Mauricio Jalife

Urgente, reiniciar acciones antipiratería

En México padecemos una creciente inactividad en materia de investigación y acciones disuasivas de falsificaciones comerciales, que ha sido leída como salvoconductos a la impunidad.

En cualquier agenda de propiedad intelectual de cualquier país, priorizar las acciones contra bienes falsificados es una premisa de salud comercial. No existe posibilidad de funcionamiento adecuado de los mercados sin mecanismos eficaces de observancia para detectar y eliminar productos ilegales, sea en su tráfico tradicional, sea en mercados digitales.

En México, venimos padeciendo una creciente inactividad en materia de investigación y acciones disuasivas de falsificaciones comerciales, que ha sido leída por las organizaciones criminales como salvoconductos a la impunidad. Para constatar lo anterior es suficiente con caminar por algunas de las zonas comerciales de las principales ciudades del país, atestadas de productos de piratería en toda clase de mercancías y formatos.

El problema que esta indiferencia traspasa la consecuencia natural de la cancelación de plazas formales de trabajo frente a estas formas de competencia desleal. La principal secuela es la del fomento de la informalidad en la economía, con todo su caudal de pérdidas. Por una parte, se dejan de pagar los impuestos que las transacciones regulares producen al erario; por otro lado, se desestimula la aparición de nuevos productos en el comercio, que son presa fácil del plagio. En este rubro son muchas las Pymes nacionales que desisten de innovar ante la depredación inmediata de que son objeto.

Las propias marcas que son objeto de piratería entran en un proceso de merma de valor, resultado de su trivialización. Si una marca pretende trasladar a sus usuarios una sensación de estatus, la presencia de esta en productos falsificados rompe los principios de identidad que se construyen con base en la exclusividad y la garantía de origen empresarial.

Finalmente, en la degradación de la cadena de valor aparecen como último eslabón los consumidores. Si bien en múltiples productos como el calzado y la ropa deportiva el comprador es consciente de que está adquiriendo copias de baja calidad, en otros productos la falsificación es menos perceptible pero mucho más grave. Imaginemos las consecuencias en bebidas alcohólicas, baterías, cables eléctricos, balatas y otras refacciones de automóvil, y desde luego medicamentos.

En el pasado, aparecer en la famosa lista 301 del gobierno estadounidense como alerta de observancia de países con bajo nivel de respeto a los derechos de propiedad intelectual era una nota altamente preocupante, no solo por las eventuales sanciones comerciales a las que nos exponemos en el marco del T-MEC, sino por constituir un factor de evaluación para inversionistas foráneos. Lamentablemente, el señalamiento ha dejado de ser relevante ante la baja autoestima de nuestro sistema de protección de la innovación y la creatividad.

Como muchas otras luchas por el mercado, la que sostienen los productos ilegales de todo tipo —falsificaciones, robados, contrabandeados, adulterados, caducos, muestras médicas, etc.— respecto de los comercializados formalmente, implica el control de redes y territorios para su distribución y venta. Cada metro cuadrado perdido va a requerir de una enorme inversión de recursos para recuperarlo, como hemos verificado que sucede en otras actividades criminales.

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