Finalmente, luego de un tórrido proceso de gestación, pletórico de críticas y cuestionamientos, fue publicada el pasado 27 de marzo la modificación a la norma de etiquetado, que impondrá el uso de sellos frontales en bebidas y alimentos procesados. Lo que según la ley debería ser un ejercicio de democracia deliberativa, en el que agentes económicos y autoridades encontrarían los mejores términos para adoptar regulaciones sensatas para la manufactura y el comercio de productos, terminó siendo una batalla campal con resultados paradójicos.
Lo primero que llama la atención es el dichoso timing. Mientras México se enfrenta al reto sanitario más grande de su historia, que tiene y tendrá efectos demoledores en puestos de trabajo y cadenas de suministro de empresas alimenticias, las secretarías de Salud y Economía invirtieron toda su energía, recursos y estrategias para apurar la finalización de la NOM, sumando un gravamen enorme a las empresas. Bien sabemos que no gozan los agentes económicos privados de la simpatía del régimen, pero haber llevado al terreno de la urgencia este asunto, acredita ciertos extremos que no parecían tener explicación en el proceso de discusión de la Norma.
En este momento las empresas, que tendrían que estar ocupadas en rotar a su personal para atender la emergencia, surtir a sus mercados y hacer magia financiera para pagar los sueldos, deberán destinar recursos a prepararse para dar cumplimiento a la nueva normativa. A pesar de que las fechas de entrada en vigor inician en octubre de este año, los ajustes exigidos, para muchos de sus destinatarios, requieren un largo e intensivo proceso que deben acometer de inmediato.
Aún y cuando las autoridades reiteradamente apelaron a la transparencia y la pluralidad en el proceso de formación de la Norma, la queja reiterada del sector privado es que sus argumentos fueron totalmente desoídos. Nadie cuestiona que el sistema de información a consumidores debe modificarse para ser más claro, pero de eso, a imponer criterios que escapan a la lógica y el menor análisis técnico, hay una enorme distancia.
Hoy tenemos una NOM que castiga a casi la totalidad de productos procesados, eliminando cualquier estímulo a reformular ante la inviabilidad de alcanzar niveles sensatos en los nutrimentos considerados de riesgo. La principal falla en el modelo deriva de definir los mismos parámetros para las sardinas que para los dulces o los refrescos. Obvio que, al aplicar el mismo rasero a todos, acaban pagando justos por pecadores.
De hecho, la Norma se basa en un perfil nutricional que está destinado a regular parámetros de una dieta balanceada. Al trasladarlo, tal cual, a cada producto, el resultado es que alimentos de alto contenido nutricional son sancionados con el uso de varios 'sellos preventivos', siendo que, combinando adecuadamente esos mismos productos, se podrían alcanzar los niveles recomendados por el perfil nutricional de dieta balanceada que fue utilizado como base de las reglas. Paradójico, ¿no es así?
La desproporción, y esto no lo concluyo yo sino análisis técnicos neutrales, es que las afectaciones a determinados productos serán enormes, pero los beneficios a alcanzar en términos de reducción de obesidad o diabetes no se alcanzarán. El problema es que, cuando la razón se suplanta por la 'misión a cumplir', no queda espacio para la sana discusión. Ojalá no sea una oportunidad perdida, para todos.