El ejercicio del derecho de acceso a la información: el caso Odebrecht
ESCRIBE LA BÚSQUEDA Y PRESIONA ENTER

El ejercicio del derecho de acceso a la información: el caso Odebrecht

COMPARTIR

···

El ejercicio del derecho de acceso a la información: el caso Odebrecht

13/11/2018

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, México ocupa el lugar 135 de 180 países evaluados. Coincidentemente, de los resultados sobre la percepción de la población mexicana en torno al fenómeno de corrupción mostrados por la Encuesta Nacional de Calidad Gubernamental 2017, se advierte que este ocupa el segundo lugar entre los problemas que más preocupan a la ciudadanía; el 56.7% de la población percibe de manera preocupante los actos de corrupción que afectan su vida cotidiana empezando por la seguridad.

Uno de los casos representativos relacionados con posibles prácticas de corrupción lo constituye el “Caso Odebrecht”. En ese sentido, hoy tenemos registro de 280 solicitudes de acceso a información y 22 recursos de revisión resueltos relacionados con este tema, de los cuales, en 14 se ordenó y entregó la información al solicitante (63.6 por ciento) y en 8 (36.4 por ciento) ha sido confirmada la respuesta del sujeto obligado.

Entre la información que se ha ordenado entregar destaca la relativa a contratos celebrados por Pemex y sus empresas productivas subsidiarias, con sus respectivos anexos y convenios modificatorios. Asimismo, se ordenó la entrega en versión pública, de 6 procedimientos administrativos sancionadores relacionados con filiales y directivos de la empresa a la que se alude.

Al respecto, destaca un recurso de revisión interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República (PGR), mediante la cual se le instruyó a ésta conceder el acceso a un particular, en versión pública, a las actuaciones de los agentes del Ministerio Público involucrados en la carpeta de investigación del caso Odebrecht.

En ese sentido, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, solicitó un amparo ante un Juez Federal para que los datos sobre su persona que obran en la carpeta no fueran difundidos y, el Juez concedió una suspensión que impide, por el momento, dar a conocer la información relacionada únicamente con el exfuncionario.

Lo anterior, de ninguna manera impide que la PGR cumpla con la resolución del INAI toda vez que éste se basó en un ejercicio de ponderación de derechos del que se advirtió una afectación menor del bien jurídico de la protección, a la debida consecución de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público Federal, en relación con el beneficio mayor de favorecer el derecho de acceso a información pública y del ejercicio de la rendición de cuentas respecto a que se brinde información sobre el actuar y los resultados de la PGR relacionados con esta investigación y simplemente, como se ordenó en la versión pública, se testen los datos personales de Emilio Lozoya y de otras personas relacionadas.

Lo anterior, en el entendido de que es una investigación que ha conmocionado a la opinión pública nacional e internacional, pues será la PGR quien determine la existencia de actos, o no, de corrupción de servidores públicos y particulares involucrados y de las posibles sanciones que, en su caso, deberán ser impuestas.

Es de destacar que el INAI ha puesto a disposición de la sociedad mediante el micrositio “Ante la opinión pública” alrededor de 295 documentos relacionados con el “caso Odebrecht” con el propósito de que la población interesada pueda acceder de manera expedita a esta documentación que se ha convertido en trascendental y de interés público.

Actualmente contamos con un marco normativo fuerte en materia de transparencia que ha contribuido, como en este caso, a poner información relevante y con ello, las autoridades competentes puedan alcanzar los objetivos establecidos para el combate a la corrupción; ahora corresponde aplicar y vigilar el cumplimiento puntual de las normas anticorrupción y, en su caso, castigar los actos ilícitos en el servicio público sin importar de quién se trate.

El INAI continuará realizando su tarea para garantizar un efectivo ejercicio del derecho de acceso a información y de utilidad para que la sociedad mexicana tenga a disposición información que le permita exigir a las autoridades que, en materia de corrupción, se obtengan resultados tangibles que se han convertido en una exigencia y que son una de las razones que explican el triunfo del nuevo gobierno.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.