A la memoria de las víctimas de San Fernando
Hace ya siete años, una particular solicitó a la entonces Procuraduría General de la República los expedientes de averiguaciones previas relacionados con la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas y de las personas halladas sin vida en Cadereyta, Nuevo León; hechos ocurridos entre 2010 y 2012.
En aquél momento, la PGR clasificó la información y, ante la negativa, la solicitante acudió al entonces IFAI señalando que la información debía darse a conocer por tratarse de hechos relacionados con violaciones graves a derechos humanos.
En el mismo año, el Pleno del IFAI determinó por mayoría avalar la clasificación, argumentando que no contaba con la facultad para calificar la existencia de violaciones graves a los derechos humanos, siendo que la Ley de Transparencia vigente en ese tiempo preveía la excepción manifestada por la solicitante, esto es, que no podría invocarse el carácter de reservado cuando se tratara de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad; sin embargo, el IFAI argumentó que para aplicar esa excepción, primero, las autoridades en materia de derechos humanos debían haber calificado los acontecimientos.
En consecuencia, en su lucha por conocer la verdad de los hechos, la solicitante promovió un amparo ante el agravio que le causó la resolución del Instituto y por la relevancia del tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y en abril de 2019 ordenó que se emitiera una nueva resolución en donde, el ahora INAI, reconociera su competencia para determinar si los casos señalados por la solicitante se encontraban en el supuesto de excepción.
Así, la sentencia de la Corte deja en claro que nuestro Instituto Nacional de Transparencia tiene la facultad prima facie, para analizar y determinar, —exclusivamente para efectos de brindar o no acceso a la información—, si la documentación requerida a través de solicitudes de información pública, se encuentra relacionada con violaciones graves a derechos humanos o con delitos de lesa humanidad, sin que esto implique atribuciones juzgadoras o sancionadoras a los implicados.
Derivado de lo anterior, presenté el proyecto de resolución elaborado por la ponencia a mi cargo ante el Pleno del INAI, en la sesión del 12 de febrero pasado, en donde se determinó que las averiguaciones previas entonces integradas por la PGR, acerca de los lamentables hallazgos en Tamaulipas y Nuevo León, constituyen información que se relaciona con posibles violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, por lo que ordenó a la hoy Fiscalía General de la República abrir, de forma íntegra, los tres expedientes localizados.
Con esto, luego de diez años de que ocurrieran esos terribles sucesos y siete años después de que se solicitara la información, se logró garantizar el acceso a la documentación, misma que hoy podemos considerar histórica debido al impacto que causó a la sociedad no solo mexicana, sino internacional por la magnitud y gravedad de la violencia observada a un grupo numeroso de personas migrantes, incluidos menores de edad que fueron sometidos a tratos inhumanos, al ser privados de su libertad, torturados y brutalmente asesinados presuntamente por un grupo criminal.
En ese sentido, al hacer públicas las acciones llevadas a cabo por la autoridad responsable de la investigación de los hechos, que han cimbrado la memoria colectiva y que aun con el pasar de los años no dejan de provocar la indignación de la sociedad, los ciudadanos podrán ejercer el control de vigilancia y exigir que se esclarezcan los casos, con el propósito de hacer justicia a las víctimas y a sus familias esperando que llegue el día en que se castigue a los responsables.
Hoy podemos señalar que esta información es histórica y de interés público y, si bien, tuvieron que pasar siete años para su publicidad, se establece un precedente más para erradicar la opacidad; en ese sentido, se destaca que hace unas semanas fue abierta, luego de décadas de permanecer oculta, la información que resguarda el Archivo General de la Nación sobre la llamada "guerra sucia".
Con ello, se avanza en el camino hacia un gobierno abierto, al interés y participación cada vez mayor de la ciudadanía en mantener viva la memoria colectiva y en buscar la verdad.