El autor es periodista mexicano especializado en asuntos internacionales .
¿Quién debe estar por encima de la ley? Nadie. Las democracias se mueven entre constituciones e instituciones. Y la autonomía e independencia de los poderes dentro un Estado son fundamentales para que, como un papalote en vuelo, se logre equilibrio, estabilidad y altura.
No obstante, estos poderes deben sujetarse a las reglas del juego, es decir al complejo andamiaje de artículos que conforman nuestra biblia republicana, la Carta Magna, que en México fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y que se encarga de darle cuerda a nuestro reloj.
El artículo 49 dice que el "Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial". Por su parte, el artículo 89 suscribe que dentro de las facultades y obligaciones del presidente está "promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión".
Además, el artículo 106 afirma que corresponde al Poder Judicial de la federación "dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los tribunales de la federación, entre éstos y los de las entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otra".
A partir de estas básicas y escuetas pincelada que sustraje de los 136 artículos (más los transitorios) se puede comprender lo que ha estado pasando durante las últimas semanas y que está generando un encontronazo, como pocas veces se había visto, entre los poderes Ejecutivo y Judicial en nuestro país y que ponen a prueba su independencia y legitimidad.
Por todos es sabido que después de que la Cámara de Diputados aprobara las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió como preferente, el juez Juan Pablo Gómez Fierro las suspendió por amparos interpuestos por empresas privadas, favoreciendo la inconstitucionalidad de la ley y tambaleando uno de los proyectos insignes de la llamada 4T.
En una carta, el presidente dio un manotazo contra el Poder Judicial y, molesto, acusó a "personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen" de corrupción e influyentismo y haber fraguado estos amparos para frenar una de sus reformas favoritas y ante la posibilidad de perder asientos o la mayoría en la Cámara de Diputados en la elección del próximo 6 de junio.
Ante el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, acusó directamente a la empresa Iberdrola, a los expresidentes, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, al empresario Claudio X. González, y al ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, quien horas después se subió al ring para desacreditar los dichos del presidente.
En la carta, el jefe del Ejecutivo le solicita al presidente del Poder Judicial "lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio". Y aquí está una de las claves de este meollo, ya que, de abrirse una investigación y a partir de evidencias fehacientes de corrupción e influyentismo como reza el presidente (si es que en verdad existen y se comprueban), provocaría un sismo en el Poder Judicial que obligaría a desenmascarar lo que alberga el "castillo de la pureza", como AMLO gusta de llamar a la intocabilidad de jueces, magistrados y ministros.
En respuesta a la carta de AMLO, el ministro Zaldívar dijo que "su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal, para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación…". También apuntó: "… es presupuesto de la democracia y del Estado de derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia". Nuevamente la "independencia" de los poderes, el centro de todo el debate y su profundo significado, se pone sobre la mesa.
En esta misiva las palabras claves son "existir elementos", ya que, sin éstos, todo el discurso de AMLO sentará un pésimo precedente no sólo para la credibilidad de su investidura que diariamente pone a prueba, sino que evidenciará que estos ataques, sin sustento, violan la autonomía de los poderes del Estado mexicano.
AMLO afirmó rotundo en la mañanera de ayer que hubo "actuaciones atípicas" por parte del juez Gómez Fierro, al actuar de forma expedita, ya que en menos de 24 horas resolvió un asunto que tiene que ver con intereses millonarios. En consecuencia, lanzó una bola de fuego a la Judicatura Federal, al aclarar que su solicitud "ya está en el organismo adecuado" es decir, "en manos de los consejeros, quienes se encargan de cuidar el papel de magistrados y ministros", la presión aumenta.
El exministro José Ramón Cossío se envolvió en la polémica después de ser consignado directamente por el presidente por supuestos apoyos a quien incluyó en su misiva, dentro del "agrupamiento conservador y reaccionario". Acusaciones que no son nuevas contra el régimen neoliberal y su selecto grupo de integrantes, aunque sí con un nuevo miembro.
En Twitter, José Ramón Cossío, quien actualmente es investigador en El Colegio de México, aseguró que "me preocupan sus afirmaciones, descontextualizadas y parciales sobre mi persona. Pero más aún su incomprensión del Estado de derecho". La academia se está sumando a este interesantísimo y al mismo tiempo peligroso debate nacional, desde sus facultades de Derecho.
Los poderes Ejecutivo y Judicial están por vivir una lucha cuerpo a cuerpo. Sin lugar a dudas, quien cargará el peso de las decisiones será el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, quien deberá manejar las cartas entre la presión del Ejecutivo y la veracidad y prestigio del Judicial, una batalla de la cual apenas vimos el primer round.