Mauricio Jalife

Dos datos sobre piratería en México

Las creaciones de más de 11 millones de artesanos en el país han ingresado a un régimen de tutela que permite perseguir infracciones.

Hasta hoy, cuando hablábamos de piratería, inevitablemente lo asociamos con marcas internacionales en ramos de calzado, vestuario, cosméticos o relojería. Recientemente, el análisis ha considerado, también, los daños que por este fenómeno sufren miles de Pymes mexicanas que son parasitadas por toda clase de productos falsificados y de contrabando. La nueva conversación sobre el tema deberá también incluir a los productos artesanales de nuestras comunidades indígenas, que son víctimas recurrentes de estas prácticas ilegales.

El tema no pasa por el hecho de que súbitamente los grupos criminales dedicados a estas actividades hubiesen incluido en su catálogo de conductas el copiado de textiles y artesanías, lo cual sucede desde hace décadas, lo que ha cambiado es la percepción que hoy se tiene de estos productos como objeto de protección legal. Al amparo de la modificación de leyes que han sido impulsadas desde diversas vertientes, las creaciones de más de 11 millones de artesanos en el país han ingresado a un régimen de tutela que permite perseguir infracciones, ya no desde la denuncia ética de plagio, sino desde una legislación con dientes punzantes. Ese es un primer dato altamente relevante en el contexto de la medición de la piratería en el país, al incorporar a la esfera de protección a un sector que se había mantenido al margen del fenómeno de la piratería.

El otro dato, por demás relevante, es la denuncia que formula Canacintra para realizar un esfuerzo coordinado con las autoridades, que permita a México ‘salir’ de la lista de países con bajos niveles de combate a la piratería conocida como sección 301. Esta lista, administrada por el gobierno de Estados Unidos, tiene por objeto señalar y vigilar a los socios comerciales que consideran están incumpliendo con los niveles esperados de observancia de derechos de autor, patentes y marcas.

Lo que, considero, nos debería preocupar, más allá de las posibles sanciones comerciales que derivan de estar en la lista 301, es la evidencia de abandono que las acciones antipiratería han mostrado en los últimos años. A la total ausencia de programas y planes oficiales de combate al contrabando, la falsificación y el tráfico de productos robados, hay que agregar la disminución en el perfil de la unidad especializada en estos delitos de la FGR. Las acciones de decomiso han disminuido sensiblemente, hasta el grado en el que muchas empresas, titulares de derechos altamente vulnerados, han desistido de presentar denuncias.

Por la parte de aduanas, pieza clave en la lucha contra la piratería, se ha tratado de mantener funcionando la detención de productos en frontera que ostentan marcas notoriamente conocidas, pero en otros rubros no existen medios para lograr resultados. Uno de los eslabones débiles de la cadena son los productos que violan patentes, en los que falta la información y capacitación necesarias para dotar de eficiencia al sistema. En productos artesanales se observa la misma situación, ya que siguen ingresando al país grandes volúmenes de productos industriales que imitan los artesanales de nuestro país, sin que operen los filtros que la ley exige.

El daño que la piratería genera, en términos de degradación de la sensibilidad social hacia el respeto del Estado de derecho y la imagen internacional, son enormes. ¿Importa?

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