La elección del pasado 1 de julio marcó un hito en la historia democrática de México, tanto por el número de personas que acudieron a las urnas, 56.4 millones de ciudadanos, cifra que representa el 63.42% de la lista nominal de electores, así como por el significativo margen de victoria obtenido por el proyecto del candidato ganador, que obtuvo 53.19% de los votos. Debe sumarse el hecho de que todos los candidatos al cargo de Presidente de la República reconocieron que las tendencias no les favorecían aún antes de darse a conocer los resultados del conteo rápido. Las instituciones funcionaron ejemplarmente y la jornada electoral más compleja de la historia se realizó con una sobresaliente tersura.
Al realizar un análisis de los discursos, promesas y expectativas que caracterizaron las campañas electorales, es claro que uno de los puntos torales fue la manera de atender el grave problema de corrupción al que se enfrenta nuestro país, más aún cuando organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, han estimado el costo de la corrupción entre el 9 y el 10 por ciento del Producto Interno Bruto. Esto significa que, si mantenemos lo demás constante, el costo de la corrupción paso de los 672 mil millones de pesos en el año 2000 a 2.1 billones en 2016. El resultado electoral debe leerse como un reclamo contundente para priorizar el combate a la corrupción.
Resulta indiscutible para el pleno desarrollo nacional que, la nueva administración, reconozca el papel central que representan la transparencia y la rendición de cuentas para el adecuado combate a la corrupción. México cuenta con el marco normativo e institucional necesarios para llevar a cabo estas tareas, es decir, una correcta fiscalización y cuidado de los recursos públicos para lograr prevenir, desincentivar y sancionar las malas prácticas administrativas que quebrantan la integridad de los servidores públicos. Así, hoy más que nunca, el entramado normativo e institucional que permiten garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, un análisis detallado y oportuno del ejercicio del gasto y una fiscalización eficiente, son fundamentales, y son en realidad los mejores aliados del nuevo gobierno.
México cuenta con el conocimiento e instrumentos suficientes para echar a andar una política anticorrupción exitosa. Desde el año 2002 en el que se reglamentó el acceso a la información en la ley, pasando por la publicación de leyes estatales en la materia, hasta el establecimiento por mandato constitucional de directrices que regulen la transparencia y el combate a la corrupción en 2014, sumado a la creación de aparatos institucionales encargados de los procesos de implementación y seguimiento para la consecución de los objetivos como lo son el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia, se ha logrado establecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones de gobierno.
El esfuerzo por combatir a la corrupción en México se ha reflejado en la modificación y creación de un marco normativo sólido que permite hacer frente a este fenómeno, tanto en materia de transparencia, al ampliar el número de los sujetos obligados que deben publicar información (partidos políticos, los sindicatos, los órganos autónomos, los fideicomisos y los fondos públicos); como en materia administrativa, estableciendo claramente las responsabilidades de los servidores públicos y particulares que incurran en actos de corrupción y fortaleciendo las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.
Es importante aprovechar los logros que, en los ámbitos de los sistemas nacionales de Anticorrupción y de Transparencia, se han alcanzado para completar, dar continuidad y profundizar las tareas que se efectuarán en el marco de la política de combate a la corrupción, de transparencia y rendición de cuentas.
Por otro lado, gracias a la sistematización de la información publicada por ley y concentrada en la Plataforma Nacional de Transparencia, hoy es posible vigilar con mayor facilidad la gestión pública y detectar patrones o anomalías que revelen actos de corrupción. Por ejemplo, al dar seguimiento a las contrataciones, los viáticos, la evolución de la deuda, el ejercicio del gasto, el cumplimiento de metas y objetivos, las relaciones con la iniciativa privada, el manejo de fondos y fideicomisos, o el gasto en publicidad oficial. Todas ellas obligaciones de todas las instituciones públicas en nuestro país.
El Sistema Nacional de Transparencia encabezado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales son los mejores aliados de la nueva administración, y fortalecer su integridad institucional se traducirán en un Estado más robusto y en una sociedad más próspera.
*Comisionado del INAI.