigor la Ley General de Archivos que tiene por objeto establecer los principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad; esto es, se sientan las bases de una nueva cultura en el ámbito de los tres niveles de Gobierno con relación al debido tratamiento de los archivos que genera u obtiene por cualquier medio, a través de criterios procedimentales y metodológicos rigurosos.
Uno de los propósitos de la más reciente legislación en materia de gestión documental es la promoción de la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, con respecto al actuar de las autoridades e instituciones públicas a través de la organización y preservación de los archivos, con el objeto de garantizar el derecho a la verdad y el acceso a la información, así como fomentar el conocimiento del patrimonio documental de la Nación, teniendo un énfasis en la documentación histórica, entendida como aquella de conservación permanente por la relevancia para la memoria nacional, regional o local de carácter público.
Un ejemplo del reconocimiento de la importancia de la información histórica fue la reciente inauguración del memorial de las víctimas de la llamada guerra sucia, el pasado 10 de junio, por conducto del subsecretario de Derechos Humanos, de la SEGOB, Alejandro Encinas, en uno de los edificios de la extinta Dirección Federal de Seguridad, esto, como parte del proyecto 'Sitios de Memoria', que prevé el rescate de inmuebles utilizados para reprimir a los disidentes al régimen.
Por su parte, el INAI, como integrante fundador del Grupo Permanente del Proyecto Memoria y Verdad, en conjunción con las organizaciones de la sociedad civil, Artículo 19, Fundar, el Centro PRoDH y la Universidad Iberoamericana, han sido precursores del reconocimiento de la importancia de los archivos como objeto per se del ejercicio del derecho a saber, así como para el conocimiento informado de un hecho.
El proyecto Memoria y Verdad, presentado en octubre de 2016, que consiste en un espacio virtual para la recuperación y construcción de la memoria colectiva de hechos en que se configuraron presuntas, o ya calificadas violaciones graves a derechos humanos, así como actos relacionados con la probable comisión de crímenes de lesa humanidad, tiene el propósito de promover las garantías de no repetición, facilitar a las víctimas el acceso a información, como punto de partida para ejercer otros derechos como el de acceso a la justicia y el resarcimiento del daño. Para su consulta ingresar a la liga: www.memoriayverdad.mx
Ésta nueva era de apertura de la información gubernamental e histórica se ha caracterizado por un nuevo enfoque en relación con la rendición de cuentas. Un ejemplo de ello es el Decreto Presidencial emitido en febrero del año en curso, a través del cual se ordena una apertura ordenada del acervo histórico de la nación, —consistente en información del año 1985 a la actualidad, que se relacione con violaciones a los derechos humanos, persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, y actos de corrupción de todo tipo—, resguardado por instancias tales como el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Policía Federal, que deberá ser entregado al Archivo General de la Nación, para que, una vez determinado el procedimiento a través de los Lineamientos correspondientes se ejerza adecuadamente el derecho de acceso a dicha información.
La implementación de la Ley General de Archivos y los proyectos institucionales, académicos y de la sociedad civil han generado logros importantes para la materia archivística como uno de los ejes principales para el efectivo acceso a derechos fundamentales. Por ello, es necesario continuar con la sensibilización de los funcionarios y servidores públicos acerca de la relevancia en el tratamiento a todos aquellos archivos que emiten, resguardan, emplean y conservan, pues todo ello forma parte, no solo de la memoria institucional de una entidad u órgano al que pertenecen, sino que coadyuva a la memoria nacional de este país.