Mauricio Jalife

Alcanzan los recortes al IMPI

Mauricio Jalife reflexiona sobre el cierre de la oficina regional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en León.

El cierre de la oficina regional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en León, no por esperada deja de producir preocupación y tristeza. Esta era una de las 5 oficinas que el IMPI abrió entre 2000 y 2009, junto con Guadalajara, Monterrey, Mérida y Puebla, persiguiendo el sano propósito de acercar los beneficios de la Propiedad Intelectual a amplias regiones del país.

Por décadas, los servicios de registro de marcas y patentes se mantuvieron centralizados en la oficina de la Ciudad de México, y las únicas opciones de servicios de este tipo en provincia se reducían al empleo de la ventanilla de la secretaría de Comercio (y más recientemente de Economía), que con enorme retraso y limitaciones ponía un sello en los papeles y "los mandaba a México".

La operación de las oficinas regionales del IMPI ha ofrecido excelentes resultados, no solo por el incremento continuo de solicitudes de las empresas, universidades y centros de investigación de sus zonas de influencia, sino por la cercana conexión que lograron establecer con los usuarios. Muchas veces he podido platicar con empresarios y abogados de esas ciudades, y siempre se refieren a su oficina regional como "nuestro IMPI". Un dato revela la importante participación de estas oficinas, ya que, del total de solicitudes de marca presentadas por mexicanos, las oficinas regionales reciben más del 42%.

La labor más importante desarrollada por las oficinas regionales, desde su diseño, fue la de difundir los temas de Propiedad Industrial, en lugares en los que los empresarios escuchaban, por primera vez, los beneficios de registrar una marca, las ventajas del acceso libre a patentes de dominio público, o las facilidades para proteger una marca en países a los que se planea exportar.

De hecho, los planes existentes para las oficinas regionales planteaban ya la posibilidad de dotar a su personal con facultades para realizar inspecciones en sus zonas. En la actualidad, para cada inspección del IMPI, es necesario trasladar funcionarios de la oficina de México, generando costos e ineficiencias.

Dos puntos en particular representan un contrasentido en la decisión. El primer factor es que se trata de oficinas que son sustentables económicamente, esto es, ingresan más dinero de lo que cuestan, y el IMPI, como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo ciertos controles administrativos, puede decidir cómo ejercer sus recursos. El IMPI no recibe más dinero que el que produce con el pago de las tarifas que cobra a los usuarios de sus servicios, y es superavitario. De hecho, 4 de las 5 instalaciones de las oficinas regionales son propiedad del instituto. El segundo factor es que se suprimen oficinas que representaban, precisamente, una forma de descentralizar servicios y llevar focos de desarrollo a otras entidades del país que, se suponía, era uno de los ejes del nuevo gobierno federal.

No hay que debatir demasiado sobre la pertinencia de mantener la infraestructura de servicios de Propiedad Intelectual en el país. Basta verificar la forma en la que, de manera prioritaria y enérgica, los países industrializados exigen los mejores estándares legales en esta materia, como premisa en cada negociación internacional, bajo la convicción de que los derechos de Propiedad Intelectual son una fuente mayúscula de generación de riqueza.

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