Para colmo, la desconfianza para atraer nuevas inversiones a México. Se suma otra de las sinrazones creadas desde Palacio Nacional. Se sigue sacudiendo la estabilidad institucional y crece el desconcierto por el tipo de desarrollo para el país que pretende el presidente López Obrador.
Saltarse sistemáticamente las leyes y los procesos legislativos, significa también incrementar la incertidumbre política y económica. Preferir la intervención militar y, al mismo tiempo, que sean las Fuerzas Armadas las favoritas para constituir el crecimiento económico, conlleva a desafiar el camino hacia la democracia, por el de la opacidad y el autoritarismo. Al contrario, se debería fomentar la competencia con transparencia y sin corrupción.
¿Por qué no el gobierno, en lugar de apostar por procesos ilegales, mejor atrae la inversión privada, nacional e internacional, con métodos abiertos y claros, que hagan contrapeso a aquellas empresas que se han adueñado de contratos ventajosos en el pasado? Si el gobierno no puede o no quiere castigar la corrupción de tiempo atrás, es mejor que no violente la legalidad del presente, ya que eso hiere a la institucionalidad y a la constitucionalidad en México, y por lo tanto, a nuestra sociedad.
Con la inesperada decisión del gobierno federal de llevar a cabo la “ocupación temporal” de las líneas ferroviarias concesionadas a Ferrosur, para construir otro de los pendientes de López Obrador, el corredor interoceánico, no hace más que impactar en eso que él tanto celebra de la mano de la iniciativa privada, la creación de empleo. Sin inversión no hay empleo y sin confianza no hay inversión. Todo esto sucede a dos años de que concluya el gobierno de López Obrador y un proceso electoral que traerá altos decibeles.
Y es que las expropiaciones u “ocupaciones temporales”, podrían convertirse en su método de imposición de aquí en adelante, de la mano de las Fuerzas Armadas. Tres días después de que militarizara parte de las propiedades de Grupo México, decidió expropiar más de 113 mil metros cuadrados en Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, en el Estado de México, al considerar esos terrenos como una “causa de utilidad pública”. Veremos cómo impacta esta acción en las elecciones del próximo 4 de junio en esta entidad clave para las presidenciales de 2024.
Imaginemos si eso hubiera hecho cualquiera de los presidentes anteriores. Supongamos que cualquiera de los pasados mandatarios hubiera hecho uso de las Fuerzas Armadas para expropiar y así construir bienes públicos, o bien, para administrar lugares de uso civil o gestionar empresas turísticas. Recordemos que López Obrador, en campaña, prometió retirar de las calles al Ejército, que sacó de sus cuarteles Felipe Calderón.
El caso es que Germán Larrea, dueño de Grupo México, por más que le expropien un tramo de vías de Ferrosur, o desista de comprar Banamex, como ha trascendido en las últimas horas, seguirá siendo uno de los empresarios predominantes de México, y una de las más acaudaladas fortunas.
Es decir, si lo que busca AMLO es hacer creer a la sociedad que está combatiendo al poder empresarial, está en un graso error. Al contrario, está desanimando a la inversión internacional, y pase lo que pase, Larrea volverá a salirse con la suya. Su pragmatismo en lograr únicamente beneficios personales a costa de lo que sea, está comprobado.
A pesar de que López Obrador ha sido un férreo crítico de Larrea, hasta el grado del desprecio, requiere de la confianza empresarial para obtener un elemento clave en el crecimiento económico: confianza. Y como van las cosas, está a punto de perderla. Por ello es oportuna la visita de Alfonso Romo el día de ayer a Palacio Nacional, ya que seguramente intermediará entre los intereses del empresariado mexicano y el poder político-ideológico del presidente.
The Wall Street Journal tituló en una de sus editoriales de ayer: “AMLO dice que, en México, lo que es tuyo puede ser suyo” y advierte: “el presidente ignora la ley de expropiación de propiedades cuando le conviene a sus propósitos políticos”. Esa editorial cobra relevancia, ya que será leída por todos los tomadores de decisiones del sector empresarial global, lo que impactará en la confianza para invertir en México. Esa pérdida de confianza se traducirá, en el largo plazo, en un mediocre desarrollo: poca creación de fuentes de trabajo, estancamiento en los niveles de pobreza, y muy bajo crecimiento económico.
Quizá las expropiaciones funcionaban en la época de Lázaro Cárdenas, pero en la modernidad, cuando las democracias se confeccionan bajo un verdadero Estado de derecho, la mejor forma de disminuir a las empresas mal habidas, es permitiendo que lleguen y crezcan otras bien definidas.
Por todo ello, y desviándonos un poco hacia la esfera político-electoral, nos es fácil suponer que, si al presidente no le gusta seguir las leyes de la Constitución, con mayor razón no lo hará con los procesos internos de Morena y sus encuestas. Esto sugiere que las encuestas serán, únicamente, una cortina de humo para que sean su dedo, y personalísimos intereses, los que definan a su candidato o candidata durante el próximo otoño.
Por cierto, es muy probable que sea esta semana cuando la actual administración rebase, lamentablemente, el número de homicidios dolosos que ostentaba el sexenio de Enrique Peña Nieto, el más alto de la historia en México: 156 mil 66. De esta manera el gobierno de López Obrador se convertirá en el más letal, y aún faltan 16 meses de gobierno. Veremos cómo impacta esto en la sociedad, aunque al parecer, nada logra minarlo desde el discurso de la mañanera, con el que a diario seduce a millones de mexicanos.
El autor es periodista mexicano especializado en asuntos internacionales.