Hay aspectos de los mercados informales que suelen ser defendidos por amplios sectores de la sociedad, e inclusive por funcionarios públicos. Los argumentos, esencialmente, se dirigen a referirse a estas prácticas como 'mal menor', en el sentido de que estas formas 'atenuadas' de piratería son aceptables, en la medida en la que evitan que amplios sectores de la población se dediquen a otra clase de delitos de mayor impacto. El otro argumento que se escucha, incluso desde cúpulas intelectuales, apunta al beneficio aportado por la piratería, haciendo accesibles a amplios sectores de la población, bienes que de otra forma no lo serían.
Estos 'consuelos', que de suyo implican una claudicación de graves consecuencias, escalan hasta niveles criminales cuando involucran productos que ponen en riesgo la salud humana. Aún y cuando la venta de medicamentos falsos encabeza la lista, son diversos los artículos que tienen efectos gravísimos en este mismo nivel, desde tabaco y bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas hasta cables eléctricos de mala calidad o balatas de bajo desempeño para los frenos de un automóvil.
Algunos laboratorios privados que han conducido investigaciones profundas sobre las redes que distribuyen medicamentos falsos y robados las describen como complejas, encubiertas y cambiantes, dejando a la vista, solamente, los eslabones finales de la venta callejera. De hecho, muchos de los insumos para su manufactura deben pasar controles aduaneros para su ingreso al país. Estamos hablando, en sí, de rutas, redes y puntos de venta muy similares al de las drogas ilegales.
El asunto ha cobrado relevancia, primero, a partir de las muertes que causó la heparina sódica a diversos pacientes en hospitales públicos, y en segunda instancia, por el robo que fue denunciado de miles de medicamentos oncológicos, cuyas amplias redes de distribución han sido exhibidas por investigaciones periodísticas de bajo perfil. Redes que operan de una manera tan abierta, que hacen manifiesto el alto nivel de impunidad imperante.
Un primer elemento que vale la pena recordar es que, en nuestro país, se sanciona con mayor rigor el comercio de productos falsificados a través de un establecimiento formalmente establecido, que los vendidos a través del comercio informal. Esta anomalía, presente en nuestro sistema desde 1994, sigue apareciendo en nuestra recientemente estrenada Ley de Propiedad Industrial, sin que nadie haya reparado en el punto.
Lamentablemente, no existe a la fecha un programa, esfuerzo o instancia que declare como objetivo explícito coordinar esfuerzos en contra de la piratería, ni siquiera para los casos de mayor gravedad como los relatados. El concepto engloba no sólo a medicamentos robados, sino también a los caducos, a los falsificados, a los adulterados y a las muestras médicas. En todos los casos, un manejo totalmente alejado de las buenas prácticas hace que la mayor suerte de quien los consume es que no tengan efecto alguno.
En muchos de los casos de compra de medicamentos, el resorte que la detona radica en la escasez o en el precio elevado, lo que amplifica la gravedad de la conducta, que toma como presa fácil el estado de extrema necesidad del usuario. En este momento, la escasez está arrojando a los consumidores a la única fuente posible de suministro: el mercado informal. Es claro que el caso de la heparina sódica visibilizó el problema por el número de casos en corto tiempo. ¿Alguien está llevando la cuenta de los casos 'aislados' en plazos más largos?