La propuesta legislativa de los diputados de Morena, para imponer un plazo de restricción de 10 años a determinados funcionarios públicos para trabajar en la iniciativa privada, en actividades similares a las desempeñadas en el sector oficial, apareja el análisis de una variedad de temas de contexto.
Según la última versión de la Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobada por diputados y en espera de discusión en la cámara de Senadores, funcionarios con nivel de secretarios de Estado, subsecretarios, oficial mayor, jefes de unidad y directores generales, caerían dentro de la prohibición de los 10 años. Para los demás niveles, quedaría vigente la actual limitación que se contiene en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que ya contemplaba un año como veda para todos los empleados del sector oficial.
La razón que subyace para justificar la existencia de ambos dispositivos es la misma: tratar de evitar abusos derivados del ejercicio de posiciones privilegiadas de quienes, al amparo de un cargo público, pasan a formar parte de empresas que capitalizan el conocimiento y la red de relaciones obtenidas por el funcionario. Es claro que la decisión pretende cortar de tajo una de las prácticas más comunes en nuestro país, reaccionando de esta forma a las múltiples denuncias que en el pasado se han formulado por los conflictos de interés que las mismas han generado.
Para quienes han acusado a la reforma de violatoria del derecho humano al trabajo, hay que decirles que se trata de uno de los casos que ya están regulados en nuestra ley, sin mayores resistencias, pero llevando ahora el término a plazos extenuantes. Como excepción que la propia ley establece a la libertad de trabajo, deberá ponderarse qué plazo razonable es el que deberá aplicarse, y más aún, que otras reglas específicas se pueden aplicar a situaciones de posible conflicto de interés para impedirlas. Una sola regla, así de extrema, sale de la razonabilidad que toda norma jurídica debe cumplir.
De mantenerse el criterio y volverse ley, es claro que personal de alta especialidad, que sea invitado a formar parte del gobierno, tendrá una limitación evidente para aceptar sumarse, privando al sector oficial de los beneficios de su aportación.
El punto de quiebre se puede resolver atendiendo a la solución del problema en otras latitudes, y consiste en el sano mecanismo de sancionar a la empresa beneficiaria del conflicto. En nuestro sistema normativo, todas las sanciones se vuelcan sobre la persona que lleva indebidamente información a un beneficiario, pero pocas son las consecuencias legales que se aplican a aquel. De esa manera, el desincentivo tiene doble vía, ya que se previene claramente que quien contrata a un ex funcionario para allegarse información privilegiada, toma riesgos enormes en caso de enfrentar una acusación por esos hechos.
Otro de los aspectos que la reforma no atiende, y que es igualmente pernicioso, es el de aquellas personas que van de la iniciativa privada al gobierno, y que desde esa posición benefician a la empresa de la que formaban parte, es decir, lo mismo pero de manera inversa.