Urge una política industrial, tecnológica y comercial para el abasto de medicamentos
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Urge una política industrial, tecnológica y comercial para el abasto de medicamentos

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Urge una política industrial, tecnológica y comercial para el abasto de medicamentos

04/02/2020
Actualización 04/02/2020 - 15:40

Recordando a Guillermo Soberón, Juan Ramón de la Fuente y Julio Frenk, grandes secretarios de Salud.

El acceso oportuno a la salud y a los medicamentos, a precios bajos y con calidad, es una de las grandes demandas de la población. Hay que darle prioridad con políticas públicas sensibles y realistas que abarquen todos los flancos. La precipitación no ayuda. El sector está exigiendo hoy soluciones urgentes y efectivas, y al mismo tiempo estrategias de mediano y largo plazos en beneficio del consumidor, del Estado y de las empresas.

Se trata de un sistema complejo y en continua evolución en México y el mundo, tanto en necesidades de salud como en las políticas de prevención y curación. Como lo evidencia la experiencia nacional y de la Organización Mundial de la Salud, el sector es demasiado vital para dejarlo solo a las fuerzas del mercado. Exige la participación de muchos actores públicos y privados, bajo la rectoría y regulación del Estado, con amplia participación de la academia, los médicos, las empresas privadas y los consumidores, que en esta materia no son soberanos - dependen de la orientación y la acción de los profesionales de la salud y de otros expertos e instituciones nacionales e internacionales-. La gobernanza y la rendición de cuentas es una tarea compleja dada la multiplicidad y diversidad de los actores participantes y la sensibilidad de los seres humanos.

A propósito de la actual crisis de medicamentos, los remito a mi artículo de agosto de 1977 en la Revista de Comercio Exterior (Banco Nacional de Comercio Exterior), que fue base importante del Decreto de Fomento y Regulación de la Industria Farmacéutica Nacional, expedido el 23 de febrero de 1984 por el Presidente Miguel de la Madrid bajo la iniciativa del entonces secretario de Salud, Dr. Guillermo Soberón y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en la que tuve el privilegio de fungir como subsecretario de Fomento Industrial.

El programa estuvo en vigor sólo cuatro años; fue derogado en la administración siguiente ante la convicción de que la mejor política industrial era la que no existía. Sin embargo, logramos echar a andar una serie de inversiones de capital nacional, producciones de materias primas (y más tarde, con Juan Ramón dela Fuente, de medicamentos genéricos a precios accesibles, claves para el sistema nacional de salud y los consumidores). Se estableció en la Secretaría de Salud, con el IMSS y el ISSTE, un cuadro básico y un grupo de regulación que permitió avances importantes en la vigilancia del interés público en materia de medicamentos. En paralelo, a partir de un equipo profesional en Secofi, vinculado a la Canacintra y a la Concamin y las cámaras y asociaciones especializadas se fomentaron con apoyo de Nafinsa y Conacyt, inversiones productivas sustitutivas de importaciones y exportadoras y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

Lamentablemente las productoras de sustancias activas (a veces a precios una décima o una quinta parte de los contabilizados por las trasnacionales) se vieron en su mayoría gravemente afectadas por la apertura indiscriminada a las importaciones. 30 años más tarde México es hoy otra vez totalmente dependiente de materias primas importadas; mientras los países asiáticos -encabezados por India y China- se han convertido en importantes productores e innovadores de medicamentos y generadores de sus propias sustancias activas.

En México fueron las productoras de genéricos las que prosperaron con el apoyo del sector salud. Hoy tenemos algunas excelentes empresas de capital nacional que abastecen al gobierno y a las farmacias a precios competitivos al lado de las grandes trasnacionales. Un número importante de ellas exportan y han emprendido procesos de investigación tecnológica y desarrollo de productos, sobre todo biomédicos, previendo la caducidad de las patentes y las necesidades del mercado nacional, que estarían en posibilidad de producir con grandes ahorros para el Gobierno y los consumidores privados.

Alejandra Palacios, presidenta de la Cofece, estima en un artículo reciente (Reforma, 31 de enero) que los hogares mexicanos pagamos más de 2 mil 559 millones de pesos anuales en sobreprecios por distorsiones regulatorias que dificultan la entrada de nuevos competidores dispuestos a ofrecer alternativas más baratas y reclama, con razón, que cuatro de cada 10 productos de patente vencida son de fuente única de suministro, debido a la falta de oferentes locales.

Lo que habría que recordar es que los fabricantes de capital nacional -asociados principalmente a la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf)- han enfrentado en los últimos años tres problemas importantes en su difícil competencia con la empresas de capital extranjero: a) la amenaza durante los últimos tres años de que las restricciones de uso de datos de biomedicamentos se ampliarían hasta ocho o diez años tras la expiración de las patentes a través de los acuerdos del TPP y del T-MEC (concesión lesiva al interés nacional del gobierno de EPN, felizmente eliminada a última hora por los congresistas demócratas estadounidenses, deseosos de combatir la excesiva protección de sus propias empresas en EU); b) el debilitamiento de Cofepris, que tras de una etapa de consolidación en el sexenio pasado, ahora está siendo puesta en jaque por recursos presupuestales insuficientes y la decisión de importar medicamentos sin registro y 3) la falta de créditos competitivos de largo plazo de la banca comercial y el colapso del financiamiento de la banca de desarrollo, que han descobijado a las empresas de capital nacional en sus proyectos de inversión.

Ciertamente el sector requiere cambios radicales. Durante las últimas décadas se vio deteriorado por diversos factores. Las compras consolidadas del sector público no cubrieron a todos los estados de la república. Los programas sociales, incluyendo los relativos a la salud -como el Seguro Popular- que buscaba cobertura universal, se vieron desvirtuados por falta de inversión pública, la corrupción y los excesos de gobernadores, que frecuentemente desviaron los recursos a fines políticos o personales, con la complicidad de empresas “productoras”, comercializadoras y distribuidoras que brotaron al vapor. Todo esto hay que enderezar.

El problema es que el nuevo gobierno, con todas sus buenas intenciones, pero también su impaciencia, que había comenzado el sexenio con un programa ambicioso de reforma y gradual cobertura regional universal en dos años (elogiado con cautela financiera en mi columna del 24-12-18: Bienvenidas reformas al sector salud) decidió acelerar el proceso de cambio, concentrando excesivamente las adquisiciones, sustituyendo el Seguro Popular por un Insabi-que pretende universalizar de inmediato el acceso a la salud gratuita “a la escandinava” en todos los rincones del país; sin el liderazgo institucional experimentado requerido; sólo una tercera parte de los recursos fiscales asignados proporcionalmente en otros países (2.4 por ciento del PIB vs. 7 por ciento en Europa); con un sistema de salud pública ya estresado por la demanda excesiva de servicios y sus limitadas capacidades físicas y humanas, y ahora con la expedición de un decreto que autoriza la importación de medicamentos, aunque no cuenten con registro en México. ¡Misión imposible!

Lo que urge hoy es la formulación e implementación de un programa de emergencia creíble y eficaz para abastecer las necesidades 2020 de medicamentos, materiales de curación y servicios médicos de calidad a la mayor cantidad posible de mexicanos y, en paralelo, un plan y estrategia realista de mediano y largo plazo en materia de salud, desarrollo industrial, tecnológico y comercial, que permita construir salud incluyente para los mexicanos.

Todo ello exige liderazgo, visión creativa y diálogo oportuno y veraz de parte de las autoridades, demás de la participación organizada y eficaz, pública y privada, y el aprovechamiento eficiente de los recursos institucionales, humanos, financieros y tecnológicos disponibles en el país y los que puedan requerirse del exterior sin arriesgar a los pacientes o vulnerar las capacidades nacionales.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.