En los años recientes, tras el cambio profundo al Artículo Tercero de la Constitución, realizado en 2013, se ha hecho un uso ambiguo de la expresión "reforma educativa". Las iniciativas que reformaron y adicionaron hace cuatro años la Constitución –en sus artículos Tercero y 73– y la Ley General de Educación, así como la promulgación de dos nuevas leyes y los cambios posteriores en las leyes estatales de Educación, sin hablar de ajustes en la normativa fiscal y hacendaria, son una reforma legal. Reformas educativas –incluso así autonombradas– no es la mencionada la única y seguramente no será la última.
No hace justicia a la intención del cambio pensar que está terminada, o fue suficiente, o no requerirá ajuste impuesto por la realidad misma. Para el registro histórico, es fácil nombrar al menos cinco reformas anteriores, tras la promulgación de la Constitución de 1917, con el sentido que le da el experto Michael Fullan de whole system reform: Surgimiento de la SEP, Educación Socialista, Plan de Once Años, Comisión para la Reforma Educativa, ANMEB; eso sin contar con otros momentos de cambio como la RES del sexenio de Vicente Fox y la RIEB del sexenio de Felipe Calderón. Una disculpa por la manía mexicana de usar siglas con las que se comunican los adeptos; por ahora, acredíteme, estimado lector, que ya hubo muchas reformas educativas.
Pero además, desde Mexicanos Primero seguiremos insistiendo que la transformación educativa es un continuo, pues el aprendizaje mismo es un proceso dinámico y cambiante. Es multifactorial: aprender no es algo sólo cognitivo, y menos todavía puede reducirse a un plan de estudios determinado, sino que implica lo afectivo, el discernimiento ético, la sensibilidad estética, las habilidades y competencias para la convivencia y la colaboración. Pero, todavía más importante, el derecho a aprender es connatural al ser humano, y por ende es histórico, situado, contextual, responde a nuestra identidad comunitaria y familiar, y debe atender a la diversidad constitutiva de ritmo, estilo y aspiraciones de cada una y de cada uno.
Por eso, aún la escuela se queda corta. Un sistema escolar es una componente clave, pero nunca el todo de la educación, y menos del aprendizaje. Y eso también vale para los sistemas más avanzados y efectivos del planeta -sea Singapur, Estonia, Finlandia o Nueva Zelanda- e incluso para los arreglos menos rígidos y más creativos -sea Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, "blended" y otros. No alcanza sólo con lo escolar para abordar con integralidad el derecho a aprender. Las familias y las comunidades no son solamente "usuarias" o "destinatarias" o "localidades" del sistema escolar; son también instancias de educación con reglas distintas pero con efectos convergentes (o contradictorios) con los sistemas escolares.
Así, afirmamos que la verdadera reforma educativa es permanente, y no puede circunscribirse solamente a la "reforma y adición" del marco normativo o administrativo, o en encadenar programas nuevos, o con más objetivos, o con más presupuesto. No aceptamos el discurso grandilocuente y autoelogioso que fue frecuente en la administración federal de los años 2012-2017, presentando los cambios recientes como "La Reforma", en mayúsculas, así como tampoco aceptamos la descalificación de los detractores que afirman que es "mal llamada", o "laboral", o "punitiva". La soberbia y la inquina –gemelas enfrentadas, ambas hijas del prejuicio– detienen el proceso de pensamiento y deterioran la acción eficaz.
Por supuesto, rechazamos con vigor la irresponsabilidad de los mensajes, como el del candidato López Obrador, de que habrá una "cancelación de la reforma". Inquieta no ver un asomo de propuesta educativa ni en los candidatos independientes, ni en los equipos de Anaya o Meade.
Una auténtica defensa de lo hasta ahora logrado con los cambios de 2013 es mirarlos hacia el futuro: exigir que se cumplan los supuestos de la ley y las responsabilidades estado por estado, escuela por escuela; costear su inversión para asegurarla y acrecentarla; integrar las críticas y mejoras que el primer ciclo de implementación –muchas veces atrabancada, chimuela o simulada- exigen por sus deficientes resultados.
La transformación educativa no puede ser un proyecto sexenal, con caducidad próxima o sólo por venir. Es, ante todo, un proyecto social.
David Calderón, Presidente Ejecutivo de Mexicanos Primero