A Guillermo Soberón y Juan Ramos de la Fuente, promotores de los medicamentos genéricos.
De manera sorpresiva y con el pretexto de la expedición de las leyes urgentes para la entrada en vigor del TMEC, los intereses de las grandes trasnacionales farmacéuticas se han infiltrado en el Senado, a través de la Comisión de Economía y de un senador de Morena para impulsar una engañosa ley de 'Protección a la Innovación Industrial', que echaría por tierra lo avanzado contra viento y marea en la negociación final del TMEC.
El costo para el consumidor mexicano, el erario público y las empresas productoras mexicanas de dejar pasar esta bola rápida con su aprobación esta semana sería de miles de millones de pesos anuales. Impediría el acceso de muchos mexicanos a nuevos medicamentos biológicos, que actualmente están fuera de su alcance por su alto precio.
Desde los 80 se promovió la producción en México de medicamentos genéricos en beneficio del consumidor y del sector salud. Como en el resto del mundo, logramos avances importantes, a pesar de la permanente obstrucción por parte de la 'big pharma' que, argumentando sus grandes inversiones en investigación, persiste en ampliar la protección en el mercado más allá de los generosos 20 años que les otorgan las patentes en compensación de sus inversiones en investigación y desarrollo y que las marcas asociadas les permiten extender indefinidamente.
Una vez que vence la patente, la versión genérica que se desarrolla por otros empresarios innovadores con antelación a la fecha de vencimiento, sale al mercado induciendo a precios notoriamente más bajos, fomentando la entrada de nuevos competidores, estimulando mayor innovación y reducción de costos y facilitando el acceso de muchos consumidores al medicamento y su inclusión en los programas y cuadros básicos de los gobiernos, que siempre operan con presupuestos limitados. Cuando una patente vence y entran genéricos al mercado, el precio suele reducirse entre 20 y 60 por ciento. Me tocó comprobar como director general de la ONUDI reducciones hasta de 80 por ciento.
En México, como en el resto del mundo, las políticas públicas de salud, industria y comercio buscan promover la producción y el consumo de medicamentos genéricos asegurando, además de las reducciones de precios, el estricto mantenimiento de la calidad a través de agencias especializadas (FDA en EU, Cofepris en México).
En nuestro país donde hay mucho por avanzar todavía para satisfacer de manera universal las necesidades de salud de 128 millones de habitantes (desafiante meta que se ha impuesto este gobierno), el IMSS y el ISSSTE, las dos principales instituciones de salud, adquirieron en 2017 un total de mil 200 millones de piezas que representaron un gasto de 40 mil millones de pesos para sus más de 75 millones de derechohabientes.
El gasto en medicamentos para atender padecimientos de creciente importancia, como diabetes, enfermedades metabólicas e inmunológicas, VIH-sida, cáncer, enfermedades respiratorias, artritis reumatoide y planificación familiar en medicamentos de patente es mayor que el gasto en genéricos, lo que implica un encarecimiento de la atención y una menor cobertura de pacientes.
Aunque sólo 1 por ciento de las piezas adquiridas por el IMSS y el ISSSTE en 2017 fueron de medicamentos de patente, representaron 32 por ciento del gasto total ejercido, lo que equivalió a 12 mil quinientos millones de pesos. (Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos: Reducción de precios de genéricos en relación a medicamentos de patente. Junio 18, 2020.)
Muchas de estas patentes están por vencer y en México tenemos más de 60 laboratorios nacionales para abastecer ese mercado, además del privado de las farmacias- al cual ricos, clase media y pobres nos vemos obligados a acudir.
Si les damos acceso a estas empresas a financiamiento competitivo, a los programas públicos de compras (con la necesaria vigilancia y sin compadrazgos) y fortalecemos su capacidad de innovación ya probada para desarrollar nuevos genéricos de calidad y a bajos precios, todos ganaremos.
En los últimos 10 años hemos presenciado una campaña frontal de las grandes empresas farmacéuticas internacionales para frenar la competencia y la introducción de genéricos. Lograron frustrar los intentos de Obama de universalizar la salud y reducir los precios de los medicamentos en EU; lo convencieron de que ampliara el plazo de protección de datos tras el vencimiento de las patentes en el TPP; y cuando Trump se salió del TPP y optó por el TMEC con México y Canadá, logró reincorporar las protecciones injustificadas de reserva de datos clínicos a sus patentes por 10 años más, para decepción de la industria y los que hicimos ver los inconvenientes para México y Canadá con estudios elaborados para el Instituto Belisario Domínguez del Senado.
Afortunadamente de último momento –ya firmado el TMEC por México- los legisladores demócratas preocupados por los altísimos precios de los medicamentos en EU en relación a otros países de la OCDE, exigieron a Trump modificar los textos del TMEC para eliminar las restricciones a la competencia de medicamentos genéricos en EU y por lo tanto también en Canadá y México. Lo que nuestros gobiernos se habían visto obligados a conceder en detrimento de nuestros intereses, fue revertido gracias a los legisladores demócratas. ¡En hora buena!
Ahora resulta que las grandes empresas se han colado a través de la Comisión Económica del Senado para presentar a última hora una iniciativa de ley de 'Protección a la Innovación Industrial' (en la realidad de las grandes empresas farmacéuticas internacionales), a través de la cual México concedería graciosamente una serie de candados que retrasarían el surgimiento de los medicamentos genéricos hasta cinco a 10 años.
"Le hicieron un traje a la medida a la empresa trasnacional", advirtió Juan de Villafranca, director ejecutivo de la AMELAF, en varias conferencias y entrevistas a los medios la semana pasada. "A las empresas de capital mexicano no nos han querido consultar, por las prisas", me dijo en entrevista telefónica. "Hay un par de artículos que ponen en ventaja a los extranjeros en detrimento del sector salud, de los bolsillos y de las empresas innovadoras de capital mexicano.
Una es la llamada cláusula 'bolar', que retrasa el inicio de las investigaciones para poder utilizar la información disponible de la patente y por lo tanto para desarrollar el genérico. En EU y Europa hay mecanismos que facilitan la entrada de la competencia. En el momento que vence la patente.
Otra es la llamada cláusula de 'vinculación' mediante la cual la Cofepris estaría obligada a preguntar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial si hay violación de la patente cuando una empresa pretende realizar un proyecto de desarrollo, lo que puede llevar a un litigio que toma años para resolverse y muchos gastos de abogados donde las ET tienen ventaja. Estos son requisitos que no nos exige el TMEC. ¿Por qué nos los estamos autoimponiendo?
Urge que el senador Monreal, el senador Delgado o algún otro legislador nacionalista detengan esta bomba. Parece que hay quienes quieran ser más papistas que el Papa. Hay un mercado de 200 mil millones de pesos y la salud de los mexicanos de por medio. Hay que escuchar los intereses de los consumidores -incluyendo al IMSS y el ISSSTE- y de las empresas de capital mexicano en un gobierno progresista y actuar contra reloj para atajar esta bola rápida.