Limita seriamente Directiva europea a grandes sitios web
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Limita seriamente Directiva europea a grandes sitios web

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Limita seriamente Directiva europea a grandes sitios web

02/04/2019

El 26 de marzo de 2019, podría pasar a la historia como el día en el que Internet perdió la madre de todas las batallas contra los derechos de autor. Después de más de dos años desde la iniciativa original, finalmente el Parlamento Europeo confirmó la pertinencia de la nueva regulación de copyrights en el entorno digital, dando un paso decisivo hacia la conservación del sistema tradicional de protección a la creatividad jurídicamente recompensable.

Dos fueron los principales aspectos de controversia, el primero, la nueva norma que traslada responsabilidad a los proveedores de Internet que permiten y alojan contenidos proporcionados por los usuarios, en el sentido de exigirles que nieguen el acceso a los que vulneren derechos de Propiedad Intelectual. Esto significa que, si un artista pretende subir una interpretación musical a Youtube, Facebook o Twitter, el sitio deberá corroborar que no se violan derechos de autor, usando “técnicas efectivas de reconocimiento de contenidos”, debiendo negar o bajar aquellos que no pasen el filtro.

El segundo, aún más controversial, es el de la llamada “tasa Google”, que consiste en limitar la posibilidad de los motores de búsqueda de indexar información de diarios y sitios de noticias, salvo acuerdo previo de pago de regalías por el uso de la información. El argumento básico es que, dicha indexación, supone una reproducción de cierta información del propietario de los contenidos, que a Google le genera un lucro por vía del tráfico en sus plataformas. Para algunos diarios y agencias de noticias tradicionales, la medida los rescata del proceso de agonía y será trascendental en la configuración de un sistema en el que la validación de información periodística pueda ser vista como un valor socialmente apreciable.

En principio, la medida solo será aplicable a aquellos sitios web que produzcan más de 10 millones de euros por año y tengan al menos 3 años de existencia; esto, con la intención de no limitar el desarrollo de nuevos sitios u operaciones no lucrativas en la red, como el caso de Wikipedia, que podrá seguir operando sin cortapisas. A partir de la publicación de la Directiva, los países de la Unión Europea deberán reflejar en sus leyes internas estas disposiciones en un plazo máximo de 24 meses. Será muy aleccionador conocer la forma y términos en que cada parlamento “aterriza” estas restricciones, y más adelante, atestiguar como la resonancia de estos cambios afecta la regulación de Internet en las demás jurisdicciones.

El asunto tiene tal impacto, que muchos estiman que la dominancia de empresas como Google, y la fisonomía misma de Internet, sufrirá una transformación radical a partir de esta nueva legislación. Esta es la respuesta final a planteamientos extenuantes que, solo a lo largo del tiempo, han podido ser respondidos de manera parlamentaria. La Directiva es la sentencia que resuelve la ponderación entre los derechos del creador a una recompensa, frente a los derechos fundamentales de información y libertad de expresión.

El mensaje del Parlamento europeo es claro. Se pueden usar obras de otros, pero hay que pagar. La creatividad de los autores que aportan sus obras es la parte de la cadena donde más valor se agrega, el insumo sin el que las demás contribuciones pierden sentido.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.