Existen leyes que, por ser de contenido técnico, suelen no presentar materia para la discusión o el debate. Ese sería el caso de la actual Ley Federal de Metrología y Normalización, que se pretende sea reemplazada por la denominada Ley de Infraestructura de la Calidad, que transita ya por el Senado y espera ver la luz hacia septiembre u octubre de este año. Pero como en otros temas que han sido tocados por la 4T, la dosis ideológica que se les imprime, o la falta de apertura para escuchar otras voces, convierte cada tema en arena política.
Esta legislación, además, como fundamento jurídico y operativo de las normas oficiales mexicanas, se ha expuesto a escrutinio a partir de la modificación de la Norma que establece el uso de sellos de advertencia en las etiquetas frontales de los alimentos procesados. Esta nueva normativa, que inicia vigencia el próximo 1 de octubre de 2020, ha marcado un distanciamiento notable entre la iniciativa privada y el gobierno federal, a partir de las infructuosas negociaciones desarrolladas a lo largo del proceso, y que hoy se prolongan ante la negativa de modificar la fecha de entrada en vigor a pesar de las distorsiones que el COVID-19 genera en todas las cadenas productivas.
Precisamente, el aspecto más señalado por el sector empresarial en relación al proyecto, es la poca participación que se otorga a los destinatarios de las normas en el proceso de formación, incrementado sensiblemente las facultades de la Secretaría de Economía. El tema de normalización es uno que toca transversalmente los ámbitos de casi todas las secretarías y dependencias del gobierno federal, por lo que la participación de todos debe estar prevista y garantizada en esta nueva normativa. Las normas oficiales, hay que recordarlo, son las reglas que las propias empresas, junto con las instancias oficiales, determinan para establecer parámetros, definiciones y reglas de producción, empaque, venta y calidad de productos y servicios, por lo que su intervención en el proceso se vuelve determinante. De lo contrario, se llegaría al absurdo de establecer prácticas y lineamientos industriales totalmente alejados de la realidad de quienes las aplican en su quehacer cotidiano.
Entre los aspectos criticables de la iniciativa, se ha señalado que deja grandes áreas para su posterior regulación por el Reglamento que se emita. Esta decisión no solo genera enorme incertidumbre durante el lapso en el que éste se promulga, sino que plantea el serio inconveniente de impulsar que las disposiciones de menor jerarquía rebasen lo dicho por la ley. Ese, ya lo sabemos, es el camino más corto hacia la inseguridad legal que traslada a tribunales los cuestionamientos de la constitucionalidad de las disposiciones.
Otro aspecto a revisar, es la necesaria armonización de esta legislación con las de nuestros socios comerciales ya que, en materia de comercio exterior, la convergencia de criterios en materia de metrología y normalización es trascendental para agilizar las operaciones y garantizar seguridad y calidad a los consumidores. Esta ley parece benevolente con países con los que no tenemos tratados, al extender sus beneficios sin pedir reciprocidad, y en cambio, parece imponer más requisitos a nacionales que a extranjeros en la medición de su cumplimiento.
Finalmente, la mayor preocupación reside en la creación de los llamados "estándares", que vendrían a complementar requisitos técnicos de las Normas Oficiales, pero teniendo la misma jerarquía. Ello llevaría a tener dos sistemas de regulación que abren paso a la inseguridad, y eventualmente, a la corrupción.